Jorge Alexis Rodríguez Guerrero
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alexis Rodríguez Guerrero
- La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio J-IV-1059/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, adjunta copia certificada de la audiencia de trece de julio del año en curso, en el cual se verificó el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral ---. Atento a lo anterior, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. -." De los presentes autos se advierte que este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por ---, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos reclamados consistentes en: "---.". Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad a su comunicado de cuenta, así como al informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidente y Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte en el citado expediente laboral ---, el catorce de febrero de dos mil veinte se radicó la demanda, se señaló el cuatro de junio de ese mismo año para la audiencia inicial, misma que no se llevó a cabo en virtud a que el día fue declarado inhábil; posteriormente, el tres de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con quince minutos del trece de julio del año en curso; y, por conducto del comunicado de cuenta, se aprecia que en la data señalada en último término, se verificó el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Lo anterior es así, pues, si bien, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, como se anticipó, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y, en forma inminente, el señalamiento de una fecha remota; la omisión de turnar el expediente al actuario para que realice el emplazamiento a las partes; la omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada; y, la omisión de celebrar la audiencia inicial, en los autos del juicio ordinario laboral número ---, también lo es que las autoridades responsables, el tres de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con quince minutos del trece de julio del año en curso; y, por conducto del comunicado de cuenta, se aprecia que en la data señalada en último término, se verificó el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ---". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ---" En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, del que se advierte que dentro del expediente laboral 4C-264/2020, del que emana el acto reclamado en el presente juicio de amparo, señalaron las nueve horas con quince minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin que hubiera remitido constancia del desahogo o diferimiento de dicha audiencia. Por tanto, requiérase a la referida Junta responsable, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias relativas al desahogo de la referida audiencia, o en su caso, de su desahogo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga dela prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Consecuentemente, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, principalmente la parte quejosa, se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidente y Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del cual se proveyó en auto de quince de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere para las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DOS MIL VEINTIUNO. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Notifíquese.
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