Jorge Alejandro Zepeda De la Torre
Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Zepeda De la Torre
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que después de una minuciosa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte el oficio remitido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, no corresponde al juicio de amparo indirecto 212/2021 del índice de este juzgado, toda vez que las partes mencionadas en el mismo corresponden al juicio de amparo directo 212/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, previa copia que se deje agregada en autos, remítase de inmediato al homólogo federal el ocurso de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de febrero de dos mil veintidós. Acepta competencia declinada. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada del juicio de amparo 30/2022, del índice de este juzgado, y formó el diverso 91/2022, de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese de recibido el oficio de cuenta. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y por oficio al homólogo federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Incompetencia. Una vez analizada la demanda presentada por Jorge Alejandro Zepeda de la Torre, contra actos de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece dos supuestos para determinar la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto contra actos de un juez de Distrito, a saber: a) El primero, determina que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización. b) El segundo supuesto, establece que, de no existir un diverso juzgador federal dentro del distrito judicial, será competente para conocer del acto de un juez de Distrito, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por otra parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En el caso, Jorge Alejandro Zepeda de la Torre, en su calidad de conciliador, -nombramiento realizado por IFECOM como organismo auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal-, promovió la presente demanda de derechos contra un acto de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, a saber, el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente concursal 18/2016 de Corporativo del Noroeste sociedad anónima de capital variable, del índice de este juzgado. Pues bien, ciertamente los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable. En efecto, la hipótesis de competencia que se refiere el artículo 38 de la Ley de Amparo, corresponde al caso en el que, el acto reclamado fue emitido por el juzgador federal en o con motivo de su actuación en el propio órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, de donde le resulta aplicable la regla especial de competencia contenida en esa disposición; esto es, cuando el acto reclamado se encuentra atribuido al juez de Distrito en o con motivo de su actuación en el órgano que conoce de la demanda, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley de la materia debe declarar su falta de competencia legal para conocer del asunto y declinarla al juez de Distrito que estime competente. Expuesto lo anterior, se llega a la conclusión de que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados del Distrito, de esta ciudad, a efecto de que sea turnada al juzgado que corresponda, con excepción de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, por los motivos apuntados con antelación. 3. Incidente de suspensión. Sin que deba proveerse sobre la suspensión que solicita el promovente, pues conforme al primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sólo procede acordarse sobre la medida suspensional cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, pero en la demanda de garantías no se impugna algún reclamo de ese tipo. 4. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en la demanda. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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