Jorge Alejandro Villalobos Jaramillo

Expediente 975/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
975/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Villalobos Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la diligencia de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, donde se tuvo al quejoso Jorge Alejandro Villalobos Jaramillo, ratificando el escrito registrado con el folio 15161 en el libro de correspondencia de este juzgado; en mérito de lo anterior, se tiene al quejoso dando cumplimiento a la prevención realizada por este Juzgado mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y por ende la de dieciocho de septiembre del presente año. En ese sentido, se tiene a la vista nuevamente el escrito de demanda, así como su escrito aclaratorio y al respecto se prevé: DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte promovente de amparo reclama de la autoridad responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, en Altamira, Tamaulipas, lo siguiente: ? El proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar con sede en Altamira, Tamaulipas, dentro de los autos del expediente 842/2018, de su índice, promovido por Raquel Rodríguez González, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso en contra del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Y, en el presente caso, el acto reclamado consistente en el proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar con sede en Altamira, Tamaulipas, dentro de los autos del expediente 842/2018, de su índice, promovido por Raquel Rodríguez González, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso en contra del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, en atención a que previamente a su interposición, el promovente, como parte demandada en el juicio natural del que deriva el acto que reclama, previo a promover esta demanda de amparo debió haber agotado el recurso de revocación que establece el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser revocado el acto impugnado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 914. Los actos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo". Respecto del recurso de revocación, los numerales 914, 915, 916, 917 y 918 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: ? Procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. ? Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. ? Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. ? En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. ? En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. ? A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite. ? La resolución que se dicte no admite recurso. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se clasifica en la categoría de los autos con base en el orden legal y en su sentido gramatical, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: I. Decretos, que son simples determinaciones de trámite. II. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes. III. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. Por cuanto se refiere al sentido gramatical, el Diccionario de la Lengua Española define el término "auto" de la siguiente manera: "Auto (de acto.) m. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas o incidentales, para las que no se requiere sentencia" Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Juez responsable el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, constituye un auto del que derivan cargas o efectos en los derechos del aquí quejoso, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 914 del Código adjetivo civil del Estado de Tamaulipas, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin exclusión alguna. De manera que, el auto recurrido no se trata de una sentencia o un incidente los cuales son combatibles a través del recurso de apelación, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso de revocación en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal civil en comento. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de garantías, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis se invoca la tesis XIX.1o.28C de la Novena Época, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1121 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, correspondiente a Febrero de 2004, registro 182112, del rubro siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBE INTERPONERSE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Así como la tesis 8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente expresa: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo a2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." En el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que el proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar con sede en Altamira, Tamaulipas, dentro de los autos del expediente 842/2018, de su índice, promovido por Raquel Rodríguez González, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso en contra del auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, no constituye acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el promovente, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de revocación, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código Adjetivo Civil del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de garantías, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el promovente estimó ilegal el proveído de cuatro de septiembre del año en curso, éste se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le pude equiparar a una tercera extraña al procedimiento de origen al ser parte actora y por ende, con tal carácter se integró a la litis. Sólo resta decir que el acto que reclama el promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: ? No son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ? No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. ? No se trata de persona extraña al procedimiento. Además que la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlos, teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. A lo anteriormente expuesto se estima aplicable la tesis XXI.2o.C.T.7 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primero Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 2, visible a página mil cuatrocientos noventa y nueve, de rubro siguiente: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)." Del mismo modo, también se estima aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 41/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, página ciento uno, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de amparo antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Jorge Alejandro Villalobos Jaramillo. Por último, agréguese el escrito de cuenta, registrado con el folio 15831, en el libro de correspondencia de este Juzgado, signado electrónicamente por la promovente Adriana Dávalos Sánchez, autorizada en términos de amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la peticionaria, para presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el presente controvertido, de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario Majo1996 y correo electrónico adydavalos@hotmail.com. Sin que lo anterior implique que se autorice la notificación electrónica, dado que no lo solicitó así expresamente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Glósese a los autos el escrito de cuenta, presuntamente signado por Jorge Alejandro Villalobos Jaramillo; a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención de dieciocho de septiembre del año en curso. Ahora bien, previamente a acordar lo conducente a la promoción de cuenta, requiérase al promovente para que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en el que quede debidamente notificado del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial y manifieste si es o no su firma la que aparece estampada en el referido escrito; en atención a que existe notoria discrepancia entre la firma que calza el indicado ocurso con la que aparece estampada en su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que para ello se le concede, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Lo anterior con apoyo en la tesis 202, visible en la página ciento sesenta y cinco, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En ese sentido, con la finalidad de permitirle al promovente el efectivo acceso a la justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interrumpe el término de cinco días concedido al justiciable y se reanuda el día siguiente al en que transcurra el plazo concedido en el párrafo anterior, señalando que le restan cinco días hábiles para cumplir con la prevención formulada en el referido auto, subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo, en virtud de que la promoción con la que pretendió cumplir con la prevención fue presentada en la Oficialía de partes de este juzgado, el veintitrés de septiembre del año en curso. Por tanto, resérvese proveer lo conducente hasta que fenezca el plazo citado en el párrafo anterior o en su caso, se dé cumplimiento a lo solicitado.

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