Jorge Alejandro Velazquez Hernández
Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Velazquez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, asentando que el mismo, en su oportunidad, era susceptible de destrucción, siendo que lo correcto es proveer respecto a que este juicio de amparo es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó y se negó el amparo. Regularización y notificación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo. Relevancia documental. En tales condiciones, el presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó la sentencia dictada en el presenta asunto; asimismo se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. Regularización y notificación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo, se deja sin efecto el requerimiento realizado a la mencionada autoridad responsable. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, en términos del numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales . Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica al quejoso. Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó la sentencia dictada en el presenta asunto; asimismo se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. Regularización y notificación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo, se deja sin efecto el requerimiento realizado a la mencionada autoridad responsable. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, en términos del numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales . Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 1035/2021, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 290/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación el sobreseimiento precisado en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.
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