Jorge Alejandro Velázquez Escalvazeta
Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Velázquez Escalvazeta
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo número 16/2022, e informa que aceptó la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional. Al respecto, se toma conocimiento de lo comunicado, para los efectos legales conducentes. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de febrero de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal de autos, se tiene que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, autorizó la consulta del expediente electrónico del expediente 1224/2019 de su orden; por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se provee: No se acepta competencia, por conocimiento previo del juez oficiante. Conviene precisar que tal como lo previenen los artículos 16 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la ley de Amparo, las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, además de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, y de oficioso pronunciamiento para toda autoridad jurisdiccional. Así el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, se debe atender no a la citada regla general sino a la especial, esto es, en el caso particular, el Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintidós de abril de dos mil quince, publicado el veintiuno de mayo del mismo año, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al considerar la suscrita que, en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, que disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se tunarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: [.] II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos;" En relación con el diverso Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que en su artículo único, se reforman los artículo 29, párrafo primero; y 46, fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo antes expuesto, se desprende que, tratándose de asuntos de nuevo ingreso, que se refieran a los mismos actos de autoridad, la demanda deberá remitirse al Juzgado que tenga el último antecedente del asunto aunque las partes no sean las mismas, y para el caso de que se turne a diverso tribunal y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; quién decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Es decir, en dicho Acuerdo General se advierte como criterio general de relación para el turno de un asunto de nuevo ingreso, cuando entre otros supuestos, provenga de un expediente administrativo o jurisdiccional identificado con el mismo número de índice y autoridad, o bien el acto reclamado sea el mismo que en otro ya asignado. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, y de una consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 1224/2019, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos, se tiene que: El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos se recibió por incompetencia, el escrito de demanda de amparo por el que María Maricela Tomay y otros, por propio derecho, y en su calidad de indígenas náhuatl originarios de las comunidades de Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, Juan C. Bonilla Puebla, Amayuca y Jantetelco, todos Municipio de Jantetelco, Morelos; Amilcingo, Temoac, Huesca, todos Municipio de Yecapixtla, Morelos, San Damián Texoloc, Tlaxcala y San Jorge Texoquipan, Municipio de Panotla, Tlaxcala, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: "1.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Secretario de Gobierno Federal. 3.- Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Federal. 4.- Comisión Federal de Electricidad. 5.- Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 6.- Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 7.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 8.- Delegado Federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos." "IV.- Acto reclamado.- (.) La orden de iniciar un proceso de consulta pública en el todo el Estado de Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala con el objeto de decidir comenzar la operación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos incluyendo un acueducto el Gasoducto, Morelos que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, programada la consulta para el 23 y 24 de febrero de los presentes. Consulta general que viola el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y libre consentimiento sobre su territorio y su derecho a decidir en una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, el destino del proyecto en su territorio. Suplantando, la opinión de la población en general, por mayoría de votos, la decisión que cada pueblo pudiera realizar sobre su territorio y los riesgos que el proyecto implica en la vida tradicional de la comunidad. La inminente orden de operación de la central termoeléctrica en Huexca, el acueducto y el Gasaducto Morelos, derivado de una consulta pública express, que no refleje una decisión informada de la población y sea inducido su voto a través de ofertas económicas del Gobierno de rebaja a las tarifas de luz, sin que hayan informado debidamente a la población de todos los riesgos e implicaciones del proyecto. Poniendo en manos de la ciudadanía una decisión que primero tiene que contar con las medidas de seguridad planteadas en materia de riesgo volcánico y de prevención de desastres naturales, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), así como por la Comisión de los Derechos Humanos en su Recomendación 003\2018, Poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de la población afectada por el proyecto que se encuentra en zona de peligro volcánico y cargando esta responsabilidad a Ia decisión de la ciudadanía que no está informada sobre ello. (.) Que los suscritos somos pueblos indígenas de origen náhuatl, y que nuestras comunidades se fundaron antes de la constitución del Estado Mexicano y que seguimos, como pueblos indígenas, manteniendo accesos tradicionales a nuestros recursos naturales, usos, costumbres, formas de gobierno y tradiciones que nos mantienen como comunidad indígena, Que los suscritos venimos a pedir el presente amparo en representación y a favor de nuestros pueblos de donde somos originarios y como sujeto colectivo también venimos a pedir el amparo en favor del pueblo náhuatl que habita en las faldas del volcán Popacatépetl y que es afectado por el Proyecto Integral Morelos. (.) Que en el mes de diciembre de 2018, me entere por personal de la Comisión de Derechos Humanos que asistió a la comunidad de Huexca, Morelos, que existe una recomendación de la CNDH sobre las violaciones a los derechos humanos que causo el Proyecto Integral Morelos PIM a las comunidades indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, de las que la quejosa forma parte." (Lo resaltado es propio). Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de partes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa amplió su demanda, en la que señaló como actos reclamados los siguientes: "El 'ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés Público y Seguridad Nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021, INUSITADO ACUERDO DE OBSERVANCIA GENERAL QUE VIOLENTA PROFUNDAMENTE LA CONSTITUCIÓN, LA CONVENCIONALIDAD Y DIVERSAS LEYES SECUNDARIAS y que por su sola entrada en vigor, el mismo día de su publicación, genera la obligatoriedad de su aplicación y causa AFECTACIONES EN GRADO EXTRAORDINARIO Y PREPONDERANTE a nuestra esfera de derechos en virtud de nuestra especial situación frente al orden jurídico, en tanto que declara en forma infundada e inmotivada, de interés público y seguridad nacional, proyectos que afectan grave y sustancialmente los derechos de los quejosos a la libre determinación y territorio, medio ambiente, agua, a la información, y en general, a la facultad constitucional de las comunidades indígenas para decidir sus propias formas de desarrollo; y violente los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica que deben guardar toda ley y/o acto administrativo, al obligar a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales para obras y proyectos de gran complejidad en su estructura e impactos en un plazo máximo de cinco días háboles, pues transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional exprés, se considerará resuelta en sentido positivo, ignorando y violentando las disposiciones constitucionales y las contenidas en un sinfín de leyes para el otorgamiento de autorizaciones, licencias, dictámenes y permisos de carácter administrativo, situación que genera, con la sola entrada en vigor del citado Acuerdo, un ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UBIDOS MEXICANOS Y DE SUS LEYES REGLAMENTARIAS. La inminente ejecución del ACUERDO reclamado por parte de las autoridades responsables en nuestro territorio indígena, violentando con la autorización provisional que contempla el ACUERDO los derechos indígenas a la libre determinación, consentimiento y consulta sobre actos legislativos y administrativos que afecten la integridad de nuestros pueblos, comunidades y territorios indígenas; SUPLANTANDO EXCEPCIONALMENTE la normativa aplicable para la autorización de dictámenes, permisos o licencias que las leyes señalan para la ejecución de los denominados proyectos prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. La violación a los sistemas normativos propios del pueblo indígena quejoso, al instruir la ejecución de proyectos de gran envergadura en nuestro territorio con autorizaciones provisionales y participación de instituciones públicas que pueden realizar el uso de la fuerza ante nuestra comunidad y/o pueblo, para posibilitar la ejecución de los proyectos, sin contemplar previamente, las formas, instituciones y órganos de decisión de cada comunidad indígena." (Lo resaltado es propio) Asimismo, en dicha ampliación, en vía de antecedentes del acto reclamado, refirió la parte quejosa: "(.) En el caso que se actualiza y dado el interés legítimo que estamos invocando para reclamar la protección de los derechos a nombre de toda nuestra comunidad y el pueblo indígena al que pertenecemos, en virtud de nuestra especial situación frente al orden jurídico, donde reclamamos el funcionamiento del Proyecto Integral de Morelos, violándose el derecho a la libre determinación de nuestras comunidades, resulta palmario que el ACUERDO DE OBSERVANCIA GENERAL que ahora se reclama en ampliación, genera una situación de afectación jurídicamente relevante a la quejosa, pues implica que se podrá autorizar cualquier permiso y actos de construcción sobre proyectos energéticos, como el Proyecto Integral Morelos sin previamente tomar en cuenta a nuestras comunidades, autorizando en el plazo de 5 días este tipo de actividades, así como el uso de las fuerzas del orden para concretar el proyecto, por considerarse de seguridad nacional. (.) 2.- RIESGO DE AFECTACIÓN.- Que después de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 'ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés Público y Seguridad Nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional', el 22 de noviembre de 2021, este fue llegando a nuestros oídos y conocimiento en los días posteriores, en tanto que nunca ha sido una noticia o escándalo a nivel nacional; y al estar nuestra comunidad en un proceso de defensa del territorio de su pueblo, en el que el Gobierno Federal pretende echar a andar una central termoeléctrica en territorio de nuestras comunidades, así como dos gasoconductos, a pesar de estar nuestro pueblo nahua por donde atraviesa el Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala en zona de afluencia del volcán Popocatépetl, por lo que su funcionamiento implica el aumento de riesgos en el pueblo náhuatl dela región del volcán Popocatépetl en los 3 estados y es así que este inconstitucional Acuerdo nos causa un gran temor y riesgo de afectación fundada de que se culmine el proyecto en zonas que sea necesaria una modificación a la infraestructura y requiera de un dictamen en materia ambiental y/o de libre consentimiento, así como su funcionamiento se acoja al ACUERDO reclamado y en 5 días otorguen autorizaciones o licencias que le faltan al proyecto para funcional, o se ocupe la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o cualquier dependencia de que pueda hacer uso de la fuerza pública y que firme el ACUERDO reclamado, para efecto de reprimir una manifestación pacífica en nuestra comunidad o contra la instalación y funcionamiento de la termoeléctrica, como ya ha venido pasando desde hacer varios años, imponiéndose la construcción del proyecto al margen de la decisión de la comunidad, faltando a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos indígenas." Lo subrayado no es de origen. El doce de noviembre de dos mil veinte, el juzgado Sexto de Distrito, recibió dicho escrito catalogado por el quejoso como una ampliación de demanda y, en su consideración, estimó que los actos reclamados ahí señalados no tienen vinculación con los reclamados en la primera demanda de amparo, por lo que debían estudiarse como nueva demanda, y ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos para su returno aleatorio, la cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de una confronta con los datos relacionados, se evidencia que los quejosos (María Maricela Tomay y otros, por propio derecho, y en su calidad de indígenas náhuatl originarios de las comunidades de Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, Juan C. Bonilla Puebla, Amayuca y Jantetelco, todos Municipio de Jantetelco, Morelos; Amilcingo, Temoac, Huesca, todos Municipio de Yecapixtla, Morelos, San Damián Texoloc, Tlaxcala y San Jorge Texoquipan, Municipio de Panotla, Tlaxcala), en la demanda que dio origen al juicio 1224/2019, del índice del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos, reclamaron en esencia, la orden de iniciar un proceso de consulta pública con el objeto de decidir comenzar la operación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos incluyendo un acueducto el Gasoducto, Morelos que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como su inminente orden de operación. Y en el juicio de amparo que nos ocupa, en esencia se reclama el "ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés Público y Seguridad Nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, que refiere la parte impetrante que implica que se podrá autorizar cualquier permiso y actos de construcción sobre proyectos energéticos, como el Proyecto Integral Morelos, indicando que el Gobierno Federal pretende echar a andar de forma aún más acelerada en términos administrativos una central termoeléctrica en territorio de sus comunidades, así como un acueducto y un gasoducto, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala en zona de afluencia del volcán Popocatépetl, imponiéndose la construcción del proyecto al margen de la decisión de la comunidad. De igual forma, de una consulta del "ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés Público y Seguridad Nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, que se combate en vía de ampliación, se desprende lo siguiente: ACUERDO ARTICULO PRIMERO.- Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. ARTICULO TERCERO.- La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Es decir, dicho acuerdo de observancia general tiene que ver con la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, que se consideren prioritarios y/o estratégicos, para el desarrollo nacional, por lo que, como lo refirió la parte quejosa, estima que dicho acuerdo de observancia general le afecta a sus derechos, en virtud de que el Gobierno Federal pretende echar a andar una central termoeléctrica en territorio de sus comunidades, así como un acueducto y un gasoductos, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala en zona de afluencia del volcán Popocatépetl. Asimismo, caben destacar las consideraciones invocadas en la circular SECNO/31/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos Jurisdiccionales, en la que informó que en sesión de nueve de diciembre de dos mil veinte, aprobó el punto de acuerdo 104/2020 relativo a la "Interpretación de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", en la que en una parte considerativa señala: "De la justificación de [la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.)] se observa que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, se debe enviar a la Oficina de Correspondencia Común (OCC) para que se le dé el trámite de una demanda nueva e independiente, ya que sólo puede desecharse ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. [.] Lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), plantea un cuestionamiento novedoso en cuanto al turno administrativo que debe dársele a una nueva demanda cuyo trámite proviene de una determinación jurisdiccional consistente en que la materia de la ampliación en una demanda de amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. [.] Al respecto, esta Comisión considera que el turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. Tal situación se justifica en el hecho de que el último antecedente registrado en la OCC será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En este sentido, es de la mayor relevancia tener presente que el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo señala que procede el recurso de queja en contra de las resoluciones que "admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación". En este sentido, en contra de la determinación a través de la cual se da tratamiento de demanda nueva a una ampliación de la demanda, procede el recurso de queja. En éste, el Tribunal Colegiado correspondiente podrá declarar infundada la pretensión del recurrente pero, si la declara fundada, la jueza o el juez tendrá que dejar insubsistente el auto que ordena el turno de la demanda como asunto nuevo y emitir uno nuevo, en el que tenga por ampliada la demanda. De ser así, conviene que sea el mismo órgano jurisdiccional el que tenga conocimiento de la nueva demanda, con la finalidad de que la misma Litis planteada sea resuelta por la misma juzgadora o juzgador. Aunado a ello, si la demanda nueva se turnara con base en el turno aleatorio, podría ser que una jueza o juez distinto al que tiene el juicio que originalmente se promovió (y que según la quejosa está relacionado con la demanda originaria) se pronuncie sobre la suspensión. Esto podría generar que, sobre la misma materia, hubiera dos pronunciamientos, que pudieran ser discordantes entre sí. Lo anterior es así, independientemente de si los actos reclamados son los mismos o no, pues esa cuestión es un tema de valoración jurisdiccional que corresponde al juzgado del conocimiento o, en su caso, al órgano revisor. En consecuencia, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción XIII, segundo y tercer párrafos, considera que corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua el conocimiento del juicio 350/2020, pues es éste el que tiene el último antecedente registrado. [.] Posteriormente, el punto de acuerdo concluyó con los siguientes resolutivos: PRIMERO. El turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. SEGUNDO. El último antecedente registrado en la Oficina de Correspondencia Común será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda. TERCERO. Corresponde el conocimiento del amparo [.], al Juzgado [.]. CUARTO. Comuníquese esta determinación por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a los titulares de los órganos jurisdiccionales involucrados, a los Titulares de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, a las Oficinas de Correspondencia Común que dan servicio a los mencionados órganos, para los efectos conducentes. QUINTO. Comuníquese la presente determinación mediante circular a todos los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación." Por lo tanto, ante las consideraciones vertidas y la circular invocada, se considera que se actualiza el presupuesto procesal de competencia a favor del referido Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que de las constancias que allegó dicho homólogo se advierte que el antecedente inmediato anterior al presente juicio de amparo, es el diverso 1224/2019 del índice de dicho juzgado, pues ambos juicios tienen que ver con la operación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos incluyendo un acueducto y el Gasoducto Morelos, que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como su inminente orden de operación. En efecto, en el juicio de amparo 1224/2019 reclama entre otros actos la construcción y operación express de las termoeléctricas en Huexca, Morelos, incluyendo un acueducto y el Gasoducto Morelos; en tanto que el Acuerdo reclamado en la llamada ampliación de demanda tiene que ver con la declaración de interés público y seguridad nacional de las obras asociadas a infraestructura de los sectores, entre otros, hidráulico, hídrico y energético, dentro de los que se encuentran las termoeléctricas, los acueductos y los gasoductos, con el fin de darles prioridad administrativa a fin de garantizar su ejecución oportuna, lo que implica desde luego que tales obras se puedan ejecutar con mayor prontitud que la relatada por la parte quejosa en la demanda de amparo identificada con el expediente 1224/2019, de ahí la relación con dicha demanda de origen, dado que dicho acuerdo reclamado en la referida ampliación de demanda no causaría afectación alguna sin los actos reclamados en la demanda que dio origen al juicio de amparo 1224/2019. En las relatadas condiciones, a fin de aprovechar el conocimiento previo por parte del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con fundamento en el Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en aras del principio de seguridad jurídica que debe prevalecer a favor de la parte quejosa, declara carecer de competencia, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver la demanda de amparo en cuestión, y estima que el Juzgado competente para conocer debe ser aquél que previno en el conocimiento de aquella primera demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en Acuerdo General antes referido, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el juicio de amparo 16/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la ley reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás Juzgadores. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica del signante; el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, indica que pone a disposición de este juzgado el expediente electrónico del juicio de amparo 1224/2019-IV, de su índice. Lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes; por tanto, dése de alta el acceso a dicho expediente relacionado, instruyéndose al personal de la Secretaría para que se imponga de las actuaciones y de cuenta como corresponda. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por el Técnico de Enlace Administrativo Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por ****. Reserva y solicitud de consulta del expediente electrónico. Ahora bien, previo a realizar pronunciamiento respecto a la admisión o desechamiento de la demanda; solicítese atentamente al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, que de no tener inconveniente, a efecto de mejor proveer de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que de no tener inconveniente instruya a quien corresponda para que ponga a disposición de este Juzgado el expediente electrónico relativo al juicio de amparo de su índice para estar en condiciones de imponerse de sus actuaciones y acordar lo que en derecho procesada. Lo anterior, toda vez que quien esto resuelve estima que no se cuenta con las constancias necesarias, a fin de pronunciarse en relación a la demanda de amparo de cuenta. Notifíquese.
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