Jorge Alejandro Vázquez Valdez

Expediente 90/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
90/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Vázquez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del uno al catorce de junio de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 90/2018 Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado, en la que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó a Jorge Alejandro Vázquez Valdez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se sobreseyó y negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera al quejoso, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 90/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jorge Alejandro Vázquez Valdez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A través de la presente demanda de amparo, se reclama el decreto número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Lo anterior, toda vez que los artículos 78, 79, 80, 81, 82, y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativa, cuya base tributaria se vincula directamente con el artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en el Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: La promulgación y publicación del Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura y del derecho por servicio de control vehicular. Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. la demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Alejandro Vázquez Valdez, contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, consistente en los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 14127 (12 I); por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Jorge Alejandro Vázquez Valdez, contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, consistente en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 14127 (12 I); por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. gfp

  3. Principal

    El tres de mayo de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos para la celebración de la audiencia constitucional. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. El secretario En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con la promoción con folio 9456 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento procesal oportuno. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la ley que rige el juicio constitucional, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 del cuerpo de leyes en consulta, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que adjunta a su comunicado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia que se celebre en el presente juicio. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con veinte minutos, para la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes y se impongan del contenido del informe recibido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con la promoción registrada con el folio 4088 con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Congreso del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, con apoyo en lo establecido en el ordinal 9, de la Ley de la Materia, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a quienes menciona en su comunicado. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta se tiene como prueba de la autoridad oficiante el disco compacto que adjunta; la que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Asimismo, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes y se impongan del contenido del informe que se recibe, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

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