Jorge Alejandro Rosas Flores
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Rosas Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA III "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Intégrese el oficio de cuenta por el cual el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, transcribe el proveído de diecinueve del mes actual, del que se advierte que, el citado Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución dictada en el presente asunto, el cual fue registrado bajo el número 43/2022. NOTIFIQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y dado que obran las constancias de notificación a las partes de las resoluciones de doce de noviembre y seis de diciembre de dos mil veintiuno, de las cuales, la primera corresponde a la sentencia dictada en estos autos, mientras que, con la segunda, se corrió traslado con el escrito de expresión de agravios exhibido por la parte quejosa, al haber interpuesto recurso de revisión contra la primera de las mencionadas determinaciones; en tales circunstancias, con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal de Alzada, para la substanciación del citado medio de impugnación. CÙMPLASE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Jorge Alejandro Rosas Flores; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítanse los autos al Tribunal Colegiado competente, para su substanciación; para lo cual se ordena a la secretaria vigilar el cumplimiento del mandato; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la instancia colegiada tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 33/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara los actos reclamados. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso reclama en esta instancia: a) Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Oaxaca, la aprobación, expedición, promulgación del artículo 24, fracciones I y IX, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signado por la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y b) De la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el referido oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, únicamente con motivo del primer acto de aplicación de la norma general reclamada. Al respecto, es importante destacar que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala que el oficio antes citado lo reclama por "vicios propios"; sin embargo, dado que de los conceptos de violación que formula al respecto (marcados con el número cinco), no se aprecian manifestaciones diferentes a la inconstitucionalidad de la norma general que reclama, es evidente que al referido acto reclamado no se le atribuyen vicios propios que puedan ser analizados de manera independiente al estudio de la norma general reclamada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado, el primero, por conducto del Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, y el segundo, a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, convinieron en la existencia de los actos que a cada uno se reclama dentro de la esfera de sus atribuciones. Lo que se corrobora en virtud de que la existencia de actos como los que nos ocupan (contra leyes), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por otra parte, la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto del Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, ya que de las constancias que adjuntó a su informe se aprecia la existencia del oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, comunicación que, incluso, fue aportada como prueba por el quejoso, dicha negativa se desvirtúa y, en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Documental que, por su carácter de pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por remisión de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia actualizadas. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, que este órgano jurisdiccional advierta de oficio o hubieren hecho valer las partes, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Congreso Libre y Soberano, ambos del Estado de Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso, que hace valer la segunda autoridad en mención. Cierto, los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El primer precepto transcrito, presupone que, para la procedencia del juicio de amparo, deber existir previamente un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. En tanto que, el segundo numeral en cita, establece la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, sino que para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio, siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. De ahí que, considerando que el punto jurídico a resolver está relacionado con la noción de interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, conviene referir que, como lo ha señalado la Primera Sala del Alto Tribunal Nacional, para que pueda afirmarse que quien lo promueve cuenta con este tipo de interés debe acreditar plenamente la existencia de un derecho subjetivo anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad. De manera que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido legalmente que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el más Alto Tribunal del país ha considerado, reiteradamente, que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. El derecho subjetivo consiste, entonces, en la facultad de exigir a otro una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer. La noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por el Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales, de las que deriva que tal figura se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por parte de la autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar el cese de esa transgresión. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que se afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Así, a través de una demanda de amparo es posible plantear la afectación de los derechos fundamentales de audiencia y defensa que se consagran en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero para que la acción sea procedente, debe comprobarse su afectación fehaciente, sin que pueda inferirse de presunciones. Los anteriores argumentos dieron origen a la jurisprudencia 1a/J.168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por su parte, el interés legítimo refiere al vínculo entre ciertos derechos fundamentales y determinada persona, sin que a ésta asista alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sin embargo, esta aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de tal forma que la eventual protección constitucional le represente beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así justamente lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por tanto, contra cualquier acto derivado de autoridades diversas a tribunales, basta que el quejoso alegue y demuestre el interés legítimo; empero, ello no descarta la posibilidad de invocar interés jurídico, evento en el cual el estudio correspondiente debe circunscribirse en determinar si tal extremo está o no acreditado, sin necesidad de emprender el análisis de la demostración del interés legítimo, al no ser el sustento de la pretensión. Lo anterior se deriva de la primera parte de la jurisprudencia recién trascrita, donde en forma clara el Pleno del más Alto Tribunal del país precisó que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Bajo este contexto, cuando la eventual protección constitucional no represente al amparista algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, luego no existe interés legítimo para instar la vía constitucional. En el caso, este juzgado de Distrito estima que el solicitante de protección constitucional no acreditó interés jurídico o legítimo para la promoción de este juicio de amparo, dado que no se ajusta al supuesto que regula la legislación reclamada y, por ende, no tiene una afectación a su esfera jurídica por parte de las autoridades responsables. En efecto, del mencionado precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, también se desprende la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado Tribunal estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. (...) Por tanto, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Asimismo es menester destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad. Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª), emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, que versa sobre lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Al respecto el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. De modo que trasladado lo anterior al caso que nos ocupa, se advierte que el impetrante del amparo no demostró la aplicación de la normatividad reclamada, y, por ende, la afectación que a sus derechos fundamentales se ocasionan con motivo de ella. Ello es así, en virtud de que no comprobó a través de ningún medio de convicción, que efectivamente se le haya aplicado el artículo 24, fracciones I y IX, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Cierto, para acreditar la aplicación de la norma general reclamada, el quejoso exhibió como prueba, el original del oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, devuelve al Notario Público Número Veinticinco en el Estado de Oaxaca, su "Solicitud de Trámite de Registro Fiscal Municipal", porque para la procedencia del trámite de traslado de dominio solicitado a favor del ahora quejoso Jorge Alejandro Rosas Flores, debía presentar primero los trámites de traslación de dominio que derivaron de la adjudicación intestamentaria de bienes del extinto José Flores Morales, a favor de Encarnación Martínez Luis, Margarita Flores Martínez, Feliciana Flores Martínez y Juan Flores Martínez, y el trámite relativo al traslado de dominio por cesión de derechos hereditarios de Encarnación Martínez Luis, Feliciana Flores Martínez y Juan Flores Martínez a favor de la coheredera Margarita Flores Martínez, los cuales son causantes del impuesto de traslación de dominio conforme al artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Por lo que, con dicha documental, lo único que el amparista acredita es que el Notario Público Número Veinticinco en el Estado de Oaxaca, solicitó el trámite de registro fiscal municipal, pero le fue devuelto por la Jefa de la Unidad de Catastro del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, porque no presentó los trámites de traslación de dominio que derivaron de la adjudicación intestamentaria y la cesión de derechos hereditarios, a favor del aquí quejoso; pero, como se advierte, en dicho trámite, opuesto a lo que estima el impetrante, en ningún momento se determinó que él debería de pagar el impuesto traslativo de dominio, por tanto, menos se le aplicó el artículo y fracciones de la normatividad que impugna. (...) Incluso, el amparista tampoco demuestra su interés jurídico con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expresó en la demanda de amparo, ya que tales aseveraciones solamente constituyen uno de los requisitos que debe de tener el ocurso inicial en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo y no un medio probatorio encaminado a demostrar el interés jurídico, al tratarse únicamente de manifestaciones subjetivas no corroboradas con prueba alguna. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la extinta Tercera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERES JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente voz: "PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTOS DEL REQUISITO DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, RESPECTO AL INTERES JURIDICO. Las declaraciones que vertieron los quejosos en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad únicamente tienen como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado con medios de prueba idóneos; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar el interés jurídico de los quejosos.". En consecuencia, ante la falta de interés de la parte quejosa, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, únicamente respecto de los actos reclamados señalados en párrafos precedentes. Sobreseimiento que también abarca el acto concreto de aplicación, consistente en el oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signado por la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al no haberse reclamado por vicios propios. Cierto, cuando se promueve un juicio de amparo en contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Entonces, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios, y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Corolario a lo anterior, al haberse sobreseído el juicio de amparo por lo que hace a la norma general, es evidente que también debe sobreseerse respecto del acto concreto de aplicación que se reclama, pues dicha circunstancia no sólo impide sino imposibilita a este juzgador para abordar el análisis de los conceptos de violación expresados en contra del acto concreto de aplicación, cuando no se combate por vicios propios; pues, además de que no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. (...) QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ...contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PREENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
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