Jorge Alejandro Reyna Toral

Expediente 1348/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1348/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Reyna Toral
  • JORGE ALEJANDRO REYNA TORAL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: I. De manera inmediata notifique personalmente al quejoso sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa, dándole vista con el contenido del dictamen pericial de mérito y requiriéndolo para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga. II. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior, de manera fundada y motivada ordene recabar las pruebas que estime pertinentes, para lo cual deberá partir de las manifestaciones puestas de su conocimiento por el quejoso en su denuncia y su ampliación. III. Hecho lo anterior, emita la determinación que conforme a derecho corresponda, la cual no deberá exceder del plazo de tres meses, contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia. Ahora bien, de las constancias que envió la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, se advierte que en la averiguación previa 3194/2015/Sur de su índice, realizó lo siguiente: El diecinueve de enero de este año tuvo por recibido el oficio a través del cual este juzgado le comunicó que la sentencia dictado en autos causó ejecutoria. En la misma data ordenó realizar las siguientes diligencias: Girar oficio al representante legal de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informara si el quejoso Jorge Alejandro Reyna Toral cuenta con suministro de energía eléctrica y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Girar oficio al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a fin de que informara si el inconforme Jorge Alejandro Reyna Toral cuenta con algún domicilio en la base de datos de la vocalía a su cargo y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Girar oficio al representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. a fin de que informara si el peticionario Jorge Alejandro Reyna Toral cuenta con servicio de teléfono y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Lo anterior, precisó, al ser necesario para la debida integración de la averiguación previa, al cual se inició por el delito de amenazas cometido en agravio del disconforme y en contra de José David Escalante Vélez. El tres de febrero de la presente anualidad tuvo por recibido el oficio de la Jefe Departamento de Atención Cliente Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, por el que informó no contar con la información solicitada. En veinte del citado mes y año nuevamente ordenó girar oficio al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y al representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. a fin de que informaran si el peticionario Jorge Alejandro Reyna Toral cuenta con registro en el padrón electoral y servicio de teléfono, apercibiéndolos con multa en el supuesto de no cumplir. En dieciséis de marzo siguiente tuvo por recibidos los oficios del apoderado legal de Telmex, en los cuales, con relación al primero, señala no contar con la información solicitada y, respecto del segundo, proporciona un domicilio. En veintiuno de marzo de dos mil diecisiete y en atención a la información indicada en el punto que antecede, ordenó girar citatorio al agraviado Jorge Alejandro Reyna Toral para que para que compareciera ante dicha representación social a las doce horas del dieciocho de abril de este año y se impusiera del dictamen en psicología de cuatro de julio de dos mil dieciséis; así como para que dentro del término de tres días hiciera las manifestaciones que a su derecho e interés correspondiera; también, hacerle saber el procedimiento de mediación para alcanzar una solución al conflicto. En diez de abril de la presente anualidad precisó que no se contaba con la información solicitada al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ni constancia de notificación que acreditara que tuvo conocimiento dicha autoridad de lo conminado, por lo que nuevamente ordenó girarle oficio, apercibiéndolo con multa en caso de omisión. En dieciocho de abril pasado certificó la inasistencia del indicado Jorge Alejandro Reyna Toral, sin que obre la constancia de notificación respectiva. En diecinueve de abril siguiente ordenó nuevamente girar citatorio al disconforme a fin de que compareciera a las doce horas del veintiocho de abril de este año ante dicha representación social, bajo los mismos términos precisados en veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior, hizo del conocimiento del quejoso personalmente, sin que se desprende en qué fecha. En veintiocho de abril del año que transcurre certificó la incomparecencia del agraviado. En diez de mayo de dos mil diecisiete tuvo por recibido el oficio del Vocal del Registro Federal de Electores, en el que informó la imposibilidad jurídica para atender lo requerido. Finalmente, en quince de mayo de dos mil diecisiete determinó el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito conforme a la descripción típica contenida en la ley. No obstante lo anterior, mediante acuerdo de trece de julio pasado se determinó que la ejecutoria no se encontraba cumplida, pues contrario a lo precisado por la fiscal responsable, su actuar no se ajustó a lo ordenado en el fallo en ejecución. Posterior a ello, la fiscal responsable en la indagatoria de origen, realizó lo siguiente: En proveído de catorce de julio de este año dejó sin efectos la determinación de quince de mayo de dos mil diecisiete y ordenó girar citatorio al agraviado Jorge Alejandro Reyna Toral para que para que compareciera ante dicha representación social dentro del términos de tres días a imponerse del dictamen en psicología de cuatro de julio de dos mil dieciséis y, hecho lo anterior, manifestara lo que a su derecho e interés correspondiera. Lo anterior, hizo de su conocimiento mediante notificación personal el diecisiete siguiente. Ante la incomparecencia del inconforme, previa imposición de una multa con motivo de ello, el veintiuno de julio volvió a requerirlo bajo los mismos términos y con el mismo apercibimiento previamente decretado. Así, en diligencia de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete compareció el quejoso y manifestó su deseo en desistirse de la querella que presentó y dio origen a la indagatoria de donde emanaron los actos tildados de inconstitucionales, así como que no tiene más elementos de prueba que aportar ni inconveniente en que se archive el asunto. Finalmente, en veintiséis de julio de la presente anualidad determinó el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito conforme a la descripción típica contenida en la ley. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, dado lo acordado en líneas que anteceden, se deja sin efectos la multa impuesta a la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, por lo que se ordena girar el oficio correspondiente a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1".

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Agréguese a los autos el oficio del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO TITULAR DE MESA CUATRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL así como su anexo, visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO TITULAR DE MESA CUATRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL así como su anexo, visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, realizara lo siguiente: I. De manera inmediata notifique personalmente al quejoso sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa, dándole vista con el contenido del dictamen pericial de mérito y requiriéndolo para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga. II. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior, de manera fundada y motivada ordene recabar las pruebas que estime pertinentes, para lo cual deberá partir de las manifestaciones puestas de su conocimiento por el quejoso en su denuncia y su ampliación. III. Hecho lo anterior, emita la determinación que conforme a derecho corresponda, la cual no deberá exceder del plazo de tres meses, contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia. Ahora bien, de las constancias que envió la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, se advierte que en la averiguación previa 3194/2015/Sur de su índice, realizó lo siguiente: El diecinueve de enero de este año tuvo por recibido el oficio a través del cual este juzgado le comunicó que la sentencia dictado en autos causó ejecutoria. En la misma data ordenó realizar las siguientes diligencias: Girar oficio al representante legal de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informara si el quejoso Jorge Alejandro Reyna Toral cuenta con suministro de energía eléctrica y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Girar oficio al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a fin de que informara si el inconforme JXXX cuenta con algún domicilio en la base de datos de la vocalía a su cargo y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Girar oficio al representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. a fin de que informara si el peticionario JXXXuenta con servicio de teléfono y, de ser el caso, informara su domicilio completo. Lo anterior, precisó, al ser necesario para la debida integración de la averiguación previa, al cual se inició por el delito de amenazas cometido en agravio del disconforme y en contra de JXXX El tres de febrero de la presente anualidad tuvo por recibido el oficio de la Jefe Departamento de Atención Cliente Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, por el que informó no contar con la información solicitada. En veinte del citado mes y año nuevamente ordenó girar oficio al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y al representante legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. a fin de que informaran si el peticionario JXXXcuenta con registro en el padrón electoral y servicio de teléfono, apercibiéndolos con multa en el supuesto de no cumplir. En dieciséis de marzo siguiente tuvo por recibidos los oficios del apoderado legal de Telmex, en los cuales, con relación al primero, señala no contar con la información solicitada y, respecto del segundo, proporciona un domicilio. En veintiuno de marzo de dos mil diecisiete y en atención a la información indicada en el punto que antecede, ordenó girar citatorio al agraviado Jorge Alejandro Reyna Toral para que para que compareciera ante dicha representación social a las doce horas del dieciocho de abril de este año y se impusiera del dictamen en psicología de cuatro de julio de dos mil dieciséis; así como para que dentro del término de tres días hiciera las manifestaciones que a su derecho e interés correspondiera; también, hacerle saber el procedimiento de mediación para alcanzar una solución al conflicto. En diez de abril de la presente anualidad precisó que no se contaba con la información solicitada al Director de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ni constancia de notificación que acreditara que tuvo conocimiento dicha autoridad de lo conminado, por lo que nuevamente ordenó girarle oficio, apercibiéndolo con multa en caso de omisión. En dieciocho de abril pasado certificó la inasistencia del indicado Jorge Alejandro Reyna Toral, sin que obre la constancia de notificación respectiva. En diecinueve de abril siguiente ordenó nuevamente girar citatorio al disconforme a fin de que compareciera a las doce horas del veintiocho de abril de este año ante dicha representación social, bajo los mismos términos precisados en veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior, hizo del conocimiento del quejoso personalmente, sin que se desprende en qué fecha. En veintiocho de abril del año que transcurre certificó la incomparecencia del agraviado. En diez de mayo de dos mil diecisiete tuvo por recibido el oficio del Vocal del Registro Federal de Electores, en el que informó la imposibilidad jurídica para atender lo requerido. Finalmente, en quince de mayo de dos mil diecisiete determinó el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo definitivo de la indagatoria porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito conforme a la descripción típica contenida en la ley. De lo anteriormente relatado se tiene que, contrario a lo señalado por la fiscal responsable, incumple con cada uno de los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, ya que su actuar no se ajusta a lo precisado en la sentencia amparadora, dado que a fin de obtener el domicilio del agraviado, ordenó girar oficios a tres instituciones, lo cual tardó casi cuatro meses en obtener y, una vez obtenida la información requerida, solo reiteró en una ocasión la citación del aquí quejoso. Actuaciones anteriores son las únicas practicadas por la fiscal a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo. Entonces, como se lee, la conducta de la Agente del Ministerio Público responsable en el sentido de dejar que mediara un excesivo lapso entre la emisión de los diversos acuerdos tendentes a la acreditación de los elementos del delito denunciado, así como la omisión pronunciarse respecto a la necesidad de recabar mayores elementos probatorios tendentes a la acreditación del delito denunciado y también la omisión de vista con el mencionado dictamen pericial desahogado al quejoso, ha generado que no se integre de manera eficaz la averiguación previa, pues al no informarle sobre el desarrollo del procedimiento, le ha obstaculizado la posibilidad de ofrecer todos los todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, retardando de tal manera su integración, en contravención con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional y, por consiguiente, las garantías de seguridad jurídica y defensa adecuada del quejoso, previstas en los diversos numerales 17 y 20 constitucionales. Al respecto cabe destacar que no obstante que la legislación aplicable no establece un término específico para que emita una resolución de ejercicio o no de la acción penal, la facultad conferida lo constriñe a actuar con pericia en el proceso de investigación, agotando los medios necesarios para lograr el objetivo de la misma, incluso las medidas coercitivas que legalmente tiene conferidos para ello. Lo anterior patenta, si se toma en consideración que no hizo uso de las medidas de apremio que tiene a su alcance a fin de hacer cumplir sus determinaciones contenidas en el artículo 31 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que a pesar de haber girado oficios recordatorios a las instituciones requeridas, en momento alguno hizo efectivos los apercibimientos con los que fueron conminadas. Con relación a la única citación practicada al quejoso de su acuerdo de diecinueve de abril siguiente y que obra en el anexo que acompañó para acreditar el cumplimiento al fallo, la misma no se ajusta a las reglas previstas en el numeral 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que no se desprende la fecha en que se desahogó. Entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de dieciocho de enero de este año y se impone a la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, una multa XXX Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento de la fiscal responsable que de continuar actuando en la forma que lo ha hecho, en el sentido de no cumplir con lo ordenado por esta potestad federal dentro del término que se le indique, actualizaría el incumplimiento de la sentencia a través del retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, previsto en el arábigo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que conlleva a imponerse nuevamente la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de la autoridad contumaz. En consecuencia, resulta procedente requerir al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, para que dentro del término IMPRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, dé cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, esto es, atendiendo cada uno de los puntos especificados en la sentencia de amparo y en el presente auto, realice lo siguiente: Deje sin efectos la determinación de quince de mayo de dos mil diecisiete. De manera inmediata notifique personalmente al quejoso sobre el estado procesal que guarda la averiguación previa, dándole vista con el contenido del dictamen pericial de mérito y requiriéndolo para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior, de manera fundada y motivada ordene recabar las pruebas que estime pertinentes, para lo cual deberá partir de las manifestaciones puestas de su conocimiento por el quejoso en su denuncia y su ampliación. Hecho lo anterior, emita la determinación que conforme a derecho corresponda. En la inteligencia de que deberá informar cada actuación que emita en la indagatoria de origen, pues como se constató anteriormente, entre la fecha en la que se le informó que causó ejecutoria la sentencia y aquella en la que determinó el no ejercicio de la acción penal, no ordenó ni practicó diligencias tendentes a acreditar los elementos del cuerpo del delito de amenazas ni la probable responsabilidad del indiciado en su comisión, por lo contrario, sólo investigó en domicilio del agraviado ante tres dependencias y requirió al quejoso en dos fechas para que compareciera, adjuntando sólo una notificación. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, se le impondrá una multa XXX Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. No se soslaya que el numeral 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que le conmine cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la ley de la materia; además de que incurre en las mismas responsabilidades de la responsable. Por su parte, en el diverso 194 de la misma legislación se prevé, para los efectos del cumplimiento de una sentencia en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, que se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. De igual forma, se precisa que la autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de distrito. En consecuencia, resulta procedente requerir al Fiscal General del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuatro de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, ordene a ésta a cumplir sin demora la ejecutoria de mérito, pues en caso de no acontecer, en términos de lo citado en párrafos anteriores, deberá dar cumplimiento al fallo en los términos precisados en la sentencia. En la inteligencia de que queda constreñida a demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no demostrar que dio la orden para dar cumplimiento a la misma se le impondrá una multa XXX Finalmente, remítase a la autoridad responsable las constancias que acompañó para acreditar su actuar con relación al cumplimiento al fallo y que se identificó como (ANEXO I); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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