Jorge Alejandro Ramos López
Expediente 1285/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Ramos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población, mediante el cual devuelve los autos originales del presente juicio de amparo e informa que quedó firme el auto de veinticuatro de enero último, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; lo que será tomado en consideración para los efectos legales consiguientes; por otra parte, glósense únicamente los acuerdos o constancias del cuaderno de antecedentes que obren después de la remisión del expediente. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta número 272/2018, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo de presidencia de veinticuatro de enero actual del que se advierte se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra el auto de doce de diciembre pasado; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por el promovente del amparo Jorge Alejandro Ramos López y para los efectos del recurso de revisión que hacen valer en contra del auto de doce de diciembre pasado; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, y una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de éste, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en Turno, con residencia en esta población, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos, la demanda de amparo promovida por JORGE ALEJANDRO RAMOS LÓPEZ, contra actos del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca y anexo que acompaña; fórmese expediente y regístrese con el número 1285/2017. De la lectura integral de la demanda y su anexo se desprende que el quejoso reclama al citado presidente: ". ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, le reclamo la negativa a acordar mi escrito de petición fechado el día 28 de noviembre del año 2017 y recibido el 27 de noviembre del año en curso, en donde le solicito me sea expedida constancia de posesión agrario de mis propiedades." Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, no es autoridad para los efectos del juicio de control constitucional, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, los normativos 32, 33, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano de ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal, administrar los bienes comunes del ejido. con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea. así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos. informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren. "Artículo 35. El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de. ley.; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado.; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: (.) V. la existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros." "Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo". En relación con los artículos anteriores, existen los criterios siguientes: ".Época: Séptima Época Registro: 237644 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 151-156, Tercera Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 44 AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARACTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes. Época: Séptima Época Registro: 237168 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Tercera Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 17 AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. Época: Décima Época Registro: 2008595 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/18 (10a.) Página: 2184 AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." De lo anteriormente transcrito, se desprende que tanto el Comisariado Ejidal como el Consejo de Vigilancia y las personas que los integran, tienen facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirven; los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos, respetados, gestionados y ejecutados por el Comisariado de Bienes Ejidales; y quien vigilará que este último cumpla su cometido, será el Consejo de Vigilancia a través de las personas que los integran; sin embargo, los actos que unos y otros realicen, con motivo de la materialización de los acuerdos consensados serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversa autoridad, para ejecutar los actos de la asamblea general o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. De ahí que, como se dijo, el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano, la demanda de garantías. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda; y para los mismos efectos a las personas que indica, sin gozar de las facultades a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciando en derecho. Por otra parte, en obvio de dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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