Jorge Alejandro Parra Gómez
Expediente 462/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 29 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Parra Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Colima, Colima, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, así como un sobre amarillo que contiene un disco compacto, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de revisión 412/2022, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero por las razones señaladas en el considerando VIII de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, por los motivos precisados en el considerando IX de esta ejecutoria." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de conservación al tratarse de un expediente en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de conservación, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), 21, inciso a), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual ********************, en su carácter de Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Púbica, en el que acepta y protesta el cargo de representante especial que le fue conferido en autos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados para recibirlas, solicita acceso al expediente electrónico, así como notificaciones electrónicas por la misma vía. Con lo anterior, téngasele por cumplido el requerimiento que le fue formulado; al efecto acepta y protesta el cargo de representante especial del menor ********************, asimismo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ninguno de los impedimentos a que se refieren los artículos 51 DE LA Ley de Amparo, 148 en relación con el 146 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación y 35 de la Ley Federal de la Defensoría Pública; por consiguiente, se le discierne el cargo conferido, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Por otra parte, en cuanto a los correos electrónicos que proporciona, dígasele que de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se considerará para, en su caso, entablar comunicaciones no procesales, sin que se tenga como medio para oír y recibir notificaciones en virtud de que la Ley de Amparo, no lo prevé. Finalmente, no ha lugar a tener como autorizado a ********************, en razón de que dicho profesionista no puede delegar sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I, de la Ley de la Defensoría Pública Federal; por tanto, se le autoriza únicamente en términos restringidos; así como a ********************. Sin que pase desapercibido la tesis que cita el promovente en su misiva de rubro: "AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL ASESOR JURÍDICO FEDERAL EN FUNCIONES DE REPRESENTANTE ESPECIAL DE UNA PERSONA MENOR DE EDAD TIENE FACUTAD PARA DESIGNAAR CON ESE CARÁCTER A OTROS ASESORES JURÍDICOS"; sin embargo, la misma no es obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero, del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues la misma fue establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Por último, en virtud que se encuentre pendiente de resolver el recurso de revisión ********************, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en atención que el nuevo asesor jurídico aceptó el cargo, hágase del conocimiento dicha circunstancia a la superioridad. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Titular de la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Pública, informa que con motivo de la renuncia presentada por el Asesor Jurídico ******, designa con tal carácter a ******, para que continúe como representante especial del menor ******. Por tanto, cítese al asesor jurídico *****por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado, para que dentro del término de tres días comparezca ante este órgano jurisdiccional para la aceptación y protesta del cargo que se le confiere y para que manifieste si tiene o no alguno de los impedimentos señalados en el artículo 51 de la Ley de Amparo y 148, en relación con el 146, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con independencia de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de revisión ******, del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito; entonces, una vez que el referido asesor jurídico acepte el cargo, se hará del conocimiento dicha circunstancia a la superioridad. Al caso es oportuno citar las tesis VII.2° A.T. 17 K, y VI2o. C.J./183 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIV y XI Noviembre de 2001, y Mayo de 2000, publicadas en las páginas 517 y 884, respectivamente, que dicen: "MENORES DE EDAD, AMPARO PEDIDO POR, SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. Por regla general, los menores de edad sólo pueden ocurrir l juicio constitucional por conducto de sus representantes legítimos llámese padres, tutor, curado, albacea, etcétera; sin embargo, de una correcta exégesis del artículo 6º. De la Ley de Amparo, se advierte que prevé los casos en los que, por excepción, el menor puede acudir en forma personal y directa a presentar su demanda de garantías, ya que el primer párrafo se refiere en especial a los menores de catorce años, a quienes otorga el derecho de promover su demanda por sí, cuando se representante o representantes legítimos se encuentren ausentes o impedidos para promover el juicio; en tal caso, el Juez de Distrito está obligado a nombrarles un representante especial que intervenga en el juicio a nombre del menor, sin perjuicio de que dicte las medidas necesarias o tome las providencia urgentes, a efecto de determinar tal ausencia o el impedimento del o los representantes legítimos; el segundo párrafo hace referencia a menores de edad mayores de catorce años, a quienes se autoriza para la promoción de la demanda de amparo en forma directa, facultándolos, además, para designar un representante que intervenga y gestione por ellos en el juicio de amparo; en este segundo supuesto, puede suceder que el mayor de catorce años no designe representante para efectos del juicio, en tal caso, el Juez de Distrito debe nombrarle uno especial, aun cuando sea provisionalmente, pues tratándose de un inimputable, debe estar representado en el juicio. Conforme con lo anterior, tratándose de menores de edad que no hayan cumplido catorce años, o de mayores de tal edad, que no hayan designado representante, si el Juez Federal elude su obligación de hacer el nombramiento del representante especial, o en el caso de los mayores de catorce años que hayan designado tal representante, no provee en relación con tal designación hecha por el menor, tal irregularidad constituye una violación a las normas reguladoras del procedimiento en el juicio de amparo, lo que provoca indefensión al menor quejoso". "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PROCEDE CUANDO SE ADVIERTE QUE EL ACTO RECLAMADO, ADEMÁS DE AFECTAR AL QUEJOSO, TAMBIÉN LESIONA LOS INTERESES DE MENORES DE EDAD. Cuando se advierte que el acto reclamado afecta no sólo al quejoso sino también repercute desfavorablemente en los derechos de menores, es procedente suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis, cualquiera que sea el sentido de la resolución definitiva que se pronuncie, necesariamente los beneficiará o perjudicará". Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de quince de agosto del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 412/2022. Cúmplase.
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