Jorge Alejandro Muñiz Rodríguez
Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Muñiz Rodríguez
- (EXTINTO) Juez Sexto Penal en la Ciudad de México
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuadragésimo Tercero Penal en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que adjunta original del juicio de amparo 92/2021 y, testimonio de la resolución emitida en sesión por videoconferencia de ocho de septiembre del año en curso, dictada por ese órgano jurisdiccional, en el incidente de inejecución de sentencia 4/2022, cuyo punto resolutivo es: ".ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente incidente." En consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto concluido; y, acúsese recibo al órgano colegiado. (...)
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, refiere que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia bajo el consecutivo I.S.P. 4/2022. (...)
- Principal
MESA II Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido; sin que hubiesen ejercido tal prerrogativa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procederá a resolver si la sentencia concesoria, se encuentra cumplida. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Previo a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cabe precisar: Que mediante engrose de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia; en la cual, por una parte, se sobreseyó por la omisión de ejecutar el traslado voluntario autorizado por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, atribuido al Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y; por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia a JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ, por el referido acto, reclamado, como ordenadora al Juez Cuadragésimo Tercero Penal de la Ciudad de México (autoridad sustituta) y, como ejecutoras, a la Directora del Centro de Reinserción Social Uno en el Estado de Durango (en su denominación correcta) y Director del Centro Penitenciario de Torreón Coahuila. Fallo que causó ejecutoria por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós; en ese tenor, se requirió al juzgador del orden común, para que realizara lo siguiente: 1. Solicitara a los Directores del Centro de Reinserción Social Uno en el Estado de Durango y Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su notificación, rindieran nuevamente el informe correspondiente, con datos actualizados; y, 2. Una vez que contara con la información solicitada, se pronunciara sobre el traslado voluntario previamente autorizado; sin que la ejecutoria lo constriñera a dictarlo en determinado sentido. Concesión que se hizo extensiva a las autoridades penitenciarias, en su carácter de ejecutoras. Del examen de las documentales, que de conformidad con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, se advierte lo siguiente: Mediante oficio recibido en este juzgado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza Cuadragésimo Tercero Penal de la Ciudad de México, por ministerio de ley, comunicó que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, el extinto Juzgado Cuadragésimo Primero Penal de esta ciudad, determinó que la sanción privativa de libertad impuesta al sentenciado JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ, la compurgaría el tres de mayo de dos mil veintiuno, quedando al día siguiente a disposición del juez del sistema procesal acusatorio en esta entidad federativa, relacionado con la carpeta de ejecución EJEC/OTE-0213/2017, por el delito homicidio calificado, por el que se le condenó a veintitrés años, nueves meses de prisión; por lo que la pena impuesta en la causa 791/2019, antes 127/2019, del Juzgado Sexto Penal, antes 18/2011, del Juzgado Decimoprimero Penal, ya la compurgó; por tanto, ya no se encuentra a su disposición; habiéndose declarado extinta la potestad de ejecutar la sanción impuesta por compurgamiento y rehabilitado en sus derechos políticos. Anexando copia del oficio DEJDH/9907/2017, de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, signado por el Director Ejecutivo Jurídico de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a través del cual informó que el enjuiciado JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ o JORGE ALEJANDRO NÚÑEZ RODRÍGUEZ o JESÚS LEÓN BELTRÁN o JESÚS ANTONIO MUÑIZ RODRÍGUEZ, ingresó al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha, el veintitrés de septiembre de dos mil trece, a disposición del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Penal en esta ciudad, por la causa 68/2013, por el ilícito robo calificado, por el que se le impuso cinco años, un mes, tres días de prisión, por lo que la fecha de compurgación sería el veintidós de abril de dos mil dieciocho. Sin que fuera excarcelado, toda vez que el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, quedó a disposición del Juzgado Cuadragésimo Primero Penal de la Ciudad de México, por la causa 18/2011 (ahora 791/2019), por el ilícito robo calificado, por el que le fue impuesta la pena privativa de libertad de cuatro años, nueve meses, dieciséis días, por lo que la fecha de compurgación sería el tres de mayo de dos mil veintiuno. De lo que este órgano de control constitucional, mediante proveído de cinco de noviembre del año pasado, tomó conocimiento. Por diverso oficio recibido en veintidós de marzo de dos mil veintidós, la Jueza Cuadragésimo Tercero Penal de la Ciudad de México reiteró que JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ, ya no se encontraba a disposición de ese órgano jurisdiccional, en virtud de que por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se declaró el compurgamiento de la pena, quedando a disposición del juez de control en materia penal del sistema penal acusatorio de esta ciudad, relacionado con la carpeta de ejecución EJEC/OTE-0213/2017, por el delito homicidio calificado. Añadiendo, entre otros, copia autorizada del proveído de veintiocho de marzo de este año, a través del cual, decretó la imposibilidad jurídica y material para el traslado de JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ, pues si bien el Centro de Readaptación Social 14 "CPS Durango", señaló contar con el 78.9 por ciento de su capacidad, fue designado especializado para personas privadas de su libertad por el injusto secuestro, siendo que el sentenciado fue enjuiciado por el delito robo agravado calificado, por lo que resultaba incompatible el perfil de población que alberga dicho centro penitenciario, motivo por el cual no resultaba procedente su traslado. En tanto, que el Director del Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila informó que se encontraba al máximo de su capacidad, además que no existe convenio entre la Federación y el Estado de Coahuila, en tal virtud, también existía imposibilidad para llevar a cabo la transferencia. Además, que carecía de competencia para ejecutar el traslado, toda vez que JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ ya no se encontraba a su disposición. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable del orden común, informando lo expuesto y anexando las constancias con las que lo acreditaba. En consecuencia, se estima que se actualiza una imposibilidad para que se concreten los efectos concesorios del amparo, por los siguientes motivos: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el órgano de control constitucional pueda emitir declaración en el sentido de que alguna sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el diverso 193 de la legislación precisada. También, determinó que la ley de la materia prevé dos figuras que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento del fallo de amparo: 1) la imposibilidad material o jurídica; y, 2) la inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia sentencia; lo cual no significa que carezca de efectos o deje de cumplirse. La hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución del fallo, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; esto es, que no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En las relatadas circunstancias, se concluye que EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR EN SUS TÉRMINOS LA EJECUTORIA, pues si bien el órgano jurisdiccional responsable, en acatamiento al fallo, giró sendos oficios al Centro de Reinserción Social Varonil Estatal (sic) de Durango, Durango y Centro de Reinserción Social Varonil Estatal de Torreón, Coahuila, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su notificación, informaran si al dieciocho de marzo de este año, existía cupo en esos centros penitenciarios, para albergar al sentenciado JORGE ALEJANDRO MUÑIZ RODRÍGUEZ, a quien se le autorizó el traslado voluntario. Sin embargo, fue informado de la imposibilidad para el traslado, tanto al Centro de Reinserción Social Uno en el Estado de Durango, como al diverso Centro Penitenciario de Torreón, Coahuila. Aunado a que el impetrante ya no se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional del orden local, en virtud de que se declaró el compurgamiento de la pena de prisión y se determinó extinta la potestad de ejecutar la sanción impuesta; sin soslayar que actualmente se encuentra a disposición de un Juzgado en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Por tanto, la autoridad responsable ya no se halla en condiciones de restituir en el goce del derecho violado, toda vez que se encuentra impedida de pronunciarse sobre la ejecución del traslado voluntario, previamente autorizado, en términos del fallo protector. En ese contexto, toda vez que este juzgado federal advierte que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tal motivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo quinto, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, en turno, para los efectos conducentes. Es aplicable, por los motivos que contiene, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO".
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora del Centro de Reinserción Social Número Uno en el Estado de Durango, con residencia en Victoria de Durango, a través del cual informa que esa autoridad no es competente para ordenar o autorizar el ingreso del quejoso ***, de lo que este juzgado toma conocimiento.
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