Jorge Alejandro Dominguez Borgez

Expediente 1742/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1742/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2020

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Dominguez Borgez
  • Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El cinco de octubre de dos mil veinte, doy cuenta a la Jueza con el estado que guarda el presente asunto y con la certificación que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró sin materia el cumplimento de la sentencia de amparo dictada en este asunto; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con lo acordado en fecha siete de septiembre de dos mil veinte; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que no existe razón alguna para que continúen en la Secretaría de este Juzgado, el anexo que remitió el Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el presente asunto, devuélvansele a su lugar de origen para los efectos legales conducentes, sin necesidad de que dicha autoridad realice el acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Vista la diligencia de ratificación de veintitrés de los corrientes, se advierte que la parte quejosa Jorge Alejandro Domínguez Borges, dio cumplimiento a la prevención que se le efectúo en proveído de doce de diciembre último. Ahora bien, del análisis integral de la demanda amparo, se advierte que Jorge Alejandro Domínguez Borges, señaló como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 112, de la Ley de la Materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo, solamente por cuanto a los actos que se reclaman de dicha autoridad responsable. Se afirma lo anterior, debido a que ésta no tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sus actos carecen de imperio y facultad de decisión. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Por su parte, el artículo 1° de la invocada ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Asimismo, el artículo 5° de la invocada ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La interpretación literal y sistemática de los preceptos invocados, permiten establecer que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso, de particulares en los casos señalados en la propia ley. Igualmente, se precisa que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En este sentido destaca lo previsto en la norma, referente a que, para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, pero cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "... para los efectos de esta ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general'; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra a subordinación." Posteriormente, la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de treinta de abril de dos mil catorce, dictada en el amparo directo en revisión 736/2014, en lo que interesa expresó: "Que en tratándose de juicios promovidos bajo la vigencia de la nueva Ley de Amparo, existe un nuevo paradigma respecto del concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional... Que en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Que a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general... Que este tribunal y la doctrina constitucional han sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: de subordinación, de supraordinación y la de coordinación. Las relaciones de subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Que con base en las notas distintivas de cada uno de los tipos de relaciones jurídicas que existen en el Estado, atendiendo al marco conceptual que dio origen al texto de la vigente Ley de Amparo, es que, como se indicó en el asunto citado, en cada caso concreto debe analizarse si los actos de que se trata, pueden reputarse como provenientes de autoridad." De lo transcrito se advierte que para el Alto Tribunal del País, la identificación del concepto "autoridad" y, por ende, del concepto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la actual Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación, que consisten en: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. En tal virtud, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo estas premisas, en el caso no se actualizan los supuestos normativos precisados, toda vez que los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, consiste en el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 530/2019, promovido por el aquí quejoso; y, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es autoridad para efectos del amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Página: 118 y registro: 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Luego, si en la especie, los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos adscrito al Juzgado Mercantil responsable, consisten en un auto dictado en el juicio mercantil 530/2019; en inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que la Secretaria de acuerdos sólo cumple con las funciones inherentes a su cargo, esto es, la de dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma, fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno, por lo que carece de imperio y facultad de decisión y, por ende, no puede ser autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en tanto que sus funciones se encuentran limitadas para autorizar diligencias y resoluciones, que estime el titular ante el tribunal, quien le corresponde la responsabilidad y pronunciamiento de las determinaciones que emita en dichos asuntos, en forma unilateral y obligatoria. De ahí que, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no existe razón legal que implique la posibilidad de considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, esto, en términos de las jurisprudencias con los rubros siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". En ese tenor, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por cuanto a dicha funcionaria se refiere. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA únicamente por la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto a la persona que le podría recaer el carácter de tercero interesado, se reserva acordar lo conducente, hasta que obre en autos el informe de ley de la autoridad señalada como responsable. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de los corrientes, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, haciéndole de su conocimiento el contenido del oficio signado por el Director del Catastro del Municipio de Hunucmá, Yucatán, para el efecto de que realice la limpieza y brecheo en el área perimetral de la parcela en litis, a fin de que la autoridad en comento pueda realizar las diligencias pertinentes en torno al cumplimiento de mérito; lo anterior, sin que en el acuerdo de mérito se le fijara un término para tal efecto. Por ende, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo, realice la limpieza y brecheo en el área perimetral de la parcela en litis, a fin de que la autoridad en comento pueda realizar las diligencias pertinentes en torno al cumplimiento de mérito y lo informe a este Juzgado. Quedando subsistente el apercibimiento decretado en el auto en mención, consistente en que se entenderá su falta de interés y se procederá a resolver lo que en derecho corresponda de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito aclaratorio del quejoso Jorge Alejandro Domínguez Borges, con el que pretende dar cumplimiento a la prevención de doce de diciembre último; ahora bien, en el citado proveído se le previno para que: "...Manifieste, bajo protesta de decir verdad a este Juzgado de Distrito: La etapa procesal en la que se encuentra el juicio Ejecutivo Mercantil. Señale con precisión contra que auto, determinación o notificación, interpuso el incidente de nulidad que aduce..." Sin embargo, esta Juzgadora estima que debe subsistir la prevención que se le hizo al quejoso mediante auto de doce de diciembre último, toda vez que existe discrepancia en las firmas autógrafas plasmadas en la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta; de ahí que deba considerarse que debe subsistir la prevención contenida en el proveído antes citado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, dentro del horario laboral, se apersone al local que ocupa este Juzgado de Distrito, a fin de que ratifique el contenido del referido ocurso; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado dicho escrito, y el término conferido en el citado auto de doce de los corrientes, de cinco días hábiles se reanudará una vez que acontezca lo anterior y se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, por analogía la jurisprudencia 24 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Asimismo, la tesis XVI.1o.A.21 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO RATIFICADA. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO EL JUZGADOR OBSERVA DISCREPANCIA ENTRE LA FIRMA QUE LA CALZA Y ALGUNA ESTAMPADA EN UN DOCUMENTO POSTERIOR." En ese sentido, tomando en consideración que en auto de doce de diciembre del año que transcurre, se previno a la parte quejosa del presente amparo, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, diera cumplimiento a dicho requerimiento; el cual, se le notificó el dieciocho de diciembre del año en curso, es inconcuso que en la especie, aún no ha vencido el término concedido, debiendo transcurrir los días del veinte al veintiséis de diciembre del año que transcurre; empero, toda vez que del escrito de cuenta se advierte que el mismo fue presentado el dieciocho de los cursantes, en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, subsiste la prevención otorgada en auto de doce de diciembre último. Término antes indicado que desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso cobra aplicación la Tesis de rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Así como, la tesis de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Y la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."

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