Jorge Alejandro Antuna Garcia
Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Antuna Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido. Devolución de anexos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas de la causa penal ********************, constantes de un tomo, que como anexo acompañó a su informe justificado el Juez Cuarto del Ramo Penal en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se devuelve, resulta apto para acreditar su recepción. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio la hubiese recurrido, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 27-MAYO-2022 fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto del Ramo Penal en el Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. La parte quejosa reclama del Jefe del archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo siguiente: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad señalada como responsable, le reclamo la negativa a remitir al Juzgado Cuarto de lo Penal, el original de la causa penal 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal, mismo que se instruyó en contra del ***" De igual forma, en los antecedentes del acto reclamado manifestó bajo protesta de decir verdad: "1. Que tal como lo acredito con la copia respectiva, misma que me permito acompañar al presente escrito como anexo número uno, como base de la solicitud y para acreditar mi interés jurídico y mi legitimación para acudir a la presente vía de amparo, ante ello señalo, que con fecha 04 de noviembre de 2020, el suscrito acudí ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, a fin de solicitar la cancelación del antecedente que obra en el archivo del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, donde se me tiene como procesado dentro del expediente 153/203 (sic), del Juzgado Primero Penal. 2. Una vez que se presentara dicho escrito, el suscrito por conducto de mis abogados representantes, estuvimos acudiendo ante el Juzgado Cuarto de lo Penal a preguntar sobre el estado en que se encontraba el trámite que se había solicitado, siendo que al mismo se acudió hasta en cinco ocasiones, y en esta última siendo esto aproximadamente en el mes de Agosto de 2021, se nos entregó una copia de un oficio con el número 909 de fecha 28 de Mayo de 2021, mismo que fuera recibido por el archivo del tribunal superior de justicia, con fecha 01 de Junio de 2021, a través del se requería del citado archivo, se remitiera el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal. 3. Que posteriormente a que se me entregara una copia del citado oficio, el suscrito acudí nuevamente por conducto de mis representantes al citado archivo, siendo esto aproximadamente hasta por cuatro ocasiones, siendo esta la última ocasión el día 17 de Enero de 2022 y esto era para preguntar si ya se había remitido el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal y si ya se había dado respuesta al oficio con el número 909 de fecha 28 de Mayo de 2021, sin que se obtuviera respuesta alguna, ya que las personas que nos atendían, citaban desconocer el citado oficio y el trámite que se había solicitado. 4.- Que en tal sentido y de conformidad con lo anterior considero se me afecta, vulnerando mi derecho a obtener la cancelación del registro del antecedente que obra en el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal" Asimismo, al desahogar la prevención formulada por este juzgado de Distrito, la parte quejosa amplió su demanda, señalando con el carácter de autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Penal del sistema tradicional, a quien reclamó la falta de requerimientos al Jefe el Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que este último le remitiera el original de la causa penal ***. En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En la especie, se advierte que las autoridades responsables Director del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Durango y Juez Cuarto Penal en esta ciudad, respectivamente, al rendir su informe justificado aceptaron los actos que se les reclamaba, es decir, la omisión de enviar el expediente 153/2003, al Juzgado Cuarto Penal, así como la omisión de dar respuesta a la petición de cancelar los antecedentes penales a nombre del aquí quejoso en dicha causa penal. Posteriormente, en oficio 511 de siete de abril de dos mil veintidós, el Juez Cuarto Penal de la capital informó que la multicitada causa penal ya había sido remitida a dicho órgano jurisdiccional, anexando las constancias respectivas, finalmente, en el comunicado 700 de veinticinco de mayo siguiente, el juez responsable, adjuntó copia certificada del auto de dieciocho de abril del año en curso, mediante el cual en respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, no acordó favorable su solicitud de cancelación de antecedentes penales, en virtud que de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha cuestión era competencia de un juez de ejecución; asimismo, anexó la constancia de notificación de dicho proveído al quejoso ***. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la materia. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se remitió el expediente al Juzgado Cuarto Penal, además, se acordó la petición de cancelación de antecedentes penales, y se notificó dicha determinación al impetrante del amparo De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto del Ramo Penal en el Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. La parte quejosa reclama del Jefe del archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo siguiente: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De la autoridad señalada como responsable, le reclamo la negativa a remitir al Juzgado Cuarto de lo Penal, el original de la causa penal 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal, mismo que se instruyó en contra del ***" De igual forma, en los antecedentes del acto reclamado manifestó bajo protesta de decir verdad: "1. Que tal como lo acredito con la copia respectiva, misma que me permito acompañar al presente escrito como anexo número uno, como base de la solicitud y para acreditar mi interés jurídico y mi legitimación para acudir a la presente vía de amparo, ante ello señalo, que con fecha 04 de noviembre de 2020, el suscrito acudí ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, a fin de solicitar la cancelación del antecedente que obra en el archivo del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, donde se me tiene como procesado dentro del expediente 153/203 (sic), del Juzgado Primero Penal. 2. Una vez que se presentara dicho escrito, el suscrito por conducto de mis abogados representantes, estuvimos acudiendo ante el Juzgado Cuarto de lo Penal a preguntar sobre el estado en que se encontraba el trámite que se había solicitado, siendo que al mismo se acudió hasta en cinco ocasiones, y en esta última siendo esto aproximadamente en el mes de Agosto de 2021, se nos entregó una copia de un oficio con el número 909 de fecha 28 de Mayo de 2021, mismo que fuera recibido por el archivo del tribunal superior de justicia, con fecha 01 de Junio de 2021, a través del se requería del citado archivo, se remitiera el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal. 3. Que posteriormente a que se me entregara una copia del citado oficio, el suscrito acudí nuevamente por conducto de mis representantes al citado archivo, siendo esto aproximadamente hasta por cuatro ocasiones, siendo esta la última ocasión el día 17 de Enero de 2022 y esto era para preguntar si ya se había remitido el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal y si ya se había dado respuesta al oficio con el número 909 de fecha 28 de Mayo de 2021, sin que se obtuviera respuesta alguna, ya que las personas que nos atendían, citaban desconocer el citado oficio y el trámite que se había solicitado. 4.- Que en tal sentido y de conformidad con lo anterior considero se me afecta, vulnerando mi derecho a obtener la cancelación del registro del antecedente que obra en el expediente 153/203 (sic) del Juzgado Primero Penal" Asimismo, al desahogar la prevención formulada por este juzgado de Distrito, la parte quejosa amplió su demanda, señalando con el carácter de autoridad responsable al Juez Cuarto de lo Penal del sistema tradicional, a quien reclamó la falta de requerimientos al Jefe el Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que este último le remitiera el original de la causa penal ***. En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En la especie, se advierte que las autoridades responsables Director del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Durango y Juez Cuarto Penal en esta ciudad, respectivamente, al rendir su informe justificado aceptaron los actos que se les reclamaba, es decir, la omisión de enviar el expediente 153/2003, al Juzgado Cuarto Penal, así como la omisión de dar respuesta a la petición de cancelar los antecedentes penales a nombre del aquí quejoso en dicha causa penal. Posteriormente, en oficio 511 de siete de abril de dos mil veintidós, el Juez Cuarto Penal de la capital informó que la multicitada causa penal ya había sido remitida a dicho órgano jurisdiccional, anexando las constancias respectivas, finalmente, en el comunicado 700 de veinticinco de mayo siguiente, el juez responsable, adjuntó copia certificada del auto de dieciocho de abril del año en curso, mediante el cual en respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, no acordó favorable su solicitud de cancelación de antecedentes penales, en virtud que de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha cuestión era competencia de un juez de ejecución; asimismo, anexó la constancia de notificación de dicho proveído al quejoso ***. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la materia. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se remitió el expediente al Juzgado Cuarto Penal, además, se acordó la petición de cancelación de antecedentes penales, y se notificó dicha determinación al impetrante del amparo De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós Notifíquese personalmente al quejoso.
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