Jorge Alejandro Alvarez Barrón

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Alvarez Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal, es conservable en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por tanto, con fundamento en el artículo 8, fracción I, del multicitado Acuerdo General, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; y R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad ACTO RECLAMADO "La resolución interlocutoria de fecha 09 de noviembre de 2022 recaído en el expediente laboral No. ********************, emitido por la H. Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se admitió a trámite y se registró con el número de expediente ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado al ********************, quien fue debidamente emplazado mediante oficio, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo previo diferimiento al tenor del acta que antecede; y: C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse un acto que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de liquidación, por medio de la cual, la Junta responsable determinó la retención del impuesto sobre la renta sobre la cantidad a la que fue condenada la parte demandada. Tercero. Existencia. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó su Presidente al rendir en su representación el informe justificado que le fue solicitado, lo cual, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos que se le atribuyen, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas que del juicio de origen adjuntó a su informe, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Aunque procede su estudio de manera preferente, al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio del fondo del asunto. En este aspecto, no se reproduce a la letra el concepto de violación expresado por la parte quejosa, al no existir disposición legal que así lo disponga; sin que ello implique desatender la pretensión efectivamente planteada ni los principios de exhaustividad y congruencia, previstos en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso, los argumentos contenidos en el único concepto de violación resultan infundado aún suplidos en su deficiencia, toda vez que al tratarse de un beneficiario de la parte trabajadora se encuentra dentro de los supuestos contemplados por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a.XCV/2014 (10ª), que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Ahora, la parte quejosa alega que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, en su opinión, al emitir la resolución destacada, la responsable violentó su garantía de audiencia y seguridad jurídica, al excederse en sus funciones, en virtud de que la apertura del incidente de la que deriva ésta, fue con la finalidad de que se contabilizaran correctamente las pensiones dejadas de percibir, causándole un perjuicio al haber determinado que sobre la cantidad a la que fue condenada la parte demandada (Instituto Mexicano del Seguro Social) debía realizar la retención del impuesto sobre la renta correspondiente. Como se adelantó este planteamiento resulta infundado. Ello es así, pues de una simple lectura a la resolución destacada se advierte que es cierto que la autoridad responsable en la resolución combatida dictada en el incidente de liquidación, derivado del juicio laboral de origen ********************, determinó: "PRIMERO.- Esta Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje declara RESUELTO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN planteado por la parte actora en el principal ********************, en cumplimiento al laudo de doce de febrero de dos mil diecinueve, para quedar como sigue. SEGUNDO.- Se APRUEBA EN LA CANTIDAD DE $******************** (********************) el incidente de liquidación promovido por el actor ******************** Alejandro Álvarez Barón, misma cantidad que se le deberá de deducir a este la cantidad que resulte por concepto de RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA la cual se encuentra establecida en los artículos 109, 112, 113 y demás relativos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente conforme a los razonamientos indicados en el considerando de fondo de esta resolución, sin perjuicio de aquellos incrementos que se generen, así como aquellas pensiones vencidas hasta en tanto no se cumpla en su totalidad con la presente resolución." Lo que evidencia que con relación a las deducciones o retenciones del impuesto sobre la renta, a que hizo referencia la responsable en la resolución que se combate, fue correcta tal determinación ya que la parte demandada -aquí tercero interesada-, en su carácter de órgano asegurador, tiene la obligación de retener el impuesto en auxilio de la administración pública a cargo del beneficiario de los trabajadores (sus finados padres), por lo que ve a las cantidades laudadas a ejecutar con motivo de la relación laboral de estos últimos, por lo que al dejar expedita dicha obligación a la parte demandada para que cumpla con su obligación de retenedor, cumple con lo establecido en los artículos 1, fracción I y 90, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la renta, vigente a la fecha en que fue emitida la resolución combatida, que en lo que interesa, disponen: "Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. [.] Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. [.]" En ese orden de ideas, es importante citar el contenido del artículo 93, fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al momento en que fue emitida la resolución combatida, el cual es de idéntica redacción al 109 de la citada legislación que contempló la responsable para sustentar su actuar (vigente a la época en que se dejaron de percibir las pensiones a que fue condenada la parte demanda), mismo que señala los supuestos para la exención de dicho impuesto y precisa en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: [.] IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. [.]" Destacado lo anterior, se obtiene que no se pagará tal impuesto, por los ingresos que deriven de: jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias y cualquier otra forma de retiro de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro y de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, prevista en la Ley del Seguro Social, en casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuando el monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Con la precisión en el sentido de que, para aplicar esa exención, deberá considerarse la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador (beneficiario), independientemente de quién los pague, y que, respecto del excedente de esos esos ingresos se pagará el impuesto. Así que únicamente cuando el monto total de los ingresos por esos conceptos no exceda de quince veces el salario mínimo, como lo establece el numeral 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se pagará el impuesto y únicamente se pagará por el excedente, ya que la fracción V de ese precepto es clara en el sentido de que debe considerarse la totalidad de las pensiones y haberes de retiro y no así de manera individual. Asimismo, no establece limitantes al concepto de ingreso, ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, por el contrario, el referido numeral concibe de manera amplia que para aplicar la exención sobre los conceptos, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias y otras formas de retiro, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador, en este caso "beneficiario" independientemente de quién los pague. Además, es importante destacar que del principio de generalidad tributaria no deriva un derecho constitucionalmente tutelado a la exención, salvo tratándose de aquellos contribuyentes que, al no contar con un nivel económico mínimo, sí deben quedar al margen de la imposición, de conformidad con el derecho al mínimo vital o existencia, que se contiene en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues la potestad tributaria del Estado tiene como límite aquella cantidad que perciben las personas y que resulta ser la mínima que les permite una vida digna y decorosa. Ello, por supuesto, en tanto se supere ese nivel mínimo, pues la auténtica capacidad contributiva del causante impone la necesidad de que se contribuya al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento al deber constitucional que establece dicho precepto constitucional. Ilustra lo anterior la tesis número 1a. IX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 547, tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. Conforme al principio de generalidad tributaria, cuando una persona reúne las condiciones relativas a la obligación de contribuir al gasto público, debe tributar sin importar cuál sea su sexo, nacionalidad, edad, naturaleza jurídica, categoría social o preferencia ideológica, entre otros criterios; sin embargo, afirmar que todas las personas deben contribuir no implica que no habrá excepciones, ya que la causa que legitima la obligación tributaria es la existencia de capacidad idónea para tal fin, parámetro que debe entenderse vinculado con lo que se ha denominado "mínimo vital" o "mínimo existencial", y que se ha establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una garantía fundada en la dignidad humana, configurada como el requerimiento de que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. En ese sentido, cuando el legislador reconoce un nivel de renta o patrimonio -o, de ser el caso, alguna definición de consumo- que debe liberarse de la obligación tributaria, no se configura una excepción real al principio de generalidad, pues debe admitirse que las personas cuyos niveles de ingreso o patrimonio apenas resultan suficientes para subsistir no deberían verse conminadas a aportar cantidad alguna a título de contribuciones, pues ello sólo agravaría su ya precaria situación, lo cual no es la intención de una obligación fundada en un deber de solidaridad entre los gobernados. Con base en lo anterior, puede afirmarse que la exclusión de la imposición al mínimo vital permite cumplir con el principio de generalidad, al posibilitar que todas las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, excepto aquellas que, al no contar con un nivel económico mínimo, deben quedar al margen de la imposición". Ahora, el objeto del impuesto sobre la renta, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que sean percibidos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios, en los casos que señale la ley que lo regula, o de cualquier otro tipo, independientemente de la fuente de donde procedan. Así que, el objeto del impuesto para personas físicas es la obtención de ingresos, entendidos éstos, como ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos amplios, como aquellos que modifican positivamente el patrimonio del contribuyente y no se encuentran expresamente excluidos por el legislador de ser gravados; de ahí que, la Ley del Impuesto sobre la Renta grava los ingresos que perciban las personas físicas residentes en México, como son los percibidos por conceptos de "jubilaciones" y "pensiones". Establecido lo anterior queda evidenciado que en el caso concreto, el hecho de que la Junta responsable precise a la parte demandada, que deberá deducir la cantidad que resulte por concepto de retención de impuestos sobre la renta, implica que deja expedito el derecho de ésta para calcular y aplicar lo que corresponda a dicho concepto, lo cual en el caso, de inicio, no causa agravio al quejoso, tomando en consideración que la cantidad a la que fue condenada la demandada asciende a la cantidad de $******************** (********************), la cual evidentemente excede de los quince salarios mínimos contemplados para la exención y por tanto de inicio no queda en el supuesto de exclusión del pago correspondiente a dicho impuesto en relación con el total de la condena, por ello será hasta en tanto el ente asegurador exhiba el recibo de liquidación en el que aparezca con claridad el desglose de los conceptos y coincidencia de las cantidades a las que resultó condenada, así como de aquéllas retenidas con motivo del impuesto correspondiente a dichos conceptos, cuando el tribunal de trabajo, podrá determinar el cumplimiento del laudo y en su caso cuando la parte quejosa podría advertir si se le violentó el derecho alegado, en cuyo caso estará expedito su derecho para hacerlo valer ante el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano facultado para efectuar los actos encaminados a la determinación, liquidación y recaudación de las cargas tributarias. Lo anterior considerando que tratándose de los ingresos recibidos como pago de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en el sentido de que, el sistema de exenciones previsto en el numeral 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el veinticinco de mayo de dos mil doce, trasladado en sus exactos términos, al ordinal 93 de la normatividad vigente anteriormente citada, no viola el principio de proporcionalidad tributaria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XXIX/2013 (10a.), visible en la página 60, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia Común, Administrativa, Décima Época, con registro digital 2004090, que señala: "RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para recaudar el tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. En ese sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, establece una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención. Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar dicha retención, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, no actúa investido de imperio como organismo fiscal autónomo, como lo haría en la determinación de las cuotas obrero-patronales u otros créditos fiscales previstos en la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del fisco federal en la recaudación del impuesto, en tanto interviene como sujeto pagador de las pensiones y jubilaciones en su carácter de órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposición, en tanto la retención efectuada no constituye un acto de autoridad, sino sólo el acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo." De igual manera deviene infundado el concepto de violación que vierte, al considerar que con dicha determinación se violenta su derecho contemplado en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, esta Juzgadora considera que no es aplicable al caso en los términos planteados, ya que y en dicho numeral no se ve sustentada la exención del impuesto pues de una interpretación teleológica de dicho precepto, se puede determinar que la finalidad del legislador fue que la aplicación de las normas de carácter laboral no establecieran una obligación de pago en contra del trabajador, ya que la naturaleza social del derecho del trabajo es protectora del grupo social vulnerable, lo cual indudablemente atentaría con la naturaleza social del derecho del trabajo y vulneraría el artículo 123 Constitucional, no así la exención del pago de los impuestos que como contribuyente está obligado a cubrir en los términos establecidos con antelación. Sin que implique variación al fallo el comunicado que hace valer la parte promovente y que refiere fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria, ya que éste no se encontraba contemplado en alguna legislación de observancia general y obligatoria para la autoridad responsable a la fecha de la emisión de la resolución combatida, que le impidiera considerar improcedente la obligación de la demandada en su carácter de retenedor del impuesto. En mérito de lo expuesto, no resta sino concluir que la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, combatida en esta instancia constitucional, no vulnera los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos precisados en el considerando siguiente. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a la parte quejosa ********************, contra actos del Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, hoy cinco de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    las nueve horas del doce de junio de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la quejosa, la sentencia de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 201/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado de la sentencia de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a la parte quejosa ********************, contra actos del Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, a la fecha no transcurre la vista de ocho días otorgada en proveído de veintitrés de marzo del año en curso, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas del veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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