Jorge Alejandro Aguirre Vidrio

Expediente 1130/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Aguirre Vidrio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede de la que se advierte que a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1130/2022; y que se está en espera de dictar la sentencia definitiva, en tales condiciones, con el ocurso de cuenta, fórmese el expedientillo. Agréguese el ocurso de la parte quejosa en atención a su contenido, sin que sea procedente regularizar el procedimiento, dado que contrario a lo que refiere, en la audiencia constitucional se dijo: (.) Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente.(.) Por lo que actualmente el juicio se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia. En otro orden, se tiene por autorizada a la persona que refiere, para los efectos que precisa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTE DE FEBRERO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1130/2022, promovido por ..., contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda el cinco de octubre de dos mil veintidós. El diez de octubre posterior, recibió el asunto la Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la cual por conocimiento previo ordenó remitirla al suscrito. El veinte de ese mes y año, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto y previno a la parte quejosa. El veintiséis de octubre de la anualidad pasada, se admitió la demanda, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se pidió informe justificado al juez responsable y señaló parte tercera interesada. La representante social no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal residente en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma. Sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca ..., del índice de la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de ejecución de sentencia, promovido en el juicio ordinario civil..., del índice del Juzgado Trigésimo Civil de la Ciudad de México y, en su lugar, condenó a la entrega del inmueble denominado como ..., CIUDAD DE MÉXICO, y otorgar la escritura correspondiente, sin constituir régimen de propiedad en condominio. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza corroborada con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil promovido por..., contra..., donde se condenó a lo siguiente: "PRIMERO.- Procedió la vía ordinaria civil en que la parte actora (.) acreditó parcialmente los hechos en que fundó sus pretensiones, en tanto que la parte demandada (.) no acreditó los hechos en los que fundó sus excepciones y defensas; en consecuencia: SEGUNDO.- Condena a la parte demandada (.), a dar cumplimiento forzoso respecto de las obligaciones contraídas en el contrato privado de compraventa de trece de agosto de dos mil quince, celebrado de un (sic) parte por (.) en su carácter de vendedor y por otra (.) en su carácter de compradora, respecto del bien inmueble ubicado en la calle..., ciudad de México, por lo que se condena a la parte demandada (.) a pagar a la parte actora en el término de cinco días contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria, la cantidad de $..., m.n.), por concepto de parte del pago del precio pactado en el base de la acción; apercibida que en caso de no hacerlo se embargarán bienes suficientes de su propiedad y con su producto se hará paga a la parte actora. TERCERO.- Se condena a la parte demandada (.) para que en el término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria haga entrega a la parte actora (.) de un departamento dentro de los dos primeros niveles de construcción cuando dichos departamentos se encuentren totalmente construidos, o su pago equivalente al valor en el que se pretendan vender los que se están construyendo en el bien inmueble que fue materia de la compraventa o el precio que rija en la zona sobre departamentos nuevos, apercibido que en caso de no hacerlo se despechará (sic) ejecución en su contra causando interés legales (sic), lo que se determinara en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se absuelve a la parte demandada (.) de las prestaciones de pago de la cantidad de $..., moneda nacional 0/100) (sic), por concepto de incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula tercera del contrato base de la acción; así como la prestación por concepto de pena convencional del 20% del valor total de la operación, esto es sobre la cantidad de $..., moneda nacional), más el costo que tengan los departamentos de las mismas características y precios del mercado de la zona donde se encuentra la constitución referida, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1846 del Código sustantivo de la materia." II. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Sala responsable, quien en sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, determinó confirmar la determinación aludida. III. El uno de febrero de dos mil veintidós, la actora promovió incidente de ejecución de sentencia, el cual se admitió el dos de ese mes y año. IV. El siete de marzo posterior, se dictó interlocutoria en el incidente aludido, donde se condenó a la demandada a la entrega del inmueble materia del juicio y dos cajones de estacionamiento, así como a la constitución del régimen de condominio, hecho lo cual se debía de otorgar la escritura correspondiente. V. Inconforme la parte demandada interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Sala responsable, quien en sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, determinó modificar la interlocutoria aludida, para en su lugar, condenarla a la entrega del inmueble denominado como:.., CIUDAD DE MÉXICO, y otorgar la escritura correspondiente, sin constituir régimen de propiedad en condominio. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que: a. No es antijurídica o ilegal la determinación del juez responsable, puesto que si bien al firmar el contrato de compraventa de trece de agosto de dos mil quince, la constitución del régimen de propiedad de condominio ni la transmisión de cajones de estacionamiento fueron objeto de éste, ni en la sentencia fue condenada, lo cierto es que sí lo fue a la entrega de un departamento de los dos primeros niveles de construcción, cuando se encuentren completamente construidos. a.1. De forma que para que se esté en aptitud de ejercer el derecho de propiedad, es necesario que la demandada constituya el régimen de propiedad de condominio, por ser una consecuencia del pacto. a.2. De lo cual no se hizo una valoración ni motivó su consideración, pues solo se limitó a indicar a qué había sido condenada la demandada en la resolución definitiva, cuando lo que se pretendió fue determinar con precisión lo condenado en el tercer resolutivo del fallo definitivo, con el propósito de perfeccionar la sentencia y que son indispensables para exigir su cumplimiento y lograr su ejecución. b. No se valoraron ni estudiaron las documentales presentadas en el incidente, en razón de que solo se basó en los agravios de la apelante que hizo valer, como es que el departamento por el que se pretende la entrega ya fue identificado en la demanda incidental sin que la contraparte se haya pronunciado al respecto. c. No se resolvió de forma correcta el acto reclamado, en razón de que se ocupó de dar respuesta a un aspecto procesal, pues no tomó en consideración la contestación de los agravios. Los conceptos de violación identificados como a., a.1. y a.2., son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. De los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deviene, entre otras cuestiones, que nadie podrá ser privado de su propiedad sino mediante juicio seguido ante los tribunales plenamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. También que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, los puntos 8.1 y 25.2, c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la obligación al Estado de respetar el derecho de audiencia de las personas, y en ese tenor resolver los conflictos respetando el derecho del gobernado a interponer recursos efectivos ante las autoridades competentes, los cuales deben estar al alcance de todas las personas bajo su jurisdicción, para hacerlos valer, en su caso, contra actos que violen sus derechos fundamentales y, además, la autoridad tendrá la obligación de garantizar los medios para el cumplimiento de las respectivas decisiones emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia(s): Constitucional, de rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada deriva de los artículos 14 y 17 de la Norma Suprema; y que representa de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 85/2008 visible en la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." La cosa juzgada tiene un aspecto formal y otro material. El formal opera exclusivamente en el proceso, se configura solo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando ya no puede ser impugnada por los medios ordinarios ni extraordinarios de defensa, en virtud de que causaron ejecutoria con el trámite y resolución de los recursos correspondientes o por la falta de interposición de los mismos, por tanto, como consecuencia, de la cosa juzgada formal la sentencia se torna inimpugnable. En cambio tratándose de la cosa juzgada material, su eficacia trasciende a toda clase de juicios, pues implica que lo resuelto en la sentencia que causó ejecutoria ya no pueda ser controvertido en el futuro, es decir, las partes no pueden reabrir una nueva controversia, ni la autoridad resolutora o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho, porque la decisión tomada en la sentencia es inmutable o irreversible en cuanto al fondo discutido. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.T. J/28, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 565, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197717, de rubro: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS." En el fallo definitivo dictado en el proceso de origen, se declaró procedente la vía, se condenó a la demandada a la entrega del bien materia del juicio, al pago del precio pactado, así como a la cesión de un departamento de los dos primeros niveles o su pago equivalente, lo que ahora constituye cosa juzgada por haberse confirmado en segunda instancia. Ahora, la autoridad responsable realizó los siguientes argumentos en el acto reclamado: En la sentencia definitiva no se condenó a la enjuiciada a la constitución del régimen de propiedad en condominio en el edificio a construirse ubicado en ..., CIUDAD DE MÉXICO, ni a la transmisión de algún cajón de estacionamiento de dicho inmueble ni existió prestación al respecto por parte de la actora en el juicio principal. No debe perderse de vista que los incidentes de liquidación, aun cuando tiene objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, solo tienen como fin primordial determinar con precisión ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo, pero no puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva. El juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general, por lo que el incidente no puede agregar tópicos que no fueron materia de la sentencia definitiva sino solamente pueden rebasar respecto a la liquidación de que fue materia del juicio. La constitución de un régimen, conforme al artículo 3 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, establece que es un acto de voluntad de los propietarios de los inmuebles, de forma que no puede ser impuesto a éstos ni puede entenderse inherente a todo contrato de compraventa y dado que en el caso no existió ningún pacto al respecto, a través del cual la enjuiciada se constriñera al establecimiento del régimen en cita, respecto del inmueble en el que obra el departamento que debe entregar a la parte actora, entonces, en ejecución no puede decretarse alguna orden. En mismo supuesto se encuentran los lugares de estacionamiento, y es que si bien de las pruebas exhibidas en autos, como son, memoria descriptiva arquitectónica, registro de manifestación de constitución tipos B y C, así como los planos de nueve de enero de dos mil siete, se desprende la planeación de catorce cajones de estacionamiento y que a cada departamento corresponderían dos de ellos, lo cierto es que lo que consta es la obligación de construir un mínimo de cajones, no así que éstos pertenezcan exclusivamente a los dueños de los departamentos, por el hecho de adquirirlos. Esto es, no existe elemento para afirmar que por el hecho de comprar un departamento se adquieren cajones de estacionamiento, como unidades de propiedad privada, sin que exista pacto o mención alguna al respecto. Lo indicado se apega al parámetro constitucional descrito, pues las pretensiones de la quejosa varían lo condenado en la sentencia definitiva, en razón de que plantea lo relativo a la constitución en un régimen en condominio, lo que pretende hacer derivar de su derecho de propiedad adquirido en el proceso, así como lo concerniente a los lugares de estacionamiento que se van a construir y de los que alega se deben de entregar a los dueños de los departamentos, lo cual ni siquiera fue parte en el juicio. Ello obedece a que ahora, por seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia, no es dable abrir la posibilidad de modificar o variar los términos de lo dispuesto en la sentencia definitiva, particularmente agregando cuestiones que no fueron materia de la litis en el proceso, pues incluso así lo afirma la parte quejosa -que esos temas no fueron parte de lo solicitado en el proceso natural-. Esto es, aunque se aduzca que esas cuestiones son derivadas del derecho de propiedad que se decretó en el fallo definitivo, lo cierto es que en la sentencia, donde se consigna un derecho a su favor, no se analizaron los temas relativos al régimen en condominio que solicita ni se revisó lo relativo a quiénes eran los dueños de los lugares de estacionamiento a construir, aunado a que tampoco fueron planteados como prestaciones de la demanda -como lo afirma la autoridad-, de modo que, al encontrase firme la resolución que dirimió la litis, ahora debe cumplirse en sus términos sin adicionar cuestiones que no fueron expuestas ante la autoridad, pues de lo contrario se haría nugatorio el cauce procesal que ya cursaron las partes para obtener el reconocimiento de sus derechos. Y es así, pues precisamente esta inmutabilidad lo que busca es generar seguridad jurídica, en aras de que no se abra la posibilidad de que en un posterior momento pueda variarse lo decidido, situación que representa el límite subjetivo de la institución de cosa juzgada. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 86/2008 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, en Materia(s): Común, que dispone: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación son infundados. En diverso aspecto, los conceptos de violación descritos en los incisos b. y c., donde se imputan omisiones a la Sala responsable resultan infundados. En efecto, si bien es cierto que del análisis integral de la sentencia que constituye el acto reclamado no se advierte que la Sala hubiere dado respuesta expresa a la contestación de agravios, lo jurídicamente relevante al caso es que dicha conducta omisiva bajo ninguna consideración llevaría a la autoridad a dar la razón al quejoso. Ello, pues la autoridad no está obligada a tomar en cuenta el escrito de contestación a dichos agravios, exhibido por la contraparte del inconforme, toda vez que la litis recursal en la apelación se conforma exclusivamente con la sentencia recurrida y los agravios. Y es así, ya que no existe recepto legal en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que obligue a la Sala a abordar la contestación de agravios. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.6o.C. J/173 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "APELACIÓN, LA LITIS SE INTEGRA EN EL RECURSO DE, CON LA SENTENCIA IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE. En el recurso de apelación, la litis se integra únicamente con la sentencia impugnada y los agravios expresados por el recurrente, de tal manera que el tribunal de alzada, no está obligado a tomar en cuenta el escrito de contestación a dichos agravios, exhibido por la contraparte del inconforme, toda vez que no existe precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que así lo determine." Así como, en la tesis 1a. XVII/20054, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. LOS ARTÍCULOS 693 Y 704 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL NO CONSTREÑIR AL TRIBUNAL DE ALZADA A ESTUDIAR EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS, NO SON VIOLATORIOS DE AQUÉLLAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la contestación a los agravios no forma parte de la litis y, por ende, el tribunal de segunda instancia no está obligado a analizarlos, toda vez que aquélla se integra sólo con la sentencia recurrida y los agravios expresados en su contra por la parte apelante. En esa medida, es evidente que el hecho de que los artículos 693 y 704 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no obliguen al tribunal de alzada a que, al resolver el medio de impugnación referido, analicen los argumentos contenidos en la contestación a los agravios, no viola las formalidades esenciales del procedimiento que garantizan una adecuada y oportuna defensa, pues la finalidad única de aquéllos es desvirtuar los agravios hechos valer por el apelante y, en su caso, pueden dar luz al tribunal al analizar éstos, pero de ninguna manera los preceptos citados constriñen a la autoridad de segunda instancia a estudiarlos." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. Así lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinte de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

  4. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1130/2022; ..., con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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