Jorge Alcala Torres
Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alcala Torres
- Jorge Alcala Torres y Otros.
Actuaciones
- Principal
En razón de que la parte quejosa o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; seis de junio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que obran documentos originales en el juicio en que se actúa, ante tal circunstancia, con apoyo en el punto décimo primero del acuerdo invocado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, acuda a recoger los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente en el momento oportuno. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito firmado por el quejoso Jorge Alcalá Torres; atento a su contenido, devuélvansele todos los documentos originales que adjuntó a su demanda de amparo, previo recibo que de ello se deje en autos para constancia legal. Por tanto, se hace de su conocimiento que la cita para la entrega de los documentos de que se trata es en un horario de las trece a las diecisiete horas. Asimismo, se indica al quejoso Jorge Alcalá Torres, que, a fin de ingresar al Órgano Jurisdiccional, deberá agendar la cita respectiva a la brevedad posible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad con los artículos 3 y 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que, conforme a los numerales enunciados, la generación de la cita otorgará a la persona a cuyo nombre se solicita, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional; sin embargo, el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse; aunado al hecho que, el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Asimismo, precisa indicar que, conforme a la normativa enunciada, el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE QUEJOSA
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a autos para que obre como legalmente corresponde el escrito firmado por los quejosos Jorge Alcalá Torres y Ma. Angélica Maciel Gutiérrez, atento a su contenido, téngaseles en tiempo cumpliendo con la prevención contenida en auto de dieciocho de mayo del año en curso, pues al efecto manifiestan: ".venimos a dar cumplimiento con lo requerido mediante el auto de fecha 18 dieciocho de mayo, manifestando bajo protesta de decir verdad, que los quejosos tuvimos conocimiento del acto que reclamamos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, a fecha del día 05 cinco de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, al recibir las copias certificadas que sobre la actual escritura existe registrada a nombre de ÁNGEL PELAEZ VARGAS, en el Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio en el Estado, del inmueble en propiedad legítima de la segunda de los suscritos". Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: ".Se reclama del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de fecha 05 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del toca I-277/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ejecutante ÁNGEL PELÁEZ VARGAS en contra del auto de fecha 20 veinte de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 653/2013, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el Ejecutante Ángel Peláez Vargas frente a DELFINA EULLOQUI MURATALLA. Se reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil en la Ciudad de Zamora, la ejecución de dicho fallo, del que se señala que emitió la autoridad anterior en su resolución, así como todos y cada uno de los demás autos en los que ordena la ejecución con efecto de poner en posesión real y material el bien inmueble adjudicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013 frente a DELFINA EULLOQUI MURATALLA, así como la traba del embargo sobre bien inmueble salido del patrimonio de la persona demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013. Del Juez Primario en lo Civil de la Ciudad de Sahuayo, Michoacán, se reclama, el cumplimiento de los exhortos, primero el correspondiente a la diligencia de embargo, el cual recayó sobre el bien inmueble salido del patrimonio de la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013, y demás tendientes a ejecutar la orden de poner en posesión real y material del bien inmueble adjudicado por encontrarse este dentro de su jurisdicción." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar las causas de improcedencia que en el caso se actualizan, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-277/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ejecutante ÁNGEL PELÁEZ VARGAS en contra del auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 653/2013, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el Ejecutante Ángel Peláez Vargas frente a DELFINA EULLOQUI MURATALLA, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que desde el cinco de marzo de dos mil veintiuno tuvieron conocimiento de la resolución que constituye el acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución que reclame, o a aquél en que hayan tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Asimismo, la Ley de Amparo, además de prever la notificación en términos de la ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca el acto de manera informal, sin exigir formalismos para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados; toda vez que la demanda de amparo que se atiende fue presentada en el Buzón Judicial de los Juzgado de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el 17 de mayo del presente año. Además, los actos reclamados por la parte quejosa, no encuadran en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales la demanda de amparo se puede promover en cualquier tiempo. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados transcurrió del ocho al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete y veintinueve de marzo del año en curso, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Además, los actos reclamados Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón d que la parte quejosa o sus autorizados, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema Agenda OJ 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; el diecinueve de mayo del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de dieciocho de mayo del año en curso; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; mismo que señala lo siguiente DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Jorge Alcalá Torres y Ma. Angélica Maciel Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente bajo el número 276-2021, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Actos reclamados y autoridades responsables. De la demanda de amparo de cuenta, se advierten las autoridades y actos siguientes: ".Se reclama del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de fecha 05 de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, dictada dentro del toca I-277/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ejecutante ÁNGEL PELÁEZ VARGAS en contra del auto de fecha 20 veinte de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dictado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número 653/2013, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el Ejecutante Ángel Peláez Vargas frente a DELFINA EULLOQUI MURATALLA. Se reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil en la Ciudad de Zamora, la ejecución de dicho fallo, del que se señala que emitió la autoridad anterior en su resolución, así como todos y cada uno de los demás autos en los que ordena la ejecución con efecto de poner en posesión real y material el bien inmueble adjudicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013 frente a DELFINA EULLOQUI MURATALLA, así como la traba del embargo sobre bien inmueble salido del patrimonio de la persona demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013. Del Juez Primario en lo Civil de la Ciudad de Sahuayo, Michoacán, se reclama, el cumplimiento de los exhortos, primero el correspondiente a la diligencia de embargo, el cual recayó sobre el bien inmueble salido del patrimonio de la demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 653/2013, y demás tendientes a ejecutar la orden de poner en posesión real y material del bien inmueble adjudicado por encontrarse este dentro de su jurisdicción." Consideraciones previas. Ahora, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estudio integro de la demanda, se advierte que los quejosos Jorge Alcalá Torres y Ma. Angélica Maciel Gutiérrez, expresaron lo siguiente: VI. FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS: 25 veinticinco de marzo del año 2021 dos mil veintiuno. Por medio de certificado de historia registral que solicitó la segunda de los suscritos sobre la propiedad de la cual soy legítima dueña. De lo que se colige que en dicha data tuvieron conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 653/2013, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil en la Ciudad de Zamora, Michoacán, en el que se ventiló la controversia judicial relativa al inmueble del que se ostenta como propietaria la quejosa Ma. Angélica Maciel Gutiérrez, y del que se percató que le habían adjudicado al actor y ejecutante Ángel Peláez Vargas; apartado que no manifestaron bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, del contenido íntegro de la demanda se advierte que fueron omisos en precisar la fecha en que tuvieron conocimiento o se ostentaron sabedores de la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-277/2018; misma que constituye el acto reclamado destacado. Es decir, si fue el veinticinco de marzo del año en curso, o en diversa fecha. Por todo lo expuesto, es necesario imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en que tuvieron conocimiento de la resolución dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-277/2018. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que, de no cumplir con lo requerido en el término concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el que señala en su demanda; y autorizando a María Esther Núñez Mendoza y José Federico Ordaz Salazar, quienes únicamente estarán autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; la primera nombrada hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y por lo que ve al segundo nombrado, por así haberlo solicitado expresamente. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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