Jorge Alberto Velazquez Zarate
Expediente 485/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- Jorge Alberto Velazquez Zarate
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio del secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de abril de dos mil veintitrés, en el recurso 462/2022, derivado de la queja formulada por Antonio Rodríguez López, interpuesta en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que la queja de referencia fue resuelta bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ******* en contra del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 292/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." En tales condiciones, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Por otra parte y tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria señalada consisten en: a) Deje parcialmente insubsistente el auto combatido en las parte que determinó desechar las ampliaciones de demanda promovidas el veintiocho de marzo y veinte de abril de dos mil veintidós; b) Pronuncie un nuevo auto en que admita el primer escrito de ampliación formulado en contra de la nueva autoridad responsable, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla (en su denominación correcta), a quien le reclama los actos omisivos inicialmente señalados y la emisión del oficio HASMT/SOPPUYMA-150/2022, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; c) Reitere el desechamiento del segundo escrito de ampliación respecto a las actas de visita de inspección por contaminación al ambiente de uno y veintitrés de febrero de dos mil veintidós, y los reportes de inspección de uno y veintitrés de febrero de dos mil veintidós, y por vía de consecuencia, respecto a los Inspectores de la Jefatura de Medio Ambiente de la Dirección General de Obras Pú0blicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del referido Ayuntamiento; y, d) Admita el segundo escrito de ampliación únicamente respecto a los conceptos de violación, dándole el trámite correspondiente. PRIMERA AMPLIACIÓN Ahora, visto el primer escrito de ampliación de demanda presentado electrónicamente el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el quejoso Antonio Rodríguez López, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda de amparo, señalando como nueva autoridad responsable a: - Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Municipio de Texmelucan, Puebla. SEGUNDA AMPLIACIÓN Asimismo, en cuanto al segundo escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda únicamente por los conceptos de violación que hace valer en el escrito que se provee, respecto a las autoridades responsables Jefa de Medio Ambiente de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan y Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple de los escritos de ampliación de demanda, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberá remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitirlos a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. Hágase saber a la autoridad responsable, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se REQUIERE a la autoridad responsable que los documentos que remita, lo haga debidamente digitalizado, a fin de integrar el expediente electrónico. Asimismo, se REQUIERE a la autoridad responsable para que bajo su más estricta responsabilidad informe si la documentación que envíe contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento a este juzgado por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuestos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114. 116 y 117 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el entendido de que aquellos documentos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que encuentren bajo resguardo en la secretaria de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdos 12/2020. En tales condiciones, SE REQUIERE a la autoridad responsable para que tramite y obtenga la firma electrónica, y de esa forma esté en condiciones de rendir informes y en general de intervenir en el juicio en forma electrónica. De igual manera, se precisa que en caso de que la autoridad responsable rinda su informe de ley vía electrónica DEBERÁ contar con la respectiva evidencia criptográfica; y, de adjuntar documentos al mismo, DEBERÁ realizar la protesta de decir verdad con relación a que tales documentos electrónicos son copia íntegra e inalterada de su documento impreso, como lo establece el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, deberá manifestar si fueron exhibidos en original o copias certificadas o simples. Por otra parte, respecto a la prueba de inspección ocular que anuncia en el escrito de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se reserva acordar lo correspondiente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple de los escritos de ampliación de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito en materia de amparos. Se comisiona al oficial judicial "A" para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a la nueva autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo. Ahora, del escrito de ampliación de la demanda de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se advierte que se solicita se conceda la suspensión provisional y definitiva, respecto a la nueva autoridad responsable secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Municipio de Texmelucan, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, acuérdese lo procedente en el incidente de suspensión relativo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se reitera el desechamiento del escrito de ampliación de veinte de abril de dos mil veintidós, dado que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que dichos actos o resoluciones deberán ser de imposible reparación; y, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, como se estableció con anterioridad, el quejoso señala como acto reclamado: - De ******, le reclamó (i) el acta circunstanciada de primero de febrero de dos mil veintidós, (ii) el reporte de inspección de uno de febrero de dos mil veintidós, (iii) el acta circunstanciada de veintitrés de febrero de dos mil veintidós y (iv) el reporte de inspección de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. - De *******, le reclamó (i) el acta circunstanciada de veintitrés de febrero de dos mil veintidós y (ii) el reporte de inspección de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Ahora, las actas que reclama no son actos de imposible reparación, porque en sí mismos son instrumentales del procedimiento relativo, donde solo se hacen constar los hechos ahí asentados, cuya trascendencia podrá determinarse una vez que se emita la determinación final del procedimiento relativo, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción III inciso B), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no impiden el ejercicio de un derecho sustantivo de manera cierta e inmediata, pues no son definitivos y solo acarrean consecuencias procesales que preparan la determinación final de procedimiento administrativo y será la decisión final la que determinará su trascendencia. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la ampliación planteada por ********* respecto a *******, y ******, inspectores de la Jefatura de Medio Ambiente de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico proveniente del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual informa que se dictó sentencia en el juicio de amparo 1476/2022, misma que es consultable de manera electrónica. Atento a lo anterior, con el fin de que coincidan en su totalidad el expediente electrónico y el impreso, se ordena integrar la sentencia correspondiente en el presente juicio, asimismo, se turnan los autos al actuario de la adscripción para que notifique a las partes la resolución en comento, con el fin de que se continúe con el trámite respectivo hasta el archivo definitivo del asunto en el que se actúa. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos estadísticos correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Auxiliar en funciones del Presidente de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente D-6/411/2018 de su estadística. Atento a lo anterior y visto su contenido, se advierte su imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído seis de marzo de dos mil veintitrés, por las razones que del mismo se desprenden. No obstante, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIERASE DE NUEVA CUENTA a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, de cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, para lo cual deberá allegar copia certificada del laudo emitido en el juicio laboral D-6/411/2018 debidamente firmado, así como su notificación a las partes. En el entendido que subsiste el apercibimiento efectuado en proveído de seis de marzo del presente año.
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