Jorge Alberto Vargas Martinez

Expediente 1296/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1296/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Vargas Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Delegado de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero pasado, y remite las constancias de notificación solicitadas. Ahora bien, del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado, así como con el oficio que se provee, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. ***, reclama en esencia de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación a su petición presentada ante la autoridad responsable, el tres de agosto de dos mil veinte. Ahora, del contenido de las constancias que se adjuntaron al informe justificado y al oficio con el que se da cuenta, se advierte que la responsable dio contestación a la petición elevada por el quejoso, mediante acuerdo número 508/2021 de fecha once de febrero de dos mil veintiuno; posteriormente, remitió sus constancias de notificación realizada el veintidós de febrero siguiente. Luego, es evidente que han cesado los efectos de la omisión atribuida a la responsable, y éste ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Cabe agregar que el no sobreseer, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional la cual está fijada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, déjese sin efectos la misma. Notifíquese personalmente; publíquese con supresión de datos y captúrese el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con la certificación secretarial respectiva.

  3. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo rendido por el Delegado de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite constancias respecto del acto reclamado en el presente juicio, del cual se advierte que dio contestación a la petición elevada por el quejoso, mediante acuerdo número 508/2021 de fecha once de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, omitió remitir las constancias de notificación realizadas al aquí quejoso, por lo que tomando en consideración que se podría actualizar alguna causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, remita a este Juzgado copia certificada de la constancia de notificación realizada al quejoso Jorge Alberto Vargas Martínez, del acuerdo número 508/2021 de fecha once de febrero de dos mil veintiuno; apercibida que de no cumplir con lo anterior, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cincuenta a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Precedentes: Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco. (Registro No. 176291;Localización: Novena poca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Enero de 2006 Página: 319; Tesis: 1a./J. 163/2005; Jurisprudencia Materia(s): Común.) Notifíquese.

  4. Principal

    MESA III.- Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. POR CONSENTIDA EJECUTORIA: Vista la cuenta y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, que declaró cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, sin que las partes hubieran interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, para su posterior traslado a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación al ser un juicio de amparo concedido. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Notifíquese.

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