Jorge Alberto Sánchez Islas

Expediente 1338/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1338/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Sánchez Islas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    viii. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de depuración. Asimismo, es menester referir que en el sumario constitucional en que se actúa no obran documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado. De igual forma, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia.

  2. Principal

    viii. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido al quejoso para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que el referido peticionario no realizó manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de ocho de los cursantes, y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido, sin que este órgano de control constitucional haga pronunciamiento alguno respecto al sentido o legalidad del acto mediante el cual se pretende dar cumplimiento, al no haber formado parte de los efectos materia de la concesión. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Jorge Alberto Sánchez Islas mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 2 y 3), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad responsable que a continuación se precisan (fojas 2 y 3): "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México IV. ACTOS RECLAMADOS: Detención ilegal fuera de todo procedimiento, en el operativo denominado alcoholímetro, practicada por los elementos de la policía municipal de Metepec, Estado de México." 2. Mediante sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 34 a 51), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Alberto Sánchez Islas, en contra del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia en términos del considerando quinto de esta determinación" 3. La concesión del amparo fue para el efecto de que el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, realizará lo siguiente: "(.) En tales condiciones procede a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Alberto Sánchez Islas, en contra de la determinación de diez de septiembre de dos mil dieciséis decretada por la autoridad responsable, para que deje insubsistente la sanción impuesta en su contra, consistente en un arresto por doce horas inconmutables (.)" 4. En ese tenor, mediante auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis la sentencia dictada en el presente expediente causó ejecutoria; sin embargo, la responsable el pasado veinticinco de octubre de la presente anualidad (foja 59) remitió las constancias con las cuales a su consideración dio cumplimiento dado al fallo protector, por lo que se reservó acordar lo conducente hasta que dicha resolución adquiriera firmeza jurídica; situación que aconteció en el referido auto de ocho de los cursantes (foja 60 y 61). 5. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el pasado catorce de octubre de dos mil dieciséis, declaro insubsistente la sanción administrativa impuesta a Jorge Alberto Sánchez Islas, consistente en un arresto administrativo por doce horas inconmutables. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso Jorge Alberto Sánchez Islas, en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe realizarse en forma personalísima al quejoso, porque dicha notificación le permite al peticionario ejercitar las defensas que procedan, o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales; no menos cierto resulta que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 9 a 12), se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese la notificación de esta determinación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    viii. Vista la certificación de cuenta evidencia que las partes no recurrieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el catorce de octubre del presente año, mediante la cual se resolvió amparar y proteger al quejoso Jorge Alberto Sánchez Islas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, bien mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 59), se reservó acordar lo conducente en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable por las cuales acredita el cabal cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo hasta en tanto la sentencia dictada en el presente juico se declara firme y en virtud de que lo anterior ya aconteció, se levanta la reserva decretada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la Justicia Federal, dése vista por el plazo de tres días legalmente computado al quejoso, a fin de que manifieste lo que a su derecho e interés convenga respecto del cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable al fallo protector. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe realizarse en forma personalísima al quejoso, porque dicha notificación le permite al peticionario ejercitar las defensas que procedan, o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales; no menos cierto resulta que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 9 a 12), se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese la notificación de esta determinación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por medio de lista al quejoso. Así lo proveyó y firma, Gladys Oriana Castañeda Jardón, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Encargada del Despacho por licencia otorgada al Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/6584/2016, de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza, firma y da fe. Doy fe. Chuy/Fer

  4. Principal

    VIII. agréguense a los autos para que surta los efectos legales conducentes los oficios signados en su orden por el Director de Seguridad Pública y Tránsito así como por el Oficial Calificador encargado del Tercer Turno ambos del Municipio de Metepec, Estado de México, por el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juico remiten diversas continencias con las cuales acreditan el cumplimiento dado a esta. En esas condiciones resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la resolución de mérito se declare firme o en su caso las partes interpongan alguno de los medios de impugnación contemplados en la Ley de la materia.

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