Jorge Alberto Salas Sánchez
Expediente 1717/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1717/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 02/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Alberto Salas Sánchez
- Jorge Alberto Salas Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
... la razón actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la tercero interesada Rosa Uribe Ramírez, el proveído de treinta y uno de agosto de esta anualidad, por las razones ahí expuestas; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista de acuerdos que en lo conducente dice: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Expuesto lo anterior, debe decirse que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 74 a la 89), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Jorge Alberto Salas Sánchez, Miguel Pablo Salas Mercado y Cecilia Sánchez Hernández. La citada ejecutoria no fue recurrida, por lo que mediante acuerdo de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, y se requirió al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la materia, en el improrrogable plazo de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 107 y 108). Mediante oficio datado el diez de agosto de esta anualidad, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito y remitió las constancias relativas al mismo (fojas 114 a la 128); por lo anterior, por acuerdo de diecisiete de agosto de esta anualidad, se dio vista a los quejosos y a la tercero interesada por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con ello (fojas 130 y 131), quienes fueron debidamente notificados el veintidós y veinticuatro de agosto último (foja 137 y 141), sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. En esa tesitura, del análisis a la sentencia de amparo, se desprende toralmente que los motivos por los que fue concedida la protección federal a Jorge Alberto Salas Sánchez, Miguel Pablo Salas Mercado y Cecilia Sánchez Hernández, consistieron en: "En vista de lo anterior, por las deficiencias de forma anotadas, debe concluirse que el acto reclamado es violatorio del derecho humano de legalidad de los quejosos y, en consecuencia, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Cuarto de Primera Instancia con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, deje insubsistente el auto de veintidós de octubre de dos mil quince; y, en su lugar, emita uno nuevo en la que, tomando en consideración los razonamientos expresados en este fallo, funde y motive debidamente su determinación en el sentido de imponer la medida de apremio reclamada a los impetrantes, esto es, deberá individualizar la imposición de la medida, tomando en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos antes precisados." En esa tesitura, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante el oficio en comento remitió a este órgano jurisdiccional copias certificadas del proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, en el que por una parte dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veintidós de octubre de dos mil quince dictado en el juicio civil 825/2013 de su índice; y, una vez analizadas las constancias del referido juicio natural, decretó orden de arresto en contra de los impetrantes del amparo Jorge Alberto Salas Sánchez, Miguel Pablo Salas Mercado y Cecilia Sánchez Hernández, consistente en dos horas para el citado en primer término y dos horas y media para los diversos quejosos, precisando de manera fundada y motivada las razones y circunstancias por las cuales en el caso, procedía la imposición de dicha medida de apremio, al no haber dado cumplimiento a los requerimientos que les fueron hechos por parte del juez responsable, con el fin de que entregaran a la menor de identidad reservada a su progenitora. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia de amparo; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y, por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, haciendo conservables el acuerdo y resolución correspondientes. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional ambos cuadernos. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica otorgada al licenciado Arnulfo Moreno Flores, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del treinta y uno de agosto al tres de septiembre de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/3774/2016 de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
... Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada...
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el plazo de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando las partes no desahoguen dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...
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