Jorge Alberto Romero González
Expediente 1180/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jorge Alberto Romero González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SE NOTIFCIA POR LISTA AL QUEJOSO. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, las consecuencias de la protección constitucional, son para que: El Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra del aquí quejoso desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; debiendo restituirle al quejoso la propiedad del inmueble ubicado en circuito de Los Dátiles número 29 del Fraccionamiento Joyas del Desierto, III etapa, de esta ciudad. Lo que implica también dejar sin efecto la diversa escritura pública número quinientos cincuenta y ocho, del treinta de diciembre de dos mil catorce, pasado ante la fe del notario público número veintidós, licenciado Enrique J. Cota Alvarado, mediante la cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores celebró contrato de compraventa con Nancy Selene Reyes Cornejo, respecto del inmueble precitado (fojas 104 a 116). (.) Concesión que también debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Notificador-Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal y al Director Registrador del Registro Público de la Propiedad, ambas con residencia en esta ciudad, al no reclamarse, por vicios propios y sí en cambio hallarse vinculados con los de las responsables ordenadoras, tenidos por inconstitucionales". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad las constancias que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las documentales remitidas por el Director Registrador del Registro Público de esta ciudad y Secretario de Oficina de su adscripción, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, se advierte que canceló la inscripción 25294, libro 253, sección IV, adjudicado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, restituyéndose a su antiguo dueño Jorge Alberto Romero González, bajo la partida 25294, libro 253, sección IV. Por su parte, la Tesorería Municipal, Jefa del Departamento de Rezagos y Ejecuciones y Notificador Ejecutor de su adscripción, declararon insubsistente el crédito fiscal con número de folio 20120814369 con clave 097-004-031-012, así como todo lo actuado con posterioridad. En virtud de lo anterior, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como se precisó cumplieron con la obligación a que se les constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.
- Principal
se notifica por lista a la tercero interesada Nancy Selene Reyes Cornejo: Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, las consecuencias de la protección constitucional, son para que: El Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra del aquí quejoso desde la diligencia de emplazamiento hasta su última actuación; debiendo restituirle al quejoso la propiedad del inmueble ubicado en circuito de Los Dátiles número 29 del Fraccionamiento Joyas del Desierto, III etapa, de esta ciudad. Lo que implica también dejar sin efecto la diversa escritura pública número quinientos cincuenta y ocho, del treinta de diciembre de dos mil catorce, pasado ante la fe del notario público número veintidós, licenciado Enrique J. Cota Alvarado, mediante la cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores celebró contrato de compraventa con Nancy Selene Reyes Cornejo, respecto del inmueble precitado (fojas 104 a 116). (.) Concesión que también debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Notificador-Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal y al Director Registrador del Registro Público de la Propiedad, ambas con residencia en esta ciudad, al no reclamarse, por vicios propios y sí en cambio hallarse vinculados con los de las responsables ordenadoras, tenidos por inconstitucionales". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad las constancias que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las documentales remitidas por el Director Registrador del Registro Público de esta ciudad y Secretario de Oficina de su adscripción, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, se advierte que canceló la inscripción 25294, libro 253, sección IV, adjudicado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, restituyéndose a su antiguo dueño Jorge Alberto Romero González, bajo la partida 25294, libro 253, sección IV. ...
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Primera Síndica y representante legal del Ayuntamiento de Torreón, Tesorero Municipal y Director Registrador del Registro Público y secretaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con los oficios precisados, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y a los oficios de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio...
- Principal
Se notifica al quejoso. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Primera Síndica y representante legal del Ayuntamiento de Torreón, Tesorero Municipal y Director Registrador del Registro Público y secretaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con los oficios precisados, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y a los oficios de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio...
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