Jorge Alberto Rivera López

Expediente 965/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
965/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Rivera López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por Jorge Alberto Rivera López, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veintiocho de septiembre del año en curso; en atención a su contenido se acuerda: Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio la parte quejosa reclama, lo siguiente: 1. El oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia. 2. El acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se ordenó girar oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa, asimismo, se acordó requerir al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; apercibiendo al quejoso que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. Causal de improcedencia. En el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Caso concreto. Como se mencionó, la parte quejosa reclama: 1. El oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia. 2. El acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se ordenó girar oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa, asimismo, se acordó requerir al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; apercibiendo al quejoso que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. De lo anterior, se evidencia que dichas determinaciones no son actos de ejecución irreparable, pues solo surten efectos procesales, pero no afectan derechos sustantivos; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. Toda vez que no afectan sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo señala la fracción V del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo; antes bien, únicamente se trata de una determinación que incide en lo puramente procesal, pues en ella se dio inicio de la fase de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del inconforme, al haber adquirido firmeza, en términos de los preceptos 100, 101, 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual resulta aplicable, con independencia de que el proceso penal se hubiere tramitado bajo las normas que rigen el sistema tradicional. Lo anterior, porque ese apercibimiento no puede considerarse como un acto privativo, pues únicamente constituye una prevención o advertencia, cuya materialización se encuentra supeditada a que el obligado asuma una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo; entonces, es claro que ese acto reclamado, por el que solamente se dio inicio a la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria, y se apercibió al quejoso en los términos apuntados, no extingue ni modifica sus derechos, ya que solo constituye un aviso que se hace a la persona requerida de la consecuencia que tendría si no acata la determinación apuntada, la cual es de realización futura e incierta, por lo que no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del peticionario del amparo; por tanto, en modo alguno afecta su esfera jurídica y, en ese sentido, el juicio de amparo es improcedente. Asimismo, resulta improcedente el amparo promovido contra el oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia; por no revestir la característica de imposible reparación, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal acto no violenta derecho fundamental de libertad alguno, pues con el mismo, únicamente se envió el proceso penal al Juez competente para conocer de la etapa de ejecución, y se dio inicio a la misma, por lo que tales determinaciones, per se, no impiden el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el de libertad, para que puedan analizarse en la vía constitucional. Mismas consideraciones sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/2019, relacionado con el juicio de amparo 375/2019-VII, del índice de este juzgado. Decisión Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se giró oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa y el exhorto girado al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se apercibió al quejoso que de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por Jorge Alberto Rivera López, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veintiocho de septiembre del año en curso; en atención a su contenido se acuerda: Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio la parte quejosa reclama, lo siguiente: 1. El oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia. 2. El acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se ordenó girar oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa, asimismo, se acordó requerir al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; apercibiendo al quejoso que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. Causal de improcedencia. En el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Caso concreto. Como se mencionó, la parte quejosa reclama: 1. El oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia. 2. El acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se ordenó girar oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa, asimismo, se acordó requerir al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; apercibiendo al quejoso que, de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. De lo anterior, se evidencia que dichas determinaciones no son actos de ejecución irreparable, pues solo surten efectos procesales, pero no afectan derechos sustantivos; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. Toda vez que no afectan sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo señala la fracción V del transcrito artículo 107 de la Ley de Amparo; antes bien, únicamente se trata de una determinación que incide en lo puramente procesal, pues en ella se dio inicio de la fase de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del inconforme, al haber adquirido firmeza, en términos de los preceptos 100, 101, 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual resulta aplicable, con independencia de que el proceso penal se hubiere tramitado bajo las normas que rigen el sistema tradicional. Lo anterior, porque ese apercibimiento no puede considerarse como un acto privativo, pues únicamente constituye una prevención o advertencia, cuya materialización se encuentra supeditada a que el obligado asuma una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo; entonces, es claro que ese acto reclamado, por el que solamente se dio inicio a la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria, y se apercibió al quejoso en los términos apuntados, no extingue ni modifica sus derechos, ya que solo constituye un aviso que se hace a la persona requerida de la consecuencia que tendría si no acata la determinación apuntada, la cual es de realización futura e incierta, por lo que no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del peticionario del amparo; por tanto, en modo alguno afecta su esfera jurídica y, en ese sentido, el juicio de amparo es improcedente. Asimismo, resulta improcedente el amparo promovido contra el oficio 315/2021 de once marzo de dos mil veintiuno, deducido de la causa penal 62/2016, a través del cual el Juez Segundo del Ramo Penal, de esta ciudad, ordenó la remisión de dicha causa a efecto de iniciar el trámite de ejecución de sentencia; por no revestir la característica de imposible reparación, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal acto no violenta derecho fundamental de libertad alguno, pues con el mismo, únicamente se envió el proceso penal al Juez competente para conocer de la etapa de ejecución, y se dio inicio a la misma, por lo que tales determinaciones, per se, no impiden el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el de libertad, para que puedan analizarse en la vía constitucional. Mismas consideraciones sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/2019, relacionado con el juicio de amparo 375/2019-VII, del índice de este juzgado. Decisión Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acuerdo dictado en el expediente 31/2021, del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a través del cual se requirió al quejoso para que se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena, y se giró oficio al Vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional de Electores para hacer de su conocimiento la suspensión de los derechos políticos de la parte quejosa y el exhorto girado al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se apercibió al quejoso que de no dar cumplimiento con lo anterior, se libraría orden de reaprehensión en su contra. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese el escrito presentado por Jorge Alberto Rivera López, por el que pretende dar cumplimiento al proveído de veintiocho de septiembre del año en curso y, en atención a su contenido se acuerda: Subsiste prevención. En el auto de prevención veintiocho de septiembre del presente año, se le solicitó a la parte quejosa, para el efecto de que: "-Manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, sucinta y detallada todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, ya que menciona que es quejoso en el amparo directo en revisión 51/2021, interpuesto ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; sin embargo, no se advierte de donde deriva dicho medio de impugnación. -Manifieste si señala como autoridades responsables ejecutoras al Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y de ser así, precise el acto que le reclame a dichas autoridades. Lo anterior, atendiendo a que de la lectura de los actos reclamados precisados en la demanda de cuenta, se advierte que señala, entre otros, el oficio girado para la suspensión de sus derechos políticos, así como la cuantificación y reparación del daño, relacionados con la ejecución de sentencia de la pena impuesta al quejoso". Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, en el término de cinco días, se tendría por no presentada la demanda de garantías. Ahora bien, en su escrito de cuenta, en el punto uno manifiesta los antecedentes de los actos reclamados, sin embargo omitió manifestar si señala o no como autoridades responsables ejecutoras al Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y al Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y de ser así, el acto que les reclame a dichas autoridades. Así mismo, deberá precisar el acto que reclama de la Seunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que señala en su escrito aclaratorio, toda vez que omitió señalarlo. Por ende, no ha lugar a tener por cumplido en forma total el requerimiento de que se trata. En consecuencia, subsiste el requerimiento y apercibimiento de veintiocho se septiembre del año que transcurre. Hágase del conocimiento a la parte quejosa que continúa corriendo el término concedido, en auto veintiocho de septiembre de este año, que le fue notificado por lista el cinco de octubre de este año, surtiendo sus efectos el seis siguiente; por lo que el plazo de cinco días transcurría del siete al catorce del año en curso, sin embargo, en ocho de este mes y año, presentó ocurso en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado once siguiente a este juzgado, interrumpiendo dicho plazo, por lo que cuenta con tres días más a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, los cuales empezarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese personalmente.

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