Jorge Alberto Ramos Carranza

Expediente 857/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
857/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Ramos Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    II... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    II... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto ..., por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 857/2022-II. En ese orden de ideas, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y/o captura, así como su ejecución. Ahora, el suscrito considera actualizada la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que da lugar a desechar de plano la demanda, en virtud de evidenciarse la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XIV, en relación con el 17, de la Ley de Amparo. En relación a ello, es conveniente precisar que los artículos 18, 20 y 22 de la propia ley estipulan los plazos para promover juicio biinstancial. De los preceptos legales citados, se advierte por regla general que el juicio constitucional deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a los peticionarios de amparo del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. Plazo que se contará en días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada ley. En ese sentido, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, a excepción de las reglas descritas, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en el caso concreto se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de junio de dos mil veintidós. Por tanto, es inconcuso que la demanda de amparo resulta extemporánea, en virtud que por lo menos desde la fecha citada, tuvo conocimiento del acto reclamado. Esto es, conforme a la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del propio ordenamiento legal, el término para presentar su demanda de amparo trascurrió con exceso, pues el ocurso que se provee fue presentado hasta el quince de julio de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común que obra en el escrito de demanda. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues de manera clara se advierte que transcurrieron más de quince días desde la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado (quince de junio de dos mil veintidós) hasta la fecha en que ingresó el escrito que ahora se acuerda; de ahí que, el plazo para presentar su demanda transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio del presente año, descontando los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de junio, dos y tres de julio, por haber sido inhábiles, todos del año en curso. Además que, al no encontrarse el acto reclamado dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que transcurrió en exceso el término establecido en la ley de la materia y su presentación resulta extemporánea. En efecto, en el presente caso no se surte alguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haber promovido el juicio de amparo en el término establecido en el artículo 17 de la citada ley, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82, del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con el usuario "YESICAMANRIQUE" como expresamente lo solicita quejoso, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. De igual manera, de conformidad con el numeral 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza al solicitante consultar vía electrónica las actuaciones del presente juicio de amparo, con el usuario señalado en párrafos precedentes. De igual forma se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a los profesionistas que menciona, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. Finalmente, de acuerdo a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello quien deberá dejar copia de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.

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