Jorge Alberto Ramírez Ruiz

Expediente 811/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
811/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Ramírez Ruiz
  • Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase al Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en la localidad, informando que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso en el presente asunto, contra la determinación pronunciada por este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, quedando registrado como queja 196/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el medio de impugnación interpuesto se encuentra debidamente notificado; de tal manera, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, como anexo al informe justificado que se rinda, al Tribunal de Alzada en turno, a fin de que se substancie dicho recurso. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese copia a los autos para que obre como legalmente corresponda, y téngase al licenciado ********************, con el carácter que dice tener de defensor particular del directo quejoso ********************interponiendo recurso de queja contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, copia certificada de las constancias del expediente original de este juicio de amparo, como anexo al informe justificado que se rinda, original del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, y las restantes copias de dicho escrito distribúyanse entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y CÚMPLASE.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo indirecto signado por ********************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************contra el acto que reclama al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el libro de gobierno electrónico, bajo el juicio de amparo ********************Ahora bien, en el caso, el suscrito estima que se actualizan motivos manifiestos e indudables de improcedencia, suficientes para desechar de plano la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Es aplicable a lo anteriormente reseñado, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Asimismo, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el presente controvertido constitucional, la parte quejosa señala como actos reclamados: "III. Autoridades responsables y IV Acto reclamado a cada una de ellas: Se señalan como autoridad responsable y actos reclamados a: Ordenadora 1.-C. JUEZ DE DISTRITO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ; reclamo la resolución emitida en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a mi patrocinado.." Ahora bien, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De dicho numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Además, la causal aludida debe interpretarse en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en un juicio constitucional o en ejecución de las mismas, ya sea en el juicio principal o en el incidente de suspensión. Ello, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida fue que se ejerciera un control sobre otro control concentrado de constitucionalidad, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la estabilidad y seguridad jurídica que se requiere para lograr la armonía social. En ese sentido, tal hipótesis de improcedencia encuentra su justificación en la imposibilidad de someter a control constitucional la conducta de un juez encargado a su vez de ejercer otro control en la vía extraordinaria prevista a favor de los gobernados, esto es, respecto de actos u omisiones de las autoridades cuando actúen como órganos de control de regularidad constitucional, o bien, en ejecución de sus determinaciones o resoluciones. Máxime que las irregularidades en que pudieran incurrir los jueces federales o autoridades auxiliares al tramitar o resolver un juicio de amparo, constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos estatuidos en la propia Ley de Amparo, que pueden ser interpuestos por el afectado, aunque no sea parte en el juicio respectivo. Tienen aplicación las tesis siguientes: "Registro digital: 218552 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: I.4o.A.44 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Septiembre de 1992, página 285 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable." "Registro digital: 203421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XII.1o.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 305 Tipo: Aislada JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." "Registro digital: 267376 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen L, Tercera Parte, página 21 Tipo: Aislada ACTOS RECLAMADOS DERIVADOS DE UNA RESOLUCION INCIDENTAL EN JUICIO DE GARANTIAS. Si los actos reclamados se originaron con motivo de haberse dictado una resolución incidental en relación con un juicio de amparo anterior, en la que se concedió la suspensión de los actos reclamados a la quejosa en el citado juicio de garantías, procede confirmar el sobreseimiento dictado en el nuevo juicio de amparo con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 73 del mismo ordenamiento, que establece la causal de improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, disposición que tiene exacta aplicación por derivarse los actos reclamados de una resolución incidental suspensiva dictada en un juicio de garantías." Además, de acuerdo con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, así como de actos y omisiones de autoridades administrativas que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y las garantías otorgadas para su protección; de lo que se deriva que el juicio constitucional requiere para su procedencia no sólo de la existencia de un acto de autoridad (positivo o negativo) o de una norma jurídica del que se pueda predicar una probable violación a los derechos humanos, sino que además se trate de un acto de autoridad apto para su conocimiento judicial, debiendo entenderse por tal, aquél proveniente de autoridades y siempre que no se hayan emitido en acatamiento o en ejecución de resoluciones dictadas en el juicio de control constitucional o en el incidente de suspensión deducido del mismo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: ( La resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el proceso penal ********************, por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al quejoso. Por otra parte, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este Juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********************en el que el acto reclamado es la resolución dictada en audiencia de tres de agosto del año en curso, que niega la inaplicación y revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso ********************dentro de los autos del proceso penal ********************. Asimismo, en resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintitrés emitido en el incidente de suspensión derivado de ese juicio de amparo, se concedió la suspensión definitiva en los siguientes términos: "En consecuencia, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que ahora la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de inmediato proceda a fijar una audiencia de revisión de la medida cautelar, como también dice el impetrante lo solicitó y, prescindiendo de las consideraciones que adoptó en la resolución emitida en audiencia celebrada el tres de agosto del año en curso, en la que determinó que no era procedente la solicitud de la defensa respecto a la inaplicación y revisión de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al directo quejoso, ********************dicte otra diferente a ésta; es decir la que considere razonablemente adecuada, siguiendo los lineamientos de esta resolución, en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado, ahora quejoso, en el procedimiento, garantizar la seguridad de las víctima u ofendidos o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. No impacta en esta resolución que la parte quejosa manifieste que con posterioridad al haber iniciado la audiencia el Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, decidió que no era procedente la solicitud de la defensa respecto a la inaplicación y revisión de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al directo quejoso, ******************** y por ende, continuara la prisión preventiva que impuso antes y que el juez se haya negado al resolver que quedaba subsistente esa medida, porque al final esta es una subsecuente de la decisión que aquí se reclama y no gozan de independencia, porque se produjo en el mismo contexto de la audiencia reclamada. En estricto cumplimiento a lo anterior, se solicita al Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de TRES DÍAS siguiente a la notificación de este proveído, acredite el cumplimiento dado a la resolución que concedió la medida cautelar al quejoso respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (.)" Luego, mediante oficio RDOO/1103/2023 la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad, informó las medidas que adoptó en cumplimiento a la suspensión decretada, y anexó un disco versátil digital de cuyo contenido se aprecia que, efectivamente, se citó a las partes a una audiencia de revisión de medida cautelar, la cual fue celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés en la que se dio el uso de la voz a las partes, quienes debatieron al respecto y concluida su intervención, la Juez de control analizó la solicitud e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por ende, en acuerdo dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés en el incidente de suspensión ******************** se tuvo al juez responsable informando la decisión de la medida tomada para el cumplimiento de la suspensión definitiva. De lo anterior, deviene indubitable que la determinación emitida el diecisiete de agosto dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, por el Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se trata de una determinación que se emitió en ejecución de una resolución dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso contra la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintitrés, dentro de los autos del mismo proceso penal, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año. Es decir, en el referido incidente se concedió la suspensión a efecto que se citara a las partes a una audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se les diera intervención para exponer lo que en derecho estimaran pertinente; y hecho lo anterior, determinara lo que legalmente procediera. Y precisamente en la determinación de diecisiete de agosto del presente año, que por esta vía se pretende combatir, se dio cumplimiento a la suspensión decretada en esos términos; por lo que se trata de una medida transitoria en la que se otorgó al quejoso una restitución provisional de sus derechos, subsistente hasta que cause ejecutoria el fallo que se emita en el juicio de amparo ******************** y, en el supuesto, de obtener resolución desfavorable el quejoso -por ejemplo un sobreseimiento-, la autoridad responsable ordenadora, si lo estima pertinente, puede dejar insubsistentes los beneficios transitorios decretados y seguir confiriéndole efectos jurídicos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como decretar las acciones que estime pertinentes para que continúe dicha medida en los términos que establezca. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, colonia ********************, en esta ciudad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a ******************** y en términos restringidos del citado numeral a ********************. Asimismo, se le tiene señalando como medios alternos de comunicación el correo electrónico ******************** y los números telefónicos ******************** y ********************. Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el usuario "********************", para que acceda al expediente electrónico del presente juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se ordena al Oficial encargado del Sistema de Seguimiento de Expedientes haga el alta respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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