Jorge Alberto Quinto Zamorano
Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Alberto Quinto Zamorano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de seis de junio del presente año, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el doce de junio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, para los efectos siguientes: "[.] .la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 5/2022, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" Mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Seguidamente, en auto de seis de junio actual se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, ya que por oficio número 2780 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de interlocutoria de misma data, dictado en autos del juicio ordinario civil 5/2022 de su estadística (antes 1312/2018-I del índice del extinto Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del distrito judicial de Coatzacoalcos, con residencia en Minatitlán Veracruz), por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés, y con plenitud de jurisdicción resolvió de nueva la reclamación interpuesta por el demandado (aquí quejoso) y prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De la resolución anteriormente referida, se advierte que el juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el deudor alimentista, y redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar medio salario a favor, quedando subsistente los dos salarios mínimos fijados a favor de menor acreedor de iniciales J.A.Q.P., de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primero término, el juez señaló que la reclamación es un medio de defensa para tratar, en su caso, de equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia se haya decretado, pudiendo modificarse la pensión inicial, siempre y cuando se hayan allegado material probatorio suficiente que lo justifique, sobre hechos que el juzgador no haya tomado en consideración al momento de fijarla, con la condición de que tales probanzas sean idóneas para tal fin, de conformidad con el artículo 210 del Código Procesal Civil. Asimismo, invocó los numerales 100, 233, 234, 239, 242 y 244 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, que rigen la institución de los alimentos, que establecen el vínculo que debe acreditarse para ejercitar la acción de alimentos, el rubro que comprenden los alimentos, así como el principio de proporcionalidad que debe atenderse para el otorgamiento de los mismos. Seguidamente, el Juez responsable analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, constancias procesales y documentos exhibidos, elementos de convicción que dada la etapa procesal, les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 653 y 671 del Código Civil, 235 fracción II, 261 fracciones II y IV, 262 y 266 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz. Entonces así, el juez tuvo por acreditado el vínculo que une al menor alimentario con el alimentante, en calidad de hijo de este último, con la partida registral exhibida por la actora; teniendo a su favor la presunción de la necesidad de alimentos. Asimismo, tuvo por justificado la necesidad-posibilidad y capacidad económica del obligado alimentario, con los informes recibidos, en el inter del emplazamiento a juicio y contestación de la demanda, tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Ahora bien, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, el juez dijo advertir, que el menor acreedor se encuentra inscrito en escuela pública, cursando su instrucción primaria, aunado a ello, ambos progenitores cuentan con ingresos económicos con los cuales pueden solventar de manera conjunta las necesidades alimentarias de su descendiente. De igual forma, dijo quedar evidenciada la existencia de otra carga alimentaria sobre los alcances salariales del deudor alimentista, respecto de una diversa hija de nombre Michelle de la Paz Quinto Corona, según advierte el propio deudor, descuento equivalente al cuarenta por ciento de salario y demás prestaciones que percibe de su fuente de trabajo. De igual forma, si bien acredita estar casado con diversa persona, no demuestra que la cónyuge también resulte ser su dependiente económica, así como tampoco, evidencia la existencia de otra unión de hecho, con persona distinta a la actora; y respecto a los gastos de estudio de su hija Yamilet Quinto Prieto, el juez dijo advertir que es su progenitora quien realiza tales erogaciones, no así el demandado, al no aportar probanza alguna que justifique su manifestación en tal sentido. Respecto a las manifestaciones vertidas por el reclamante, en el sentido de que actualmente no está percibiendo ingresos por parte de la empresa de productos lácteos y derivados Jorquino; si bien es cierto que nio cosntan en el sumario que el deudor haya efectuado sus declaraciones ante el SAT, en los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecisiete, ello no implica que no obtenga ganancias económicas de dicha empresa de su propiedad, pues no existe probanza con la que demuestre que hubiera dado de baja su actividad empresarial registrada ante la autoridad fiscal. Luego, partiendo de la base que este estadio procesal versa sobre la proporcionalidad y posibilidad de los alimentos, no así sobre el derecho o no a su obtención, al ser una circunstancia a dilucidar de fondo, al no quedar de manifiesto la relación concubinaria aducida por la actora, quien además, cuenta con capacidad económica, según se advierte del estado de cuenta que la misma aporta; el juez consideró improcedente el reclamo en el pago de alimentos que se viene exigiendo a título personal; empero, al no permitir esta etapa procedimental la cancelación de los alimentos decretados en la especie, corresponde la aplicación del factor denominado mínimo permitido de la cantidad líquida que le corresponde de manera provisional. En ese orden de ideas, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecidas en el artículo 242 del Código Civil para el Estado, el juez responsable consideró justo y equitativo y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva respecto de su procedencia, REDUCIR la pensión alimenticia provisional fijada en la especie. Aunado a lo anterior, destacó que inicialmente se fijó un porcentaje de sueldo y demás prestaciones que venía obteniendo el deudor alimentista, al desempeñar el cargo público como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, que a la fecha, dado que su ejercicio feneció al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ha quedado sin efectos, al no obtener ya tal ingreso económico. Por otro lado, se determinó, como pensión alimenticia en cantidad líquida, el equivalente a tres salarios mínimos diarios de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique, desglosándose en dos salarios mínimos a favor de menor acreedor, y un salario a favor de la actora. Por tanto, al existir la presunción de la actividad empresarial antes indicada, el juez responsable redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar MEDIO SALARIO MÍNIMO a favor de la demandante, quedando subsistente los DOS SALARIOS MÍNIMOS a favor del menor acreedor, de iniciales J.A.Q.P., representado por su progenitora, de las ganancias económicas que obtenga el deudor alimentista -aquí quejoso- Jorge Alberto Quinto Zamorano, al quedar demostrado que ambos progenitores tienen posibilidades económicas para coadyuvar con los gastos alimentarios de su menor hijo. Lo anterior, sin que la actora justificara la insuficiencia de sus percepciones para así obtener una pensión alimenticia a su favor, aunado a que el reo cuenta con otra alimentaria más, quien venía obteniendo una pensión decretada judicialmente a su favor, aun cuando el deudor alimentista haya dejado de percibir ingresos salariales al haber concluido su encargo público en el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pues a pesar de que refiera no obtener ganancias económicas, no desvirtúa el hecho de que la empresa de su propiedad, aún se encuentra fiscalmente activa. Por último, el juez responsable dijo advertir que el infante se desenvuelve en un status social medio, por tanto, consideró que la suma fijada provisionalmente, resulta suficiente para cubrir las necesidades vitales o precarias del menor acreedor de referencia, indispensable para solventarle una vida decorosa, sin lujos, suficientes para desenvolverse en el estatus social al que pertenece. Finalmente, considerando que la actora también cuenta con ingresos económicos, lo que se desprende del estado de cuenta que ofreció, no obstante que no indique su fuente laboral; además de que las actuaciones se deprende que ambos pleitistas viven en forma separada, por lo que la cantidad inicial fijada en concepto de pensión alimenticia, sí puede constituir un factor de empobrecimiento con respecto al obligado a suministrar alimentos, resultando la reclamación intentada como quedó asentado en párrafos precedentes. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictó otra, en la que tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecida en el numeral 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, redujo la pensión alimenticia líquida provisional, respecto de la actora por su propio derecho, quedando subsistente la fijada a favor del menor acreedor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el doce del actual, en el sentido que la carga alimentaria total del menor acreedor, hijo en común de los contendientes, ha quedado únicamente a cargo del aquí quejoso. Al respecto, debe decirse , que conforme con lo dispuesto por el artículo 240 del Código Civil en vigor, las formas de cumplir con la obligación alimentaria son asignando una pensión o incorporando al acreedor al hogar, por tanto, si el menor hijo de los contendientes vive al lado de su progenitora, debe estimarse que de ella los recibe de manera directa por ser quien lo tiene incorporado a su hogar, en tanto que al progenitor por no vivir con él corresponde destinar una parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Entonces, contrario a la manifestaciones vertidas por el quejoso, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 85 a 87 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica a la parte tercero interesada por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 57/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de seis de junio del presente año, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el doce de junio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, para los efectos siguientes: "[.] .la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 5/2022, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" Mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Seguidamente, en auto de seis de junio actual se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, ya que por oficio número 2780 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de interlocutoria de misma data, dictado en autos del juicio ordinario civil 5/2022 de su estadística (antes 1312/2018-I del índice del extinto Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del distrito judicial de Coatzacoalcos, con residencia en Minatitlán Veracruz), por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés, y con plenitud de jurisdicción resolvió de nueva la reclamación interpuesta por el demandado (aquí quejoso) y prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De la resolución anteriormente referida, se advierte que el juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el deudor alimentista, y redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar medio salario a favor, quedando subsistente los dos salarios mínimos fijados a favor de menor acreedor de iniciales J.A.Q.P., de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primero término, el juez señaló que la reclamación es un medio de defensa para tratar, en su caso, de equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia se haya decretado, pudiendo modificarse la pensión inicial, siempre y cuando se hayan allegado material probatorio suficiente que lo justifique, sobre hechos que el juzgador no haya tomado en consideración al momento de fijarla, con la condición de que tales probanzas sean idóneas para tal fin, de conformidad con el artículo 210 del Código Procesal Civil. Asimismo, invocó los numerales 100, 233, 234, 239, 242 y 244 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, que rigen la institución de los alimentos, que establecen el vínculo que debe acreditarse para ejercitar la acción de alimentos, el rubro que comprenden los alimentos, así como el principio de proporcionalidad que debe atenderse para el otorgamiento de los mismos. Seguidamente, el Juez responsable analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, constancias procesales y documentos exhibidos, elementos de convicción que dada la etapa procesal, les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 653 y 671 del Código Civil, 235 fracción II, 261 fracciones II y IV, 262 y 266 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz. Entonces así, el juez tuvo por acreditado el vínculo que une al menor alimentario con el alimentante, en calidad de hijo de este último, con la partida registral exhibida por la actora; teniendo a su favor la presunción de la necesidad de alimentos. Asimismo, tuvo por justificado la necesidad-posibilidad y capacidad económica del obligado alimentario, con los informes recibidos, en el inter del emplazamiento a juicio y contestación de la demanda, tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Ahora bien, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, el juez dijo advertir, que el menor acreedor se encuentra inscrito en escuela pública, cursando su instrucción primaria, aunado a ello, ambos progenitores cuentan con ingresos económicos con los cuales pueden solventar de manera conjunta las necesidades alimentarias de su descendiente. De igual forma, dijo quedar evidenciada la existencia de otra carga alimentaria sobre los alcances salariales del deudor alimentista, respecto de una diversa hija de nombre Michelle de la Paz Quinto Corona, según advierte el propio deudor, descuento equivalente al cuarenta por ciento de salario y demás prestaciones que percibe de su fuente de trabajo. De igual forma, si bien acredita estar casado con diversa persona, no demuestra que la cónyuge también resulte ser su dependiente económica, así como tampoco, evidencia la existencia de otra unión de hecho, con persona distinta a la actora; y respecto a los gastos de estudio de su hija Yamilet Quinto Prieto, el juez dijo advertir que es su progenitora quien realiza tales erogaciones, no así el demandado, al no aportar probanza alguna que justifique su manifestación en tal sentido. Respecto a las manifestaciones vertidas por el reclamante, en el sentido de que actualmente no está percibiendo ingresos por parte de la empresa de productos lácteos y derivados Jorquino; si bien es cierto que nio cosntan en el sumario que el deudor haya efectuado sus declaraciones ante el SAT, en los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecisiete, ello no implica que no obtenga ganancias económicas de dicha empresa de su propiedad, pues no existe probanza con la que demuestre que hubiera dado de baja su actividad empresarial registrada ante la autoridad fiscal. Luego, partiendo de la base que este estadio procesal versa sobre la proporcionalidad y posibilidad de los alimentos, no así sobre el derecho o no a su obtención, al ser una circunstancia a dilucidar de fondo, al no quedar de manifiesto la relación concubinaria aducida por la actora, quien además, cuenta con capacidad económica, según se advierte del estado de cuenta que la misma aporta; el juez consideró improcedente el reclamo en el pago de alimentos que se viene exigiendo a título personal; empero, al no permitir esta etapa procedimental la cancelación de los alimentos decretados en la especie, corresponde la aplicación del factor denominado mínimo permitido de la cantidad líquida que le corresponde de manera provisional. En ese orden de ideas, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecidas en el artículo 242 del Código Civil para el Estado, el juez responsable consideró justo y equitativo y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva respecto de su procedencia, REDUCIR la pensión alimenticia provisional fijada en la especie. Aunado a lo anterior, destacó que inicialmente se fijó un porcentaje de sueldo y demás prestaciones que venía obteniendo el deudor alimentista, al desempeñar el cargo público como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, que a la fecha, dado que su ejercicio feneció al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ha quedado sin efectos, al no obtener ya tal ingreso económico. Por otro lado, se determinó, como pensión alimenticia en cantidad líquida, el equivalente a tres salarios mínimos diarios de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique, desglosándose en dos salarios mínimos a favor de menor acreedor, y un salario a favor de la actora. Por tanto, al existir la presunción de la actividad empresarial antes indicada, el juez responsable redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar MEDIO SALARIO MÍNIMO a favor de la demandante, quedando subsistente los DOS SALARIOS MÍNIMOS a favor del menor acreedor, de iniciales J.A.Q.P., representado por su progenitora, de las ganancias económicas que obtenga el deudor alimentista -aquí quejoso- Jorge Alberto Quinto Zamorano, al quedar demostrado que ambos progenitores tienen posibilidades económicas para coadyuvar con los gastos alimentarios de su menor hijo. Lo anterior, sin que la actora justificara la insuficiencia de sus percepciones para así obtener una pensión alimenticia a su favor, aunado a que el reo cuenta con otra alimentaria más, quien venía obteniendo una pensión decretada judicialmente a su favor, aun cuando el deudor alimentista haya dejado de percibir ingresos salariales al haber concluido su encargo público en el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pues a pesar de que refiera no obtener ganancias económicas, no desvirtúa el hecho de que la empresa de su propiedad, aún se encuentra fiscalmente activa. Por último, el juez responsable dijo advertir que el infante se desenvuelve en un status social medio, por tanto, consideró que la suma fijada provisionalmente, resulta suficiente para cubrir las necesidades vitales o precarias del menor acreedor de referencia, indispensable para solventarle una vida decorosa, sin lujos, suficientes para desenvolverse en el estatus social al que pertenece. Finalmente, considerando que la actora también cuenta con ingresos económicos, lo que se desprende del estado de cuenta que ofreció, no obstante que no indique su fuente laboral; además de que las actuaciones se deprende que ambos pleitistas viven en forma separada, por lo que la cantidad inicial fijada en concepto de pensión alimenticia, sí puede constituir un factor de empobrecimiento con respecto al obligado a suministrar alimentos, resultando la reclamación intentada como quedó asentado en párrafos precedentes. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictó otra, en la que tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecida en el numeral 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, redujo la pensión alimenticia líquida provisional, respecto de la actora por su propio derecho, quedando subsistente la fijada a favor del menor acreedor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el doce del actual, en el sentido que la carga alimentaria total del menor acreedor, hijo en común de los contendientes, ha quedado únicamente a cargo del aquí quejoso. Al respecto, debe decirse , que conforme con lo dispuesto por el artículo 240 del Código Civil en vigor, las formas de cumplir con la obligación alimentaria son asignando una pensión o incorporando al acreedor al hogar, por tanto, si el menor hijo de los contendientes vive al lado de su progenitora, debe estimarse que de ella los recibe de manera directa por ser quien lo tiene incorporado a su hogar, en tanto que al progenitor por no vivir con él corresponde destinar una parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Entonces, contrario a la manifestaciones vertidas por el quejoso, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 85 a 87 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica el acuerdo de catorce de junio de la presente anualidad que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de seis de junio del presente año, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el doce de junio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, para los efectos siguientes: "[.] .la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 5/2022, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" Mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Seguidamente, en auto de seis de junio actual se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, ya que por oficio número 2780 de fecha treinta y uno de mayo del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada de interlocutoria de misma data, dictado en autos del juicio ordinario civil 5/2022 de su estadística (antes 1312/2018-I del índice del extinto Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, del distrito judicial de Coatzacoalcos, con residencia en Minatitlán Veracruz), por el cual dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de enero de dos mil veintitrés, y con plenitud de jurisdicción resolvió de nueva la reclamación interpuesta por el demandado (aquí quejoso) y prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De la resolución anteriormente referida, se advierte que el juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el deudor alimentista, y redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar medio salario a favor, quedando subsistente los dos salarios mínimos fijados a favor de menor acreedor de iniciales J.A.Q.P., de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primero término, el juez señaló que la reclamación es un medio de defensa para tratar, en su caso, de equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia se haya decretado, pudiendo modificarse la pensión inicial, siempre y cuando se hayan allegado material probatorio suficiente que lo justifique, sobre hechos que el juzgador no haya tomado en consideración al momento de fijarla, con la condición de que tales probanzas sean idóneas para tal fin, de conformidad con el artículo 210 del Código Procesal Civil. Asimismo, invocó los numerales 100, 233, 234, 239, 242 y 244 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, que rigen la institución de los alimentos, que establecen el vínculo que debe acreditarse para ejercitar la acción de alimentos, el rubro que comprenden los alimentos, así como el principio de proporcionalidad que debe atenderse para el otorgamiento de los mismos. Seguidamente, el Juez responsable analizó los agravios manifestados por el citado quejoso, constancias procesales y documentos exhibidos, elementos de convicción que dada la etapa procesal, les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 653 y 671 del Código Civil, 235 fracción II, 261 fracciones II y IV, 262 y 266 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz. Entonces así, el juez tuvo por acreditado el vínculo que une al menor alimentario con el alimentante, en calidad de hijo de este último, con la partida registral exhibida por la actora; teniendo a su favor la presunción de la necesidad de alimentos. Asimismo, tuvo por justificado la necesidad-posibilidad y capacidad económica del obligado alimentario, con los informes recibidos, en el inter del emplazamiento a juicio y contestación de la demanda, tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. Ahora bien, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, el juez dijo advertir, que el menor acreedor se encuentra inscrito en escuela pública, cursando su instrucción primaria, aunado a ello, ambos progenitores cuentan con ingresos económicos con los cuales pueden solventar de manera conjunta las necesidades alimentarias de su descendiente. De igual forma, dijo quedar evidenciada la existencia de otra carga alimentaria sobre los alcances salariales del deudor alimentista, respecto de una diversa hija de nombre Michelle de la Paz Quinto Corona, según advierte el propio deudor, descuento equivalente al cuarenta por ciento de salario y demás prestaciones que percibe de su fuente de trabajo. De igual forma, si bien acredita estar casado con diversa persona, no demuestra que la cónyuge también resulte ser su dependiente económica, así como tampoco, evidencia la existencia de otra unión de hecho, con persona distinta a la actora; y respecto a los gastos de estudio de su hija Yamilet Quinto Prieto, el juez dijo advertir que es su progenitora quien realiza tales erogaciones, no así el demandado, al no aportar probanza alguna que justifique su manifestación en tal sentido. Respecto a las manifestaciones vertidas por el reclamante, en el sentido de que actualmente no está percibiendo ingresos por parte de la empresa de productos lácteos y derivados Jorquino; si bien es cierto que nio cosntan en el sumario que el deudor haya efectuado sus declaraciones ante el SAT, en los ejercicios fiscales de dos mil quince a dos mil diecisiete, ello no implica que no obtenga ganancias económicas de dicha empresa de su propiedad, pues no existe probanza con la que demuestre que hubiera dado de baja su actividad empresarial registrada ante la autoridad fiscal. Luego, partiendo de la base que este estadio procesal versa sobre la proporcionalidad y posibilidad de los alimentos, no así sobre el derecho o no a su obtención, al ser una circunstancia a dilucidar de fondo, al no quedar de manifiesto la relación concubinaria aducida por la actora, quien además, cuenta con capacidad económica, según se advierte del estado de cuenta que la misma aporta; el juez consideró improcedente el reclamo en el pago de alimentos que se viene exigiendo a título personal; empero, al no permitir esta etapa procedimental la cancelación de los alimentos decretados en la especie, corresponde la aplicación del factor denominado mínimo permitido de la cantidad líquida que le corresponde de manera provisional. En ese orden de ideas, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecidas en el artículo 242 del Código Civil para el Estado, el juez responsable consideró justo y equitativo y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva respecto de su procedencia, REDUCIR la pensión alimenticia provisional fijada en la especie. Aunado a lo anterior, destacó que inicialmente se fijó un porcentaje de sueldo y demás prestaciones que venía obteniendo el deudor alimentista, al desempeñar el cargo público como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, que a la fecha, dado que su ejercicio feneció al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ha quedado sin efectos, al no obtener ya tal ingreso económico. Por otro lado, se determinó, como pensión alimenticia en cantidad líquida, el equivalente a tres salarios mínimos diarios de las ganancias económicas que obtenga por los trabajos lícitos a que se dedique, desglosándose en dos salarios mínimos a favor de menor acreedor, y un salario a favor de la actora. Por tanto, al existir la presunción de la actividad empresarial antes indicada, el juez responsable redujo la pensión alimenticia líquida, respecto de la actora María Teresa Pedroza Barrientos, por su propio derecho, consistente en un salario mínimo diario, para en su lugar decretar MEDIO SALARIO MÍNIMO a favor de la demandante, quedando subsistente los DOS SALARIOS MÍNIMOS a favor del menor acreedor, de iniciales J.A.Q.P., representado por su progenitora, de las ganancias económicas que obtenga el deudor alimentista -aquí quejoso- Jorge Alberto Quinto Zamorano, al quedar demostrado que ambos progenitores tienen posibilidades económicas para coadyuvar con los gastos alimentarios de su menor hijo. Lo anterior, sin que la actora justificara la insuficiencia de sus percepciones para así obtener una pensión alimenticia a su favor, aunado a que el reo cuenta con otra alimentaria más, quien venía obteniendo una pensión decretada judicialmente a su favor, aun cuando el deudor alimentista haya dejado de percibir ingresos salariales al haber concluido su encargo público en el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pues a pesar de que refiera no obtener ganancias económicas, no desvirtúa el hecho de que la empresa de su propiedad, aún se encuentra fiscalmente activa. Por último, el juez responsable dijo advertir que el infante se desenvuelve en un status social medio, por tanto, consideró que la suma fijada provisionalmente, resulta suficiente para cubrir las necesidades vitales o precarias del menor acreedor de referencia, indispensable para solventarle una vida decorosa, sin lujos, suficientes para desenvolverse en el estatus social al que pertenece. Finalmente, considerando que la actora también cuenta con ingresos económicos, lo que se desprende del estado de cuenta que ofreció, no obstante que no indique su fuente laboral; además de que las actuaciones se deprende que ambos pleitistas viven en forma separada, por lo que la cantidad inicial fijada en concepto de pensión alimenticia, sí puede constituir un factor de empobrecimiento con respecto al obligado a suministrar alimentos, resultando la reclamación intentada como quedó asentado en párrafos precedentes. Por tanto, con lo anteriormente expuesto, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictó otra, en la que tomando en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecida en el numeral 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, redujo la pensión alimenticia líquida provisional, respecto de la actora por su propio derecho, quedando subsistente la fijada a favor del menor acreedor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el doce del actual, en el sentido que la carga alimentaria total del menor acreedor, hijo en común de los contendientes, ha quedado únicamente a cargo del aquí quejoso. Al respecto, debe decirse , que conforme con lo dispuesto por el artículo 240 del Código Civil en vigor, las formas de cumplir con la obligación alimentaria son asignando una pensión o incorporando al acreedor al hogar, por tanto, si el menor hijo de los contendientes vive al lado de su progenitora, debe estimarse que de ella los recibe de manera directa por ser quien lo tiene incorporado a su hogar, en tanto que al progenitor por no vivir con él corresponde destinar una parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Entonces, contrario a la manifestaciones vertidas por el quejoso, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVENSE las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 85 a 87 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica a la parte tercero interesada por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le otorgó mediante proveído de seis de junio del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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