Jorge Alberto Platero Váquez
Expediente 519/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2019
Partes del expediente
- Jorge Alberto Platero Váquez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles otorgado en proveído de veintidós de octubre del año en curso, a la parte promovente para que compareciera ante este órgano jurisdiccional y ratificara el escrito registrado con folio 9454; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentado el escrito de referencia. En ese contexto, atento al contenido de la propia certificación se desprende que a la fecha transcurrió el plazo legal de cinco días hábiles, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Jorge Alberto Platero Vázquez, interpusiera recurso de queja en contra del proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa, sin que a la fecha lo haya realizado, no obstante que fue notificada de dicho auto el once del mes y año citados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veinticinco de abril de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE. Ensenada, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge Alberto Platero Vázquez, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y otras autoridades; fórmese expediente 519/2019, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo a que se refiere el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 114 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, aclare su escrito de demanda en relación a los antecedentes del acto reclamado, es decir, para que bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Único: Manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California; en la inteligencia que de ser así, deberá precisar qué acto le reclama; así como los demás requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que si bien precisa que el acto reclamado lo considera una omisión de carácter administrativo, lo cierto es que, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la omisión que se reclama de las autoridades responsables, es relativa al incumplimiento del laudo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral burocrático 401/2012-VI, del índice de dicho tribunal; esto es, se trata de una omisión vinculada al cumplimiento de una condena determinada en un laudo laboral emitido por el tribunal antes indicado y no una omisión administrativa independiente a dicho juicio. Lo anterior, a fin de fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 3709, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, con número de registro 160485, del tenor siguiente: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por el promovente y no por conducto de sus autorizados, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Quedando apercibida la parte promovente que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 307, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término." En otro tenor, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en su demanda y como autorizados de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Antonio Aguilar Gudiño, Ana Karenina Aguilar Gudiño, Teódulo Alejandro Robles Robles y Aurelio Ontiveros Anguiano, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no así Edgar Eduardo Ibarra Orozco y Gustavo Adolfo Sánchez Moreno, toda vez, que como se desprende de la certificación secretarial no cuentan con cédula profesional registrada en el citado sistema. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. .
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