Jorge Alberto Pérez Esparza

Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
46/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Pérez Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021 emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, así como el ocho, dieciséis y veintitrés de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del mismo Consejo, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, del cinco de diciembre de dos mil veinte al nueve de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, dicha suspensión de plazos no opera para los asuntos considerados como urgentes ni para los juicios que pueden ser tramitados en línea, como en el caso lo es el presente controvertido. De ahí que la presente determinación se emita en los términos antes mencionados. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente se encuentra dentro de las hipótesis que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente, una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), aparentemente promovida por ***** (quien no plasmo su firma electrónica, pues del contenido de la misma, no se observa que cuente con la evidencia criptográfica correspondiente), contra actos del Director del Centro de Readaptación Social Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno con el número 46/2021-I. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: (...) De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: (...) Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: (...) De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el caso particular, del escrito de demanda que se provee, se desprende que no cuenta con firma electrónica alguna. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que ***** no exteriorizó su voluntad para acudir a esta instancia constitucional. Pues se insiste, para los escritos de forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; así, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Por otra parte, es importante indicar que este órgano de control de la constitucionalidad no desatiende que la parte quejosa reclame una orden de traslado y su ejecución, del centro penitenciario en que actualmente se encuentra recluido a uno diverso, atribuidos a autoridades de carácter administrativo; sin embargo, dichos actos no pueden ser considerados fuera de procedimiento. Lo anterior es así, porque se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí, que se considere que el peticionario de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la supuesta orden de traslado que combate, por lo que aun y cuando tales actos afecta su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que en tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario; motivo por el cual, si dicha legislación en la actualidad prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, los actos reclamados no puede estimarse que los actos sean considerados fuera de procedimiento, ya que se insiste, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será siempre calificada con posterioridad por un juez. Sin embargo, el caso en concreto no se ajusta a las hipótesis analizadas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 154/2016 que dio origen al criterio jurisprudencial invocado, en tanto que los criterios contendientes materia de dicha controversia, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el tema relativo a si en los casos en los que se reclama una orden de traslado, sin la intervención de la autoridad judicial rectora, procede conceder la suspensión de plano, al considerarse que ésta afecta la libertad personal de manera indirecta, fuera de procedimiento, no estuvo en posibilidad de estudiar el contenido de las disposiciones legales contempladas en la legislación penitenciaria en mención. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues se insiste, del escrito de demanda no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo (considerando que el acto reclamado consiste en una orden de traslado sin ejecutar, la cual, en su caso, resultaría impugnable en términos de las reglas y medio ordinario de defensa que se encuentran contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal), y por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad del aparente quejoso al no contener la firma electrónica de éste, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial esta y cualquier otra determinación jurisdiccional.

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