Jorge Alberto Orozco Arellano
Expediente 332/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Alberto Orozco Arellano
Actuaciones
- Principal
Mesa I-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 125/2017, interpuesta por Jorge Alberto Orozco Arellano, contra el auto de seis de abril de dos mil diecisiete, por el cual, se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto, quedando firme el auto de desechamiento recurrido. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo y en virtud que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, ya que no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del citado acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa I-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. En el oficio que se atiende el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, acusa recibo del diverso oficio 16079/2017, con el que se rindió informe justificado, se remitió un legajo de copias certificadas de este expediente de amparo y los originales de los escritos de *************, con el cual interpuso queja y expresó agravios. Asimismo, informa que admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número 125/2017. Por otra parte, se hace del conocimiento de la superioridad que en este juzgado no se encuentra resolución alguna en materia de amparo contra el acto reclamado en este juicio, diversa al auto recurrido. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito del quejoso ********************, por el cual interpone recurso de queja contra el proveído de seis de abril del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, rendir el informe sobre la materia de la queja y, enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Sin que haya lugar a dar vista a las demás partes, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en razón de que el auto materia de la queja es el que desechó de plano la demanda de amparo, por lo que no fueron emplazadas. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por **********, contra actos de los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 332/2017 que le corresponde. La parte quejosa reclama de los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 341/2016, en la cual se declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el incidente de nulidad de notificaciones, relativo al expediente civil 398/2014, en el cual se declaró desierta una prueba pericial ofrecida por el quejoso, demandado en ese juicio. Ahora, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado de Distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo de improcedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 172, fracciones III y V de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que, por regla general las violaciones procesales dentro de un juicio, son impugnables a través del juicio de amparo directo, y sólo excepcionalmente, cuando se trata de actos de imposible reparación procede el amparo indirecto. Por tanto, cuando se trata de violaciones procesales, que no sean de imposible reparación, como en el caso, la resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 341/2016, en la cual se declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el incidente de nulidad de notificaciones, relativo al expediente civil 398/2014, en el cual se declaró desierta una prueba pericial ofrecida por el quejoso, demandado en ese juicio, no produce indefensión al quejoso, por tratarse de una violación al procedimiento que puede o no trascender al resultado del fallo, en su caso, procederá el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, momento en el cual, puede alegarse las violaciones cometidas en el juicio. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución, dentro de juicio, porque, esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al dictarse la sentencia definitiva, en la segunda instancia, o bien, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra esa sentencia que se dicte en definitiva. De ahí, que el acto que se reclama en esta instancia consistente en la resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 341/2016, en la cual se declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el incidente de nulidad de notificaciones, relativo al expediente civil 398/2014, en el cual se declaró desierta una prueba pericial ofrecida por el quejoso, demandado en ese juicio, no es de los considerados como de imposible reparación. Por tanto, esa determinación sólo afecta derechos procesales y no derechos sustantivos de la parte quejosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 113 de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Resulta aplicable, por analogía, la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Es de invocarse también, por su contenido, la jurisprudencia número tres, sustentada por el Séptimo Tribunal en materia civil del Primer Circuito, publicada en la página cuarenta y nueve, del tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículo 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Haciéndose hincapié que el acto combatido no se ubica en los casos de excepción establecidos en el artículo 17 la Ley de Amparo aplicable; de modo que la impugnación de ese acto mediante el juicio de garantías, en cuanto a su oportunidad, está comprendido dentro de la regla general que fija el citado numeral; aunado a que, no combate una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición (en que la promoción del amparo será dentro de treinta días); la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en cuyo caso la demanda puede promoverse hasta en un plazo de ocho años); ni se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (en que la promoción del amparo será dentro de los siete años); ni mucho menos el acto aquí reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que podrá promoverse el Juicio de Amparo en cualquier tiempo). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo y por autorizados para tales efectos a las personas que señala, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Notifíquese personalmente.
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