Jorge Alberto Mendoza González
Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/05/2023
Partes del expediente
- Jorge Alberto Mendoza González
- Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Mexicali, las copias certificadas que remitió al extinto Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en un tomo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de doce de abril de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a los PARTE QUEJOSA **********, publicada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice. "Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintidós, el extinto Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dictó sentencia en la que por un parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***********, misma que al no ser recurrida causó ejecutoria el siete de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: "[.]Realice el pago al quejoso *********** del 30% (treinta por ciento) de su ingreso real y que deberá cubrirle mientras dure la suspensión impuesta, como se encuentra ordenado en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con sede en Mexicali, en el incidente de medidas cautelares relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 52/2021/SERA, relativo al periodo siguiente al dos de julio de dos mil veintiuno, fecha en que recibió su último pago, al ser parte de la plantilla del personal del recurso humano perteneciente al citado municipio. [.]" En atención al citado requerimiento, en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio DNJYA/344/2022, signado electrónicamente por el Director de Normatividad Jurídica y Administrativa del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, a través del cual informó que expidió el cheque 0006142, a favor del quejoso ************ y anexó copia del mismo. No obstante lo anterior, en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable para que manifestara bajo protesta de decir verdad si la documental que anexó al oficio que se atendió, era copia íntegra e inalterada de su original, o de copias certificadas; además, para que enviara copia certificada del desglose de las operaciones aritméticas que realizó a efecto de obtener la cantidad relativa al 30% del ingreso real del aquí quejoso. Luego, en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio DNJYA/010/2023 signado por la autoridad responsable Director de Normatividad Jurídica y Administrativa del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, al que acompañó copia certificada del cheque número 27532458, expedido a favor del quejoso ***********, por la cantidad de **********, recibido por el quejoso el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, como se aprecia de la anotación en el mismo. Además, en el referido oficio, la citada autoridad responsable solicitó una prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, misma que le fue otorgada por el plazo de cinco días, a fin de dar total cumplimiento al fallo protector. Es así que, en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio DNJYA/031/2023 signado electrónicamente por el Director de Normatividad Jurídica y Administrativa del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del desglose de las operaciones aritméticas que realizó a efecto de obtener la cantidad relativa al 30% (treinta por ciento) del ingreso real correspondiente al aquí quejoso, cálculo que realizó por el periodo comprendido del dos de julio de dos mil veintiuno, fecha en que el quejoso recibió su último pago, hasta el treinta de diciembre de dos mil veintidós. Luego, en proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado requirió a la autoridad responsable Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, para el efecto de que informara si el quejoso *************, aun se encontraba suspendido en su cargo como juez calificador; y para el caso de que aún continuara suspendido con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa ********, enviara a este órgano jurisdiccional en copia certificada, las constancias que acrediten que ha sido incluido en la nómina del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, como recurso humano perteneciente al mismo, con el objeto de que siga percibiendo el 30% (treinta por ciento) de su salario real que corresponde al mínimo vital, tal como fue ordenado en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con sede en Mexicali, en el incidente de medidas cautelares relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa *********, mientras dure la suspensión. En atención a tal requerimiento, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio DNJYA/058/2023 signado electrónicamente por el Director de Normatividad Jurídica y Administrativa del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, exhibió copia certificada del oficio OM-227/2023 emitido por el Oficial Mayor del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, del que se desprende que el quejoso ha sido incorporado a la nómina del referido Concejo Municipal, como recurso humano perteneciente al mismo con la asignación del 30% (treinta por ciento) de su salario real que corresponde al mínimo vital, tal como lo fue ordenado en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con sede en Mexicali, en el incidente de medidas cautelares relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa **********, mientras dure la suspensión; e informó que el quejoso ***********, continua suspendido de su cargo de Juez Calificador en el Municipio de San Quintín, derivado del referido procedimiento de responsabilidad. Con lo anterior, se dio vista a la quejosa sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable realizara el pago al quejoso*********** del 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual deberá cubrir mientras dure la suspensión impuesta, como se ordenó en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con sede en Mexicali, en el incidente de medidas cautelares relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa***********, por el periodo siguiente al dos de julio de dos mil veintiuno, fecha en que recibió su último pago, al ser parte de la plantilla del personal del recurso humano perteneciente al citado municipio; lo cual, así sucedió. Pues en efecto, la autoridad responsable Director de Normatividad Jurídica y Administrativa del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín, expidió el cheque 27532458, por la cantidad de *********, a nombre del quejoso *********, cantidad que, según el desglose de operaciones aritméticas realizado por la responsable, corresponde al 30% (treinta por ciento) del ingreso real del quejoso, por el periodo comprendido del dos de julio de dos mil veintiuno, fecha en que el quejoso recibió su último pago, como se ordenó en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con sede en Mexicali, en el incidente de medidas cautelares relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa **********, hasta el treinta de diciembre de dos mil veintidós; título de crédito que fue entregado al quejoso el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, según constancia que obra en autos. Asimismo, no obstante que el quejoso continúa suspendido de su cargo de Juez Calificador en el Municipio de San Quintín, derivado del referido procedimiento de responsabilidad, ha sido incorporado a la nómina del ya mencionado Concejo Municipal, como recurso humano perteneciente al mismo, con la asignación del 30% (treinta por ciento) de su salario real que corresponde al mínimo vital, mismo que percibirá durante el tiempo que dure la suspensión. En consecuencia, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente..
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