Jorge Alberto Martínez Hernández
Expediente 371/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Alberto Martínez Hernández
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Jorge Alberto Martínez Hernández, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso (fojas 29 a 33), en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. MESA VI-B
- Principal
Número de expediente: 371/2019 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Martínez Hernández, por propio derecho, contra actos del 1. Director General Adjunto de Capitanía de Puertos, dependiente de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, 2. Director General de Recurso Humanos de la Secretaría de Marina (SEMAR), con sede en la Ciudad de México y 3. Capitán de Puerto de Bahías de Huatulco, con residencia en Bahías de Huatulco, Oaxaca, que hace consistir esencialmente en: La Orden Verbal o por escrito que ha girado para que se dé por terminada anticipadamente mi relación laboral; para que se dé mi baja de la plantilla del personal de la Capitanía de Puerto Clase "A", de Bahías de Huatulco, Oaxaca y de la nómina correspondiente; la privación de seguir percibiendo mi salario y demás prestaciones sociales y económicas; para que se dé mi baja como afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de todas las demás prestaciones sociales y económicas que percibo; para que no se realice el pago de mis salarios o emolumentos; para que realice un cambio de adscripción; y los actos de discriminación que se han realizado. Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme lo previsto en el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, contra los actos que en esta vía se reclaman y que quedaron señalados. Los citados numerales de la ley de la materia, a la letra dicen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De lo establecido en el artículo 1 de la ley de Amparo, se desprende que en su último párrafo implementó la procedencia del juicio de amparo contra omisiones por parte de los poderes públicos e incluso de actos de particulares, pues de manera expresa el legislador señaló: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." A su vez, el artículo 5, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter, en específico estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De ello, se obtiene que no cualquier acto desplegado por una autoridad es susceptible de análisis a través del juicio de amparo, sino que para que ello sea posible es indispensable que reúna ciertas características, pues debe estar proyectada en que sean unilaterales, imperativos y coercitivos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular, y además que deriven de una relación de supra a subordinación. En el caso en particular, se tiene que el quejoso señala ser empleado de Capitanía de Puerto, dependiente de la Secretaría de Marina, con residencia en Bahías de Huatulco, Oaxaca, con el cargo de profesional ejecutivo, y reclama la orden verbal o por escrito que se ha girado para que se dé por terminada anticipadamente su relación laboral; para que se dé su baja de la plantilla del personal de la Capitanía de Puerto Clase "A", de Bahías de Huatulco, Oaxaca y de la nómina correspondiente; la privación de seguir percibiendo su salario y demás prestaciones sociales y económicas; para que se le dé baja como afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de todos las demás prestaciones sociales y económicas que percibe; para que no se realice el pago de sus salarios o emolumentos; para que realice un cambio de adscripción; y los actos de discriminación que se han realizado. Dichos actos, como ya se adelantó, carecen de las características de un reclamado equiparable al de una autoridad, pues si bien, el quejoso manifiesta que se enteró que existen las órdenes verbales o escritas antes mencionadas y con ello se afecta las prestaciones laborales a las que tiene derecho, dichos actos no parten de una relación de supra a subordinación, es decir, tal actuación proviene de un plano de igualdad o coordinación entre el Estado como contratante y trabajador como prestador de un servicio material; y no de una relación entre gobernante y gobernado, en el que el primero actúe en un plano superior al segundo, en beneficio del orden público y del interés social. Tal consideración resulta del concepto de "autoridad" para los efectos del juicio de amparo, siendo aquella, la que con fundamento en una norma legal, pueda emitir actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados; en ese sentido, es de establecerse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral o sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. Es de aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Novena Época, registro 161133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Tesis: 2a./J. 164/2011, con el rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. Por ello, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación). Luego, si en el caso el quejoso reclama en lo toral de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina la baja y dar por terminada su relación de trabajo que incide en su remuneración, es decir, una prestación derivada de una relación laboral, es evidente que no tienen la naturaleza de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, pues las autoridades responsables que señala, actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Sirve de fundamento a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, registro 2011298, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.), del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. No pasa inadvertido, que refiera que se han realizado actos de discriminación, sin que de la lectura íntegra de la demanda se aprecie que constituya un acto reclamado, y en su caso, sin conceder, ello lo hace depender de los actos ya descritos por los que se dijo, se actualiza una causa de improcedencia. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en concordancia con los diverso 1, último párrafo, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo origen de este juicio, por su notoria improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Tuxpan número 10, Barrio Juárez, en esta ciudad; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Quevedo Martínez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; asimismo, como expresamente lo solicita, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos, a las demás personas que indica, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de dicha legislación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al promovente. VI-B
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