Jorge Alberto Marroquín Loyola

Expediente 1280/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1280/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Marroquín Loyola

Actuaciones

  1. Incidental

    I. Informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable, el cual deberá relacionarse en la audiencia incidental. Asimismo, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el oficio de cuenta, lugar donde le serán practicadas por medio de oficio, como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo y como acreditados de su parte a los delegados que cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. Por otra parte, se tienen señaladas las direcciones de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en los que se estime necesario. II. Autoridad ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia incidental. III. Se difiere la audiencia incidental. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que el oficio 29841 mediante el cual se requirió a la autoridad ahí señalada su informe previo, fue entregado en su destino el veinticuatro de noviembre del presente año, de lo que se obtiene que el plazo de cuarenta y ocho horas para rendir su informe previo feneció el veintiocho de noviembre pasado. Sin embargo, en virtud de que la comunicación de este juzgado con la autoridad responsable foránea es a través de correo certificado y dada la posibilidad de que esa autoridad hay depositado su informe y que se encuentre en camino; se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEITITRÉS, para que tenga verificativo.

  2. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por ****, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación Guanajuato "2", de León, Guanajuato y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y para tal efecto, se ordena notificar a la servidora pública la radicación de este juicio mediante el usuario electrónico "PAMELASANCHEZ" proporcionado por ella y en atención a la solicitud contenida en su oficio FGR/010/2023 de doce de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, infórmesele que queda a su disposición en este juzgado una copia de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, con copia simple de la demanda, fórmese por cuerda separada el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. TERCERO INTERESADO. En atención a lo manifestado en la demanda, se reserva su emplazamiento hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa, legible y debidamente foliada, rubricada y entresellada, de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa a su escrito de demanda, misma que por su propia naturaleza se tiene por rendida y desahogada, sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional y tenerla por recibida en ese acto.

  3. Incidental

    TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 1280/2023, promovido por ****, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación Guanajuato "2", de León, Guanajuato y otra autoridad. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin una excusa de imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal, la inmovilización contenida en el oficio ****, de diecinueve de septiembre del año actual, por parte de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, respecto de los siguientes vehículos de motor: ********. ********. Así como sus consecuencias que se traducen en la privación de la propiedad, posesión y embargo de los mencionados vehículos. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para: ".se ordene la suspensión con efectos restitutorios de la orden de inmovilización de los vehículos de mi propiedad.para el efecto de que las autoridades, ordenadora y ejecutora, se abstengan de secuestrar, retener, embargar o decomisar." SE NIEGA SUSPENSIÓN POR CUANTO HACE A LOS EFECTOS RESTITUTORIOS QUE SE SOLICITAN. Como cuestión inicial es preciso tener en cuenta que la suspensión en el juicio de amparo es una providencia cautelar que tiene por objeto fundamental mantener viva la materia del amparo a través del mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran (artículo 139 de la Ley de Amparo), o en algunos casos, bajo determinadas condiciones, a través de la restitución temporal del gobernado en el derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo (artículo 147 de la Ley de Amparo), con lo que se impide que el acto de autoridad reclamado vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias y se llegue a consumar de manera irreparable antes de que se resuelva en forma definitiva si es o no contrario a la ley fundamental. Ahora bien, el artículo 107 de la Constitución Federal, en que se establecen los principios rectores del juicio de amparo, en su fracción X prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En la Ley de Amparo, su artículo 128 establece como requisitos para conceder la suspensión "I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público." El 138 del mismo ordenamiento prevé que promovida la suspensión del acto reclamado se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Finalmente se atiende al artículo 139 en la parte conducente en que prevé que la medida será otorgada si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para parte la quejosa. Con base en lo anterior, conforme con un orden lógico de prelación de elementos que se desprenden de los preceptos citados, se examina si en el caso se satisfacen todas y cada una de las condicionantes pertinentes para otorgar la medida suspensiva. Solicitud de la parte quejosa. Este se encuentra satisfecho porque la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión. Interés suspensional. Quedó acreditado con la documental que anexó la parte quejosa a la demanda de amparo, consistente en: Factura electrónica expedida a nombre del quejoso que ampara la compra del vehículo ****. Factura electrónica expedida a nombre del quejoso que ampara la compra del vehículo ***** Documentales que son idóneas para, presuntivamente, comprobar que el quejoso es propietario de los vehículos que defiende. Naturaleza del acto reclamado. Para examinar este elemento en que ha de atenderse a una visión concreta y particularizada del acto sujeto a control constitucional, se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya que la naturaleza de los actos, sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere tanto la Constitución como el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Con ese propósito, para dimensionar las consecuencias que produce el acto reclamado, es necesario verificar, de inicio, si en el caso existe peligro en la demora, o el elemento "urgencia" de la medida suspensiva solicitada. En este tópico se tiene presente que como presupuestos de las medidas cautelares se encuentran, de un lado, la apariencia del buen derecho, y de otro, el peligro en la demora; el primero se sustenta en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar al fondo del asunto (fumus boni iuris); mientras que el segundo tiende a prevenir la amenaza de que por el tiempo que dure el proceso, aquel derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P. /J. 15/96 y P. /J. 16/96, definió la figura del peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar que puede presentarse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Este requisito constituye uno de los fundamentos esenciales de las medidas cautelares pues se basa en el peligro de que sobrevenga un daño derivado de la lentitud, inevitable, del procedimiento ordinario necesario para el dictado y cumplimiento de la providencia definitiva. En ese contexto, ante la inminencia del peligro que haga infructuosa y tardía la sentencia favorable y frustre la eficacia de los derechos del solicitante, es que la medida provisoria trata de hacer inocua la dilación procesal preservando las cosas, de manera urgente, para evitar que el daño temido devenga en efectivo e irreversible. La advertencia de que ocurra un daño irreparable con la demora tiene dos vertientes: el peligro de la infructuosidad y el peligro de la tardanza. Daño que podrá acarrear no sólo el que la sentencia sea imposible de ejecutar, sino que, siendo posible su ejecución, no resulte efectiva porque la tardanza en el reconocimiento del derecho ocasionó un daño irreversible, lo que se tratará de evitar a través de la medida cautelar. En el caso, se observa colmado este requisito pues se toma en cuenta que de no proveerse sobre la medida suspensiva solicitada en este juicio de amparo existe la posibilidad de que al quejoso se le prive de la propiedad y posesión de los mencionados vehículos, derivaciones del acto reclamado que son inmediatas y de imposible reparación, pues sería imposible restituirla durante el tiempo que dure sin poder utilizar tales unidades, de donde se avizora posible una suspensión, no solo con efectos meramente conservativos, sino de tutela anticipada (efectos restitutorios) con la finalidad de que la autoridad responsable deje sin efectos la orden de inmovilización por cuanto hace a esas unidades; lo que está sujeto, claro está, a que se cumplan los demás requisitos para la suspensión cuyo examen se realiza enseguida. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado. Estudio de orden público e interés social. Precisado lo anterior, enseguida se atiende interés social y orden público que subyacen en el acto reclamado para determinar si con el otorgamiento de la suspensión, aquéllos pudiesen resultar vulnerados. Conviene traer a cuenta, por ilustrador, la tesis I.4o.A.11 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Precisado lo anterior, se considera que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que el interés fiscal estaría garantizado. Apariencia del buen derecho. En atención a que la parte quejosa solicita la medida cautelar con efectos restitutorios, adquiere relevancia la ponderación de la apariencia del buen derecho que pudiera asistirle. La apariencia del buen derecho consiste en una apreciación de carácter provisional de inconstitucionalidad del acto reclamado, a fin de estar en aptitud de confrontar, de manera concreta y valorada, el interés individual frente al orden público e interés social. En efecto, la comprobación de la apariencia del buen derecho puede traducirse en el examen valorado que se realice del acto reclamado para una vez determinada su probable inconstitucionalidad, ponderar con mayor objetividad la confrontación entre el interés individual de la parte quejosa y el social que respalda el acto de autoridad reclamado, de tal modo que, si se advierte del análisis de la apariencia del buen derecho que el acto gubernativo rebasa los límites de su competencia, es factible otorgar la suspensión. Máxime que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la provisión cautelar debe concebirse ya, en caso de proceder, como un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto impugnado es o no constitucional. Para este examen del interés particular el juzgador debe tomar en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, así como las pruebas que se hayan adjuntado a la misma y las constancias de autos, analizando así la verosimilitud del derecho que pudiera proyectarse sobre la posibilidad real y efectiva de que sea concedida en el fondo, la protección constitucional. Análisis que, claro está, por tratarse de la medida cautelar caracterizada por lo sumario de su tramitación y resolución, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido. Examen valorado y concreto de caso, a que obliga el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. Con ello en mente, en el caso, se toma en consideración que no se advierte, cuando menos con el carácter superficial que se requiere, una manifiesta inconstitucionalidad del acto, que imponga la necesidad de suspenderlo; en todo caso será materia del estudio de fondo que se realice. Cierto, la parte quejosa en los conceptos de violación expone, en esencia, que el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, que desconoce porque se ordenó inmovilizar los vehículos de su propiedad no obstante que cuenta con un título con el que acredita la propiedad y posesión de los bienes muebles que defiende. Sin embargo, se estima que tales planteamientos no evidencian, de suyo, que exista una notoria inconstitucionalidad: la materia de sus conceptos de violación habrán de estudiarse en sentencia de fondo. Lo anterior porque como se precisó, el estudio de inconstitucionalidad de los actos reclamados en el incidente de suspensión, es superficial y periférico, de modo que en la suspensión es inviable un estudio de fondo del asunto que es propio de la sentencia. Sirve de apoyo la tesis I.8o.C.5 K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo". Por tanto, será en la sentencia de fondo en la que se analice si dicha orden respeta el principio de legalidad y se arribe a la conclusión acerca de si los mencionados vehículos formen parte o no de la aludida orden de inmovilización; por tanto, en este momento y para efectos de proveer respecto de la medida cautelar, no se desprende una apariencia del buen derecho lo suficientemente fuerte como para considerar que es posible otorgar una suspensión como adelanto a una sentencia protectora inminentemente. Finalmente, si aquí se invocó la figura jurídica de la apariencia del buen derecho no fue para negar la suspensión, sino para evidenciar que esta no se vislumbra en este momento con irrefutable seguridad como para anticipar la tutela del amparo, de modo que no es posible dar un efecto restitutorio a la suspensión, por lo que no se ubica el caso en la hipótesis de la jurisprudencia P./J. 5/2022 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contradictorias al resolver recursos interpuestos contra determinaciones vinculadas con la suspensión derivada de juicios de amparo indirecto, pues mientras uno de ellos sostuvo que el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que la apariencia del buen derecho no puede invocarse para negar la suspensión, dejó de ser aplicable con motivo de la expedición de la Ley de Amparo vigente y no ajustó su resolución a esa tesis, por su parte, el otro Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que dicho criterio continúa en vigor y ajustó su decisión a dicha jurisprudencia. Criterio jurídico: Conforme a la Ley de Amparo en vigor, el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede realizarse para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto. Justificación: La Ley de Amparo vigente no contiene disposición alguna que ordene ponderar la apariencia del buen derecho para negar o conceder la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, pues la única referencia a ella se encuentra en el artículo 138, y la recta interpretación de este precepto lleva a entender que su primer párrafo simplemente describe los mismos requisitos que se prevén en el diverso 128 para concederla, mientras que la fracción I del propio artículo 138 sólo tiene por finalidad clarificar lo que debe proveer el órgano jurisdiccional en caso de que decida otorgarla, así como la libertad de la autoridad para ejecutar el acto reclamado si la niega. Lo anterior es congruente con la naturaleza de la apariencia del buen derecho como presupuesto de las medidas cautelares, pues está concebida para favorecer al solicitante siempre que esté evidenciada la verosimilitud de su derecho, como consecuencia del estudio preliminar que el órgano jurisdiccional debe realizar sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, de manera simultánea con la inexistencia de afectación al interés social y contravención a disposiciones de orden público." Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa mencione BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, puesto que dichas manifestaciones no implican la veracidad de lo afirmado, lo que deberá ser demostrado aunque sea indiciariamente en el incidente de suspensión. Tiene sustento lo anterior, en la tesis I. 3o. C. 59 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro a continuación se cita: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE." Por lo antes expuesto, se niega la medida suspensional a la parte quejosa por cuanto hace al efecto restitutorio de la orden de inmovilización de los vehículos mencionados. SE CONCEDE SUSPENSIÓN POR CUANTO HACE A LA PRIVACIÓN DE LA POSESIÓN, PROPIEDAD Y EMBARGO. En el caso, se advierten satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128 en relación con el 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cierto, el promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado. Se observa también que de concederse la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el interés fiscal estaría garantizado. Finalmente, se estima que el no conceder la suspensión, ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues sus derechos patrimoniales se verían afectados. En el entendido de que el interés presunto quedó acreditado con la documental que anexó la parte quejosa a la demanda de amparo, consistente en: Factura electrónica expedida a nombre del quejoso que ampara la compra del vehículo *****. Factura electrónica expedida a nombre del quejoso que ampara del vehículo *****. Documental que hasta este momento es suficiente para acreditar el interés suspensional del quejoso, en la medida que solicita, pues acredita de manera indiciaria que es propietario de los vehículos que defiende. En consecuencia, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión provisional para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de privar de la propiedad, posesión y embargar los vehículos de motor que defiende el quejoso. Asimismo, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, por lo que en los registros vehiculares correspondientes, no se permita el alta de terceras personas distintas a la quejosa, como propietarias de los vehículos en comento. GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo la suspensión concedida surte efecto desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía por la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos con 00/100 moneda nacional) en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; garantía que servirá para asegurar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el decretamiento de esta medida suspensional en caso de que la parte quejosa no obtenga resolución favorable en el amparo, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que quede probado en este cuaderno. Monto de la garantía que se fija discrecionalmente pues de los antecedentes del acto reclamado no se obtiene diverso parámetro para fijar dichos daños y perjuicios, por lo que, en el particular, se hace uso de la discrecionalidad establecida en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Máxime que, en el caso, la parte quejosa acude al juicio de amparo en su carácter de perfecto tercero extraño a juicio, a controvertir una orden de inmovilización de vehículos, según, de su propiedad emitida en contra de diversa persona. De ahí que no se requiera garantía en términos del numeral 136 de la Ley de Amparo, dado que la medida cautelar se concedió para el efecto de que no se prive de la posesión y propiedad de los aludidos automotores, lo que en términos del oficio reclamado se encuentran inmovilizados. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de CINCO DÍAS, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con el artículo 877 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se citan: SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es lógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A *****, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1280/2023". En el entendido que no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional que en sentencia firme se estimó violado. Al respecto es de aplicarse la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenida en la página 490, tomo VII, enero 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO QUE TIENDE A DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión solicitada contra el acto que tiende a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo es improcedente, porque en su cumplimiento está directamente interesada la sociedad".

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