Jorge Alberto Marcial Camacho

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Marcial Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Ejecutoria de colegiado. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano en el expediente 100/2021 formado con motivo de la revisión principal interpuesta en favor de Jorge Alberto Marcial Camacho, en la que la superioridad determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en consecuencia: SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo 564/2021, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por los motivos expresados en esta resolución". Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Rina

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 4756/2021 signado por la actuaria judicial adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, informa la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte aquí quejosa contra la sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno. Se toma nota que se registró como revisión principal 100/2021; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se destaca que por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se dio trámite el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa contra la sentencia de catorce del mes y año en cita, el cual, se encontraba pendiente por remitir al tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, a efecto de ser substanciado. Ahora bien, en virtud de que el aludido medio de impugnación se encuentra debidamente integrado para ser resuelto y al no existir impedimento legal alguno, en términos del numeral 39 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, este juzgado de Distrito considera a bien en mandar el original del medio de impugnación, así como vincular y hacer visibles las actuaciones electrónicas del presente asunto al tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de una autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La resolución de catorce de febrero de dos mil diecinueve, relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto dictado en el incidente de ampliación de visitas y convivencia promovido en el juicio civil sumario 141/2017, en el cual se negó conceder la medida cautelar de mérito por ser materia del fondo de la incidencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias enviadas por la responsable, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte, de oficio, otra causa de improcedencia que analizar, ni las partes invocaron diversa que estudiar. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Con el fin de lograr un mejor entendimiento de lo que ahora se va a analizar, conviene hacer una breve relación de lo acontecido en el juicio del cual emana el acto reclamado, a saber: El cinco de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo al hoy quejoso, actor en el juicio civil sumario en el cual demandó a la hoy tercera interesada la guarda y custodia de su menor hija, promoviendo el incidente de ampliación de visitas y convivencia, así como negándole la medida cautelar por estimarse que es materia del fondo de la incidencia; El ocho de febrero de dos mil diecinueve, el hoy promovente interpuso el recurso de revocación contra el auto antes mencionado, en cuanto a lo resuelto respecto de la media cautelar; El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se resolvió el recurso de mérito, en el sentido de que no había lugar a revocar el auto de cinco de febrero del mismo mes y año, porque, de avocarse a la medida cautelar solicitada, se estaría adelantando la materia del incidente planteado; El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró la caducidad de la instancia relativa al incidente del cual se habla; El diez de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al hoy quejoso interponiendo el recurso de apelación contra el auto antes sintetizado; El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco modificó el proveído de veintiséis de septiembre de esa anualidad, y ordenó se citara para el dictado de la sentencia interlocutoria relativa al incidente de ampliación de visitas y convivencia; El catorce de febrero de dos mil veinte, la responsable citó para el veintitrés de abril de dos mil veinte, la resolución incidental. Ahora, a través de los conceptos de violación, el quejoso sostiene que el acto reclamado viola en perjuicio de su hija, también impetrante, el principio fundamental del interés superior del menor, pues considera que se debió conceder en el proveído inicial de la incidencia la medida cautelar, consistente en que se le permita a dicha menor la convivencia con su familia paterna extendida, por el plazo que comprende del diecinueve al veintisiete de abril de dos mil diecinueve, correspondiente al periodo vacacional de semana santa de ese año, así como los primeros y terceros viernes, sábados y domingos de cada mes. Lo anterior, dice, no obstante que la normatividad establezca diversas etapas para el desarrollo de, en este caso, el incidente de ampliación de visitas que instó, y que, concluidas estas, se resuelva lo solicitado mediante sentencia interlocutoria, pues, como quedó asentado en el párrafo anterior, estima que el interés superior del menor se encuentra por encima del de principio de seguridad y de certeza jurídica, en el sentido de que se respete el procedimiento de la incidencia. En ese sentido, en principio, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal, a saber: "Artículo 4º. . Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. .". Asimismo, los diversos 3 y 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, a saber: "Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.". "Artículo 9. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.". De los dispositivos transcritos, se advierte que el interés superior del niño debe tomarse en cuenta de manera primordial en todas las medidas relacionadas con la infancia, lo cual implica: a) Que en cualquier decisión que se tome, el juzgador debe evaluar qué repercusiones tiene en los derechos de la infancia; b) Considerar no únicamente aquel o aquellos derechos de los que se tuvo conocimiento, sino analizar las afectaciones que en el resto de sus derechos, proyectando a futuro. Vinculado con el interés del menor, se encuentra el principio del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que supone que esos aspectos deben garantizarse en cualquier decisión judicial que se tome en relación con niñas, niños y adolescentes, no solo con la prohibición de actos que los vulneren sino que supone también proveer lo necesario para que la vida revista condiciones dignas, en el derecho interno, la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Así, lo previsto en los numerales 4 y 7, obliga a las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, a asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus progenitores, con el fin de procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos. De tal manera, el disfrute de la convivencia entre padres e hijos, así como, en el caso, la familia extendida, también constituye uno de los derechos fundamentales del menor, a través del cual se logra conseguir una mejor formación desde el punto de vista afectivo y emocional; sólo es suspendible o restringible de forma excepcional y preferentemente temporal, siempre justificada por el interés del niño, pues el ejercicio de ese derecho no implica que se ejerza un control arbitrario que pudiera acarrear daño para su salud o desarrollo. Lo anterior, conduce a considerar el impacto que una determinación como la cual el quejoso pretende, es decir, que desde el primer auto en el cual la responsable tenga por recibida la promoción del incidente de ampliación de visitas y convivencia resuelva sobre la misma, puede tener en las condiciones de vida del menor y su desarrollo, más allá de la situación concreta que forma parte de la litis y en consecuencia, privilegiar la protección del niño. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.". (Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 270, registro 2006593) Con base en lo expuesto, se califican infundados los conceptos de violación que, en esencia, se mencionaron pues, precisamente, con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez es que se debe respetar el procedimiento incidental, toda vez que prevé etapas como la vista a la contraparte y la oportunidad de ésta, así como del propio promovente de ofertar pruebas tendentes a una mejor resolución judicial, lo que traduce en un beneficio para la menor quejosa. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que dispone: "Artículo 80. Los incidentes no suspenderán el procedimiento, se tramitarán con un escrito de cada parte. El término para contestar una demanda incidental es de cinco días. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos de demanda o contestación, fijando los puntos sobre los que verse y se citará para audiencia dentro del término de ocho días en que se reciba, se oirán las alegaciones y se citará para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes. La resolución que decida un incidente no admite recurso. Se exceptúa de lo anterior los incidentes de nulidad de actuaciones, de competencia y las demás cuestiones incidentales que tienen previstos trámites especiales en este código para su substanciación. Cuando en cualquier etapa del juicio, se denuncien hechos delictuosos relacionados con el negocio; el juez o tribunal de los autos, los pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones. En los demás casos se procederá como lo previene el artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento presentado al juicio al comunicar los hechos al ministerio público, se le remitirá original y sellado el documento argüido de falso, el cual rubricarán el juez y el secretario, dejando en los autos, en lugar de aquél, copia autorizada. La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes en la forma y términos previstos por el artículo 66 de este Código.". Precepto que remite al diverso 66 de la propia codificación, el cual establece: "Artículo 66. Las nulidades previstas en el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio y se tramitarán en la siguiente forma: Para admitir el incidente de nulidad, será indispensable precisar las actuaciones que se impugnen, el motivo y fundamento de tal impugnación y las pruebas que se invoquen como base para ello, debiendo acompañar o señalar las documentales. Admitido el incidente, se correrá traslado a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda. Si la parte contraria se manifiesta conforme, se declarará desde luego la nulidad de la actuación impugnada y las subsiguientes sin perjuicio de lo que determine el juez al respecto. Si no estuviere conforme, expresará sus motivos y fundamentos y en el mismo escrito, ofrecerá sus pruebas, para lo cual exhibirá o señalará las documentales. En esta clase de incidentes, sólo serán admisibles las pruebas documentales, salvo los casos en que se alegue la falsedad de una actuación o que ésta se practicó en días y horas inhábiles, en cuyo caso podrán desahogarse cualquier medio probatorio dentro de un término de quince días hábiles. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, y hacer las demás gestiones que para ello se requirieran, y sólo en caso de que demuestren la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el juez, en auxilio y a solicitud del oferente, deberá expedir los oficios o citaciones, a efecto de que dichas pruebas se desahoguen en la audiencia respectiva, de no hacerlo, se declarará desierta la prueba ofrecida. Las resoluciones que decidan o desechen los incidentes de nulidad de actuaciones sólo serán impugnables a través del recurso de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva mediante la expresión de los agravios correspondientes, salvo aquella en la que se declare la nulidad del emplazamiento, la que se tramitará desde luego en ambos efectos. En el caso de que proceda la nulidad, dejará sin efecto desde luego el acto impugnado y las actuaciones posteriores al mismo. En este caso impondrá al responsable una multa de siete a veinte días de salario mínimo y se le condenará al pago de los gastos y costas.". Con lo que antecede, se pretende hacer ver que en todo procedimiento y, con mayor énfasis, en aquéllos en los cuales se ventilan intereses de menores, el juez debe allegarse de medios de convicción que le amplíen la gama de elementos para decidir, en el caso, lo que es mejor para el interés superior de la niñez, no solo para lo presente sino en lo futuro; incluso, ante la omisión de las partes de ofrecer pruebas, si es del conocimiento del juzgador la existencia de estas, debe recabarlas de oficio. Es aplicable la jurisprudencia 30/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 401, registro 2003069) Asimismo, por lo que informa, la tesis CCLVII/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONEXIDAD DE CAUSAS. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER EL JUZGADOR FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CONTROVERSIAS QUE INCIDEN EN SU GUARDA Y CUSTODIA. Para resolver las controversias citadas, no basta con que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos del menor, sino que, además, debe interpretarlos y aplicarlos adecuadamente, a fin de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles pues, por su falta de madurez, requiere cuidados especiales y una protección legal reforzada que le permita alcanzar su mayor y mejor desarrollo; por tanto, al decidir ese tipo de controversias, el juzgador debe poner el mayor empeño en discernir qué es lo que más conviene al menor, observando su situación presente y futura. Así, para colmar esa obligación, no basta el dictado de una sentencia en la que funde y motive el porqué considera que lo decidido es lo más conveniente para aquél, pues esa obligación sólo puede considerarse satisfecha cuando en el curso del procedimiento se ofrecen y desahogan realmente las pruebas que son necesarias para resolver integralmente la controversia que gira en torno al menor, ya que si los medios de prueba no son ofrecidos por las partes, el juzgador de oficio debe recabarlos y desahogarlos a fin tener la certeza de que lo decidido al respecto realmente es lo que más le conviene. Por tanto, si del análisis de las constancias de un juicio en el que se discute directa o indirectamente la patria potestad de un menor se advierte que, además, existe otro u otros que pueden tener trascendencia con lo que va a resolverse en el juicio de referencia, porque en ellos se discute directa o indirectamente sobre tal situación, el juzgador, a efecto de salvaguardar el interés superior de aquél, está constreñido a atender esa circunstancia, pues aunque no se haya hecho valer la excepción relativa, debe advertir que, entre ellos, existe conexidad, razón por la que debe ordenar su acumulación al más antiguo, a efecto de que sean resueltos en una sola sentencia; además, esa obligación no debe limitarse a decretar de oficio la acumulación de los juicios conexos que advierta, sino que desde el inicio del procedimiento, después de fijada la litis en el juicio del que está conociendo, el juzgador debe requerir a las partes para que éstas, bajo protesta de decir verdad, manifiesten si existen otras controversias conexas, para que pueda estar en condiciones de determinar si éstas tienen trascendencia con lo que se discute en el juicio y, de ser así, todas sean resueltas en una sentencia, apercibiéndolas del deber de informar si con posterioridad se da esa situación; lo anterior, para evitar el dictado de sentencias contradictorias que generen incertidumbre y desconfianza en la justicia que imparten los tribunales.". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 140, registro 2006872) Ahora, es verdad que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevé medidas que por su urgencia y necesidad el juez las determine de plano, como es la separación de cónyuges del domicilio, que con apenas cumplir con algunos requisitos por parte del solicitante, como que señale sus generales, acredite la existencia del vínculo matrimonial, haga una relación de hechos o causas por las que se pide el acto y, en su caso, la aportación de pruebas, se dicten en ese momento. Asimismo, que si bien por regla general la convivencia de un menor de edad con sus padres debe procurarse con el fin de que se favorezca en éste un debido desarrollo físico y emocional, ello no acontece en todos los casos, pues existirán supuestos en los que ese debido desarrollo solo podrá darse si se evita tal convivencia, dado el riesgo o, peor aun, perjuicio o daño físico o emocional que pudiera generarle dicho ambiente. Incluso, conviene destacar que en aquellos casos donde el juzgador determine procedente o viable tal convivencia, éste deberá fijar los días, duración, lugar y condiciones en general en que deba darse esta. Proceder que el resolutor deberá atender dentro del módulo o parámetros que el legislador estimó idóneo para ello, lo cual, en modo alguno, implica una vulneración al interés superior del menor, sino -al contrario-, una debida observancia del mismo. Es decir, el propio legislador tomó en cuenta, por una parte y dada la importancia de los derechos de la niñez, la necesidad de desarrollar un procedimiento en el cual el garante del mismo concluya con base en el análisis del caso, lo cual no puede ser de otra manera más que a través de la observancia y el estudio de lo que se le plantea y, por otro lado, y en concordancia con lo reclamado por el quejoso, el apuro del asunto, por lo cual plasmó en la codificación que tales diligencias se llevaran a cabo en la vía incidental. Con esto último se destaca que el incidente de ampliación de las convivencias ya es una forma sumaria de atender de manera preferente asuntos en los que estén involucrados intereses de menores, pues estos se distinguen por la rapidez de su resolución en comparación con el juicio principal del cual emanan; solución súbita, a partir de un evento particular -a través del cual, intenta modificar o ampliar lo previamente determinado respecto del régimen de convivencias, al margen o sin atender a las normas procesales aplicables-, lo cual deviene inviable, incluso en el presente caso. De tal manera que el reproche del promovente está debidamente atendido, toda vez que pide una solución inmediata. Es aplicable la tesis I.3o.C.1022 C, del tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DEBE PONDERARSE SU PREFERENCIA EN RELACIÓN CON OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ATENTO AL CASO CONCRETO. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades deben velar por el interés superior del menor, el cual consiste, entre otras cosas, en asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, de forma tal que si bien deben velar porque los menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, esto tiene como excepción el interés superior del niño, como puede ocurrir en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. Ahora, otro principio constitucional lo constituye el de seguridad jurídica, por virtud del cual las sentencias definitivas deben cumplimentarse al ser de orden público e interés general, más aún en tratándose de aquellas emitidas en las controversias del orden familiar. No obstante, tal principio no puede estar por encima del interés superior del menor de existir indicios que permitan advertir que de cumplir con una sentencia -entrega de un menor a uno de sus progenitores- éste se podría ver afectado en su psique y su integridad física, ante la existencia de conductas lesivas realizadas con posterioridad a la sentencia a cumplimentar, pues de resultar ciertos los indicios de violencia, el cumplimiento de la sentencia conllevaría a exponer al menor a todo tipo de peligros desde agresiones físicas como psicológicas o hasta sexuales, que podrían dejar marcas de por vida. Por tanto, si el juzgador de lo familiar tiene conocimiento de cualquier indicio de riesgo que vulnere el interés superior del menor, debe someter el cumplimiento de la sentencia definitiva (seguridad jurídica) a dicho principio, por virtud de lo cual previo a ordenar el cumplimiento de una sentencia se debe allegar de las pruebas necesarias para valorar si se debe cumplimentar o no dicha sentencia. Máxime cuando en materia familiar las resoluciones no causan estado, en virtud de que éstas pueden y deben ser modificadas de existir nuevas situaciones de hecho que pudieran afectar los intereses de los niños.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1222, registro 160227) Por tanto, se insiste, se califican infundados los conceptos de violación, ya que debe respetarse el curso de las etapas procedimentales del incidente planteado por el hoy quejoso, atento, precisamente, al propio interés superior del menor. Sin que lo anterior soslaye lo dicho por el impetrante, en el sentido de que, como pruebas, obran en autos las diversas actas convivencias que ha sostenido con su hija, levantadas por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, de las cuales se aprecia la buena relación que mantienen, ya que ello no implica que sean las únicas probanzas que la responsable deba ponderar para decidir sobre la ampliación de las convivencias. Tampoco es óbice el hecho de que el incidente de ampliación el hoy quejoso lo promoviera, esencialmente, con el fin de que le fueran dispuestos los días que comprenden el plazo del diecinueve al veintisiete de abril de dos mil diecinueve, correspondiente al periodo vacacional de semana santa de ese año, los cuales, evidentemente, ya pasaron y, así, el análisis de su reclamo devendría innecesario dada la imposibilidad material y jurídica de concederle algún beneficio en ese sentido. Empero, se recuerda que también solicitó la ampliación de las convivencias por los primeros y terceros viernes, sábados y domingos de cada mes, circunstancia que mantiene viva, en la instancia, la materia del reclamo. De tal manera, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Rodríguez Magdaleno, por propio derecho y en representación de su menor hija X. R. J., contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado del Juez Civil de Primera Instancia en Encarnación de Díaz, Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando último de esta sentencia. Notifi´quese personalmente. Se notifica por este medio de lista y conforme lo ordenado mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, a la tercera interesada Yazmín del Carmen Juárez Mora, la sentencia engrosada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la cual dice: Se resuelve.- Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Rodríguez Magdaleno, por propio derecho y en representación de su menor hija X. R. J., contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado del Juez Civil de Primera Instancia en Encarnación de Díaz, Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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