Jorge Alberto Loera Magdaleno

Expediente 1628/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1628/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Loera Magdaleno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintidós de enero al ocho de febrero del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, hágase saber así a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    ... se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado. Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Respecto de su solicitud de copias, una vez dictada la sentencia, expídase a la Representante Social, las copias que refiere.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de diecisiete de diciembre de dos mil quince, de la que se advierte que la Actuaria de la adscripción no le fue posible entregar los oficios 47658/2015, 47659/2015, 47668/2015, 47669/2015, 47670/2015, 47671/2015, 47672/2015, 47673/2015, 478674/2015 y 47682/2015, dirigidos respectivamente a las autoridades Director General de Averiguaciones Previas, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común mesas I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y Director de Averiguaciones Previas del Estado, denominadas como responsables por la parte quejosa, en virtud que no existe. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, como está ordenado en el acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, téngase por inexistentes a las mencionadas autoridades y suspéndase toda comunicación con las mismas. Téngase recibido y agréguese a los autos el escrito suscrito por Héctor Barri Pascacio autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido se acuerda: Dígase al autorizado de la parte quejosa que no es factible acceder a su petición de ampliar la demanda de amparo, por las nuevas autoridades que refiere, toda vez que carece de facultades para ello, en términos de la jurisprudencia 1ª./J.37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4º. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6º., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Informe justificado Por otra parte, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados a que se refiere la razón de cuenta; con el contenido de los mismos, dese vista a las partes para todos los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Como lo pide la responsable Procurador General de Justicia en el Estado, se tienen como delegados de su parte en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su informe de cuenta.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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