Jorge Alberto Lira Huerta
Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 48 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jorge Alberto Lira Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Api********************aco, Tlaxcala, doce de abril de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el pla********************o de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del seis de mar********************o de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una ve******************** que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda ve******************** que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una ve******************** que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitali********************ación, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa ju********************gada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una ve******************** que transcurran los pla********************os que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Pla********************o de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de mar********************o de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Jue******************** Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fueron negadas tanto la medida provisional como la definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Luego, conviene precisar que los documentos exhibidos por la parte quejosa se ubican en el supuesto del artículo segundo, fracción XVIII del aludido Acuerdo General, por lo que es procedente requerirla para que los recoja, quedando a su disposición, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Devolución de constancias. Por otra parte devuélvase al Jue******************** de lo Civil del Distrito Judicial de Juáre********************, las constancias que remitió al rendir su informe justificado, consistentes en la copia certificada del expediente 73/2020, de su índice, así como del incidente de nulidad de actuaciones derivado de dicho asunto, del cual se ordenó formar tomos de pruebas respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muño********************, Jue******************** Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia Lópe******************** Márque********************, Secretaria de este Ju********************gado, quien autori********************a y da fe.ajb
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de doce de abril de dos mil veintitrés: certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el pla********************o de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del seis de mar********************o de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una ve******************** que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda ve******************** que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una ve******************** que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitali********************ación, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa ju********************gada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una ve******************** que transcurran los pla********************os que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Pla********************o de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de mar********************o de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Jue******************** Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fueron negadas tanto la medida provisional como la definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Luego, conviene precisar que los documentos exhibidos por la parte quejosa se ubican en el supuesto del artículo segundo, fracción XVIII del aludido Acuerdo General, por lo que es procedente requerirla para que los recoja, quedando a su disposición, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Devolución de constancias. Por otra parte devuélvase al Jue******************** de lo Civil del Distrito Judicial de Juáre********************, las constancias que remitió al rendir su informe justificado, consistentes en la copia certificada del expediente 73/2020, de su índice, así como del incidente de nulidad de actuaciones derivado de dicho asunto, del cual se ordenó formar tomos de pruebas respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muño********************, Jue******************** Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia Lópe******************** Márque********************, Secretaria de este Ju********************gado, quien autori********************a y da fe.ajb
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de marzo de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 107 a 120), se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: ""Emita un proveído en alcance a la imposición de la medida precautoria consistente en la inscripción preventiva de la demanda en la Dirección General de Notarías y Registros Públicos del Estado, emitida mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad de juicio concluido ********************, de su índice, en la que, de manera fundada y motivada, fije una fianza al actor, a efecto de que pueda responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones que le reclaman. Asimismo, deberá precisar la consecuencia jurídica de no otorgar la fianza impuesta". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado ******************** interpuso recurso de revisión (fojas 140 a 142), mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************(foja 153), y resuelto en ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 156 a .164), cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto delos actos reclamados del Director General de Estado de Tlaxcala, consistente en la notación marginal que, en cumplimiento a lo ordenado por el jue responsable dentro del expediente ********************, realizó con el sello registral ********************TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Tlaxcala, consistente en la medida precautoria relativa a la anotación registral decretada dentro del juicio de nulidad de juicios concluidos ********************". Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria citada y requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 165 a 167). Una vez que se recibieron las constancias con las cuales la responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, se dio vista a las partes; asimismo, por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia de amparo (fojas 233 a 236). Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************, y resuelto en ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con los puntos resolutivos siguientes: ".ÚNICO. Resulta fundado el presente recurso de inconformidad..." Lo anterior en virtud de las consideraciones y para los efectos siguientes: "Con todo, al fijar la garantía señalada, no atendió los lineamientos del fallo constitucional, en los que se estableció que debía realizar tal proceder de manera fundada y motivada. Es así, pues no expuso las razones legales con las que se justifique por qué dicho monto es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada, con la anotación marginal realizada sobre el inmueble en disputa, ni detalló las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la citada cantidad. No pasa inadvertido que en el auto dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable determinó fijar de manera discrecional el monto de la garantía, sustentándose para ello en el artículo 789 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Tlaxcala; sin embargo, los artículos 784 a 796, del propio ordenamiento legal (dentro de los que se encuentra el numeral 789), ubicados en el Capítulo II "Providencias precautorias", Título Primero "Actos prejudiciales", Libro Segundo "Juicios", no la facultan para obrar en ese sentido y, aun en ese supuesto, el ejercicio de facultades discrecionales deben limitarse con parámetros que impidan la actuación arbitraria de la autoridad, particularmente, con la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. (.) Luego, si en el fallo constitucional se constriñó al Juez de instancia a fijar una fianza de manera fundada y motivada, para que el actor responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones, pero no lo hizo en esos términos, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir la sentencia de amparo.". Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercer interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera (foja 318). Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo (fojas 329 a 333), por lo cual se requirió nuevamente a la responsable acatara el fallo protector. En consecuencia, la responsable remitió el oficio 213, al cual adjuntó las constancias con las que refirió dar cumplimiento al fallo protector, y con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente ********************, realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de su índice. 2.- Por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, en alcance a la imposición de la medida precautoria decretada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, de manera fundada y motivada: a) Destacó que la anotación registral es una medida cautelar que tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que la sentencia sea oponible a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso. b) Señaló que esa providencia es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario del bien raíz, pues coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite. c) Fijó como garantía el cincuenta por ciento del valor catastral del inmueble en cuestión, lo anterior debido a que: 1) ponderó la duración máxima del juicio de origen, 2) la carga laboral del órgano jurisdiccional y por último, 3) el estado procesal que guardan las actuaciones en el juicio de origen, dado que faltan la etapas de emplazamiento, apertura de juicio de prueba, ofrecimiento y desahogo de pruebas, etapa de alegatos y sentencia. Asimismo realizó las operaciones aritméticas correspondientes que determinaron dicha cantidad e índico la consecuencia jurídica al demandado en caso de no otorgar dicha garantía impuesta. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, seis de marzo de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 107 a 120), se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: ""Emita un proveído en alcance a la imposición de la medida precautoria consistente en la inscripción preventiva de la demanda en la Dirección General de Notarías y Registros Públicos del Estado, emitida mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad de juicio concluido ********************, de su índice, en la que, de manera fundada y motivada, fije una fianza al actor, a efecto de que pueda responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones que le reclaman. Asimismo, deberá precisar la consecuencia jurídica de no otorgar la fianza impuesta". Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado ******************** interpuso recurso de revisión (fojas 140 a 142), mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************(foja 153), y resuelto en ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 156 a .164), cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, respecto delos actos reclamados del Director General de Estado de Tlaxcala, consistente en la notación marginal que, en cumplimiento a lo ordenado por el jue responsable dentro del expediente ********************, realizó con el sello registral ********************TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Tlaxcala, consistente en la medida precautoria relativa a la anotación registral decretada dentro del juicio de nulidad de juicios concluidos ********************". Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria citada y requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 165 a 167). Una vez que se recibieron las constancias con las cuales la responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, se dio vista a las partes; asimismo, por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia de amparo (fojas 233 a 236). Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ********************, y resuelto en ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con los puntos resolutivos siguientes: ".ÚNICO. Resulta fundado el presente recurso de inconformidad..." Lo anterior en virtud de las consideraciones y para los efectos siguientes: "Con todo, al fijar la garantía señalada, no atendió los lineamientos del fallo constitucional, en los que se estableció que debía realizar tal proceder de manera fundada y motivada. Es así, pues no expuso las razones legales con las que se justifique por qué dicho monto es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada, con la anotación marginal realizada sobre el inmueble en disputa, ni detalló las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la citada cantidad. No pasa inadvertido que en el auto dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable determinó fijar de manera discrecional el monto de la garantía, sustentándose para ello en el artículo 789 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Tlaxcala; sin embargo, los artículos 784 a 796, del propio ordenamiento legal (dentro de los que se encuentra el numeral 789), ubicados en el Capítulo II "Providencias precautorias", Título Primero "Actos prejudiciales", Libro Segundo "Juicios", no la facultan para obrar en ese sentido y, aun en ese supuesto, el ejercicio de facultades discrecionales deben limitarse con parámetros que impidan la actuación arbitraria de la autoridad, particularmente, con la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. (.) Luego, si en el fallo constitucional se constriñó al Juez de instancia a fijar una fianza de manera fundada y motivada, para que el actor responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones, pero no lo hizo en esos términos, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir la sentencia de amparo.". Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercer interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera (foja 318). Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo (fojas 329 a 333), por lo cual se requirió nuevamente a la responsable acatara el fallo protector. En consecuencia, la responsable remitió el oficio 213, al cual adjuntó las constancias con las que refirió dar cumplimiento al fallo protector, y con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente ********************, realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de su índice. 2.- Por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, en alcance a la imposición de la medida precautoria decretada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, de manera fundada y motivada: a) Destacó que la anotación registral es una medida cautelar que tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que la sentencia sea oponible a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso. b) Señaló que esa providencia es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario del bien raíz, pues coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite. c) Fijó como garantía el cincuenta por ciento del valor catastral del inmueble en cuestión, lo anterior debido a que: 1) ponderó la duración máxima del juicio de origen, 2) la carga laboral del órgano jurisdiccional y por último, 3) el estado procesal que guardan las actuaciones en el juicio de origen, dado que faltan la etapas de emplazamiento, apertura de juicio de prueba, ofrecimiento y desahogo de pruebas, etapa de alegatos y sentencia. Asimismo realizó las operaciones aritméticas correspondientes que determinaron dicha cantidad e índico la consecuencia jurídica al demandado en caso de no otorgar dicha garantía impuesta. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
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