Jorge Alberto Limón Villa
Expediente 608/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- JORGE ALBERTO LIMÓN VILLA y Otros.
- Jorge Alberto Limón Villa
- Julio Cesar Limón Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de once de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las autoridades responsables y la parte quejosa, fueron notificadas el doce y diecisiete siguientes, respectivamente, quedando comprendido dicho plazo del trece de julio al uno de agosto de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en el artículo 20, fracción III, en el que se establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es conservable, toda vez que se concedió la suspensión de plano.
- Principal
Téngase recibido el oficio 0564/202 signado autógrafamente por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico y el Juez del Juzgado Cívico, ambos del Ayuntamiento de esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado; memorial y anexos que únicamente se ordenan agregar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física, toda vez que en proveído de once de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario.
- Principal
De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, ténganse recibidos los oficios JCM-0558/2023 y S.S.P.M./A.J./1220/2023, firmados autógrafamente por el Juez Cívico, Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico y el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, este último en representación y por instrucciones del titular de dicha dependencia, todos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su respectivo informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que los directos agraviados Jorge Alberto y Julio César, ambos de apellido Limón Villa, reclamaron la privación de la libertad, incomunicación, tortura y malos tratos de que aducen pudieron ser objeto en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. Luego, del contenido de los informes de cuenta y las documentales aportadas, se obtiene que éstos fueron puestos en libertad a las diecinueve horas con ocho y nueve minutos, respectivamente, del nueve de julio del año en curso, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Ahora, del referido precepto se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Ahora bien, como se anticipó, del análisis realizado a los informes de la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables, así como de las constancias que allegaron, se advierte que a las diecinueve horas con ocho y nueve minutos, respectivamente, del nueve de julio del año en curso, concluyó el arresto administrativo que fue impuesto a los quejosos, lo que se desprende, específicamente de las boletas de libertad con números de folio 503421 y 503422. Asimismo, en la razón actuarial de nueve de los cursantes, en la cual ratificaron la demanda, manifestaron que únicamente recibieron amenazas e intimidaciones, más no golpes, por lo que su integridad física se encuentra intacta, quedando claro que tampoco fueron objeto de tortura o privación de la vida. Ello se corrobora además con el examen médico realizado a los quejosos en que se les determinó clínicamente sanos, sin huellas de violencia. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que los quejosos fueron detenidos el nueve de julio a la una con treinta y tres minutos de la mañana, por alterar el orden familiar y puestos a disposición del Juzgado Cívico, asentándose que no presentaban huellas de lesiones aparentes. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte de los directos quejosos, pone de manifiesto la consumación irreparable de los actos reclamados, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. Lo que hace patente que cesaron los actos de los que refirieron ser objeto, y por tanto, se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que hubieren existido antes de éste. Por tanto, y al ser evidente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte la razón actuarial de la que se desprende que los directos agraviados Jorge Alberto y Julio César, ambos de apellido Limón Villa, ratificaron la demanda promovida en su favor. El Secretario encargado del despacho por vacaciones del titular acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados la privación de la vida, libertad, incomunicación, tortura y malos tratos de que pueden ser objeto los quejosos. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, IV, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión, en virtud de que en proveído de nueve de julio del año en curso, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deben rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifique, donde expondrán las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. De momento no se advierte su existencia. PRUEBAS. No se ofrecieron. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde.
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