Jorge Alberto Juárez Murillo
Expediente 416/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Alberto Juárez Murillo
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado. Archívese como asunto concluido. El expediente principal transcurrido cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Juárez Murillo, en contra del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Radicación Fórmese el expediente 416/2017 y regístrese como corresponda. Análisis sobre causa de improcedencia Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promoverte hizo valer como acto reclamado: .la integración de la carpeta de investigación CI-FTH/TLH-1/UI-1SD/0671/07/2016 en la cual se me asigna la calidad de probable responsable o bien imputado según se desprende de los hechos que narraré, y en la cual se ha ido integrando sin que se me haya llamado a la misma para que ejercite mi derecho de adecuada defensa, así como para que el suscrito me encuentre en posibilidad de ofrecer pruebas en mi beneficio dentro de la carpeta de investigación referida, lo cual puede ser tan grave como que se me prive de la libertad, violándose mis derechos humanos de garantía de audiencia, de adecuada defensa y de acceso a la justicia. En ese sentido, este juzgador federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo y la diversa fracción I del artículo 107 de la Constitución, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Para abordar el estudio de la causa que se invoca, resulta pertinente establecer los argumentos que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada en la queja penal 115/2016, originada con motivo de la queja interpuesta contra el acuerdo de desechamiento parcial de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 741/2016, del índice de este juzgado. En esa resolución, el tribunal colegiado expuso que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis que se actualiza en este caso, pues aun y cuando existe la carpeta de investigación, no se advierte que el promovente tenga acreditada alguna calidad específica, pues aun cuando el quejoso refiera que le asiste esa calidad, lo cierto es que el momento procesal para otorgarle ese carácter es durante la audiencia inicial del procedimiento penal acorde con las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimiento Penales. En el caso, la integración de la carpeta de investigación CI-FTH/TLH-1/UI-1SD/0671/07/2016 no irroga perjuicio al gobernado, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Pensar que los actos dictados durante la substanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y hacer procedente el juicio de amparo, obstaculizaría injustificadamente la potestad y el deber del Ministerio Público para recabar los datos de prueba a efecto de establecer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Pues además, no debe perderse de vista que por regla general el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social están exentos de cualquier acción tendente a la suspensión o paralización incluso a través del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia con datos de identificación: Época: Octava Registro: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Núm. 60, Diciembre de 1992 Materia(s): común Tesis: I. 1o. A. J/17 Página: 35 INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia Lo anterior se robustece con la tesis con datos de identificación: Época: Décima Registro: 2012423 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 33, Agosto de 2016 Materia(s): común Tesis: (X Región)2o.1 P (10a.) Página: 2592 INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Desechamiento Por tanto, tomando en consideración el marco argumentativo planteado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la queja penal 115/2016, así como la tesis (X Región)2o.1p(10a) que se invoca, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionada con la diversa fracción I del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo y fracción I del artículo 107 de la Constitución, por lo que se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la propia ley reglamentaria. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a la persona que refirió proporcionar cedula profesional. Por lo que hace a las personas restantes, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, en razón de que no se advierte que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. En la inteligencia de que para ejercer la autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas señaladas deberán acreditar su autorización para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Domicilio procesal Téngasele señalando domicilio procesal el que indica en la demanda. Consulta de expediente electrónico Se autoriza consultar el expediente vía electrónica con el usuario LUIGUI, así como se ordena vincular con el expediente electrónico para que pueda realizar la consulta del expediente. En consecuencia, en términos del artículo 5, 7, 10, 12 y 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3, 30, fracción II y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, se encuentra facultado para que, bajo su más estricta responsabilidad, pueda consultar el expediente electrónico que se formó con motivo de la presente demanda de amparo. La autorización para consultar las actuaciones únicamente surtirá efectos en este expediente. Se habilitan horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones que resulten de este expediente, incluso, en días y horas inhábiles. Otros juicios de amparo Se ordena al oficial SISE obtener del sistema la impresión de resultados de expedientes promovidos por el propio quejoso en toda la República. Transparencia Conforme al artículo 68, fracción I y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Notifíquese y personalmente al promovente. Acuerda el licenciado Juan Mateo Brieba De Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Miguel Ángel Alpízar Santamaría, secretario que da fe.
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