Jorge Alberto Ibañez Candelaria y Otros.
Expediente 549/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 47 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Alberto Ibañez Candelaria y Otros.
- Jorge Alberto Ibañez Candelaria
- Fatima Isabella Ibáñez Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
MESA III Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refieren los artículos 201 y 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiere inconformado contra el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 409 a 412), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio. En tales condiciones, de conformidad con lo ordenado en acuerdo de diecinueve del mes pasado, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído seis de abril del año en curso, transcurrió para la tercera interesada del once al trece de abril y para la parte quejosa del doce al dieciséis de abril del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador feneció, sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Uno Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en el Municipio de Guadalupe en el Estado de Nuevo León, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 194/2017-UIGPEVFS01. 2. Dictara otra con libertad de decisión siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, en la que precise de manera fundada y motivada: a) Si además de los estudios practicados a la menor quejosa por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es necesario y procedente efectuar otro; y, b) Motivara adecuadamente la orden de búsqueda y localización de los quejosos ordenada en el auto reclamado, en la que deberá pormenorizar los alcances de ésta. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación D-01 Sin Detenido, Agencia D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, al Coordinador de la Policía de Investigación del Distrito Federal en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y al Director de Representación y Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de la Ciudad de México, pues lo actos que se reclaman a éstas son consecuencia el acto de la autoridad ordenadora. En vista de ello, mediante comunicación recibida en este Juzgado el seis de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copia auténtica del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa 194/2017-UIGPEVFS0 (fojas 366 a 381) donde dejó insubsistente el acuerdo de vientres de mayo de dos mil diecisiete. Asimismo, dictó diverso acuerdo, mediante el cual consideró que no era necesario realizar otra evaluación psicológica a la menor Fátima Isabella Ibáñez Hernández, toda vez que ya se han practicado los estudios necesarios para valoración de la misma, y así evitar revictimizar a la menor procurando la protección máxima, en términos del interés superior del niño. En cuanto a la orden de búsqueda y localización de los quejosos, consideró que es incensario ordenar la misma, toda vez que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en audiencia inicial el imputado Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, se presentó a la misma y proporcionó medio electrónico a efecto de oír y recibir notificaciones, para comunicarle cualquier citación o actuación. Igualmente, en cuanto a las autoridades ejecutoras el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación D-01 Sin Detenido, Agencia D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, al Coordinador de la Policía de Investigación del Distrito Federal en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, informó que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se determinó la incompetencia de la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-3C/D/1481/06-2017, remitiéndose a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, por lo que la misma se encentraba imposibilitada para ejecutar los actos reclamados; asimismo, en cuanto al Director de Representación y Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de la Ciudad de México, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio toda vez que procuró en todo momento salvaguardar la integridad física y psicológica de la menor Fátima Isabella Ibáñez Hernández. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público responsable de la Unidad de Investigación "D-1", Sin detenido, perteneciente a la Agencia "D" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (foja 98).
- Incidental
MEESA III Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; transcurridos tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, sin hacer mayor proveído respecto de los billetes de depósito a efecto de garantizar la suspensión provisional, ya que el pasado diez de octubre de dos mil diecisiete, se devolvieron los mismos a la parte interesada.
- Principal
MESA III.SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA YESSIKA YOLANDA HERNÁNDEZ PENILLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído seis de abril del año en curso, transcurrió para la tercera interesada del once al trece de abril y para la parte quejosa del doce al dieciséis de abril del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador feneció, sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Uno Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales en el Municipio de Guadalupe en el Estado de Nuevo León, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 194/2017-UIGPEVFS01. 2. Dictara otra con libertad de decisión siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, en la que precise de manera fundada y motivada: a) Si además de los estudios practicados a la menor quejosa por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es necesario y procedente efectuar otro; y, b) Motivara adecuadamente la orden de búsqueda y localización de los quejosos ordenada en el auto reclamado, en la que deberá pormenorizar los alcances de ésta. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación D-01 Sin Detenido, Agencia D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, al Coordinador de la Policía de Investigación del Distrito Federal en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y al Director de Representación y Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de la Ciudad de México, pues lo actos que se reclaman a éstas son consecuencia el acto de la autoridad ordenadora. En vista de ello, mediante comunicación recibida en este Juzgado el seis de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copia auténtica del acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa 194/2017-UIGPEVFS0 (fojas 366 a 381) donde dejó insubsistente el acuerdo de vientres de mayo de dos mil diecisiete. Asimismo, dictó diverso acuerdo, mediante el cual consideró que no era necesario realizar otra evaluación psicológica a la menor Fátima Isabella Ibáñez Hernández, toda vez que ya se han practicado los estudios necesarios para valoración de la misma, y así evitar revictimizar a la menor procurando la protección máxima, en términos del interés superior del niño. En cuanto a la orden de búsqueda y localización de los quejosos, consideró que es incensario ordenar la misma, toda vez que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en audiencia inicial el imputado Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, se presentó a la misma y proporcionó medio electrónico a efecto de oír y recibir notificaciones, para comunicarle cualquier citación o actuación. Igualmente, en cuanto a las autoridades ejecutoras el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación D-01 Sin Detenido, Agencia D de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, al Coordinador de la Policía de Investigación del Distrito Federal en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, informó que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se determinó la incompetencia de la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-3C/D/1481/06-2017, remitiéndose a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, por lo que la misma se encentraba imposibilitada para ejecutar los actos reclamados; asimismo, en cuanto al Director de Representación y Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de la Ciudad de México, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio toda vez que procuró en todo momento salvaguardar la integridad física y psicológica de la menor Fátima Isabella Ibáñez Hernández. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público responsable de la Unidad de Investigación "D-1", Sin detenido, perteneciente a la Agencia "D" de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de julio de dos mil diecisiete (foja 98).
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