Jorge Alberto Hernandez Ruiz
Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco
- Jorge Alberto Hernandez Ruiz
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que precede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Hernández Ruiz, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito remitido por*********, en atención a su contenido, mediante el cual, desahoga la prevención realizada en proveído de once de octubre actual; en consecuencia se provee: Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese contexto, se puntualiza que la improcedencia general de la acción de amparo, se traduce en la imposibilidad jurídica del órgano de control constitucional de estudiar y decidir la cuestión planteada, y deberá abstenerse de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado, de tal forma que ante dicha imposibilidad la acción de amparo no logra su objetivo y la pretensión del quejoso no se realiza, no porque ésta pudiera ser infundada, sino porque, como ya se dijo, no debe analizarse la cuestión fundamental; por consiguiente, con motivo de la improcedencia de la acción de amparo, el juicio respectivo no concluye con la negativa de la protección federal, sino con el sobreseimiento decretado en el propio juicio, esto último acontece cuando la causa de improcedencia no es notoria, indudable o manifiesta, sino que se surte o se demuestra durante el procedimiento, pues de lo contrario, desde su inicio, daría lugar al desechamiento de plano de la demanda de amparo. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, y con sustento en el artículo 107, fracción V, antes transcrito, se concluye que tratándose de actos dentro de un juicio, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate1. 1 Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,723 IUS Intranet que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo todo acto de autoridad que viole las garantías individuales del gobernado, según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el juez de distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente del auto de doce de agosto de dos mil veinte, manifestando lo siguiente en capítulo relativo al acto reclamado: ".D).- En relación al inciso D del auto al cual se le da cumplimiento en el presente escrito he de señalar que es de reclamo la omisión de la autoridad señalada como responsable de turnar la demanda a la autoridad superior jerárquica del mismo rubro para que fuera esta misma quien decidiera respecto del carácter que les asiste a las autoridades servicio de administración tributaria he instituto de seguridad social del estado de tabasco, con independencia de haber ordenado, ejecutado, tratar de ejecutar, o haber omitido Ilevar a cabo un acto, ya que la autoridad hoy señalada como responsable fundamenta el desechamiento de acuerdo al numeral 37, fracción segunda, inciso A primera y última parte, limitándose, conforme a su competencia tener como autoridades demandadas a las autoridades de la administración pública descentralizada del poder público así como las autoridades Administrativas del Estado De Tabasco.." (sic) De lo que se desprende que la parte quejosa se duele del auto por el cual la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, desechó de manera parcial su demanda, al argumentar que precisamente las diversas autoridades señaladas por el aquí quejoso (Servicio de Administración Tributaria e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco ) no tenía el carácter de parte en el juicio natural; fundando su decisión en lo dispuesto por el artículo 38, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y de esta manera solo tuvo como responsable, para efectos de ese juicio administrativo, al Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y continuó el trámite de la misma. Ahora, una vez aclarado lo anterior, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en diversas ejecutorias que por actos de imposible reparación, debía entenderse aquellos que producen ejecución irreparable dentro del juicio cuando sólo afectaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y no los casos en que sólo se afectaran derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo anteriormente expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio".2 Asimismo, con la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."3 El Pleno del Alto Tribunal Constitucional del país, ha considerado que el legislador secundario fue preciso en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al establecer el alcance de la expresión atinente a los actos de imposible reparación, señalando que por dichos actos deben entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los 2 Visible en la página 1542 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 3 Visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, que el legislador a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para poder ser considerados como de imposible reparación necesitarían producir dos consecuencias a saber: a) Una afectación material a derechos sustantivos; esto es, que sus consecuencias deberían ser capaces de impedir en forma actual ejercer un derecho, y no solamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo y, b) Que tales consecuencias debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En esa virtud, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y caso a través del amparo directo o, bien del amparo adhesivo. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Esto es, que la intención del legislador es que las violaciones procesales que se cometan durante el procedimiento se impugnen únicamente a través del amparo directo y el amparo adhesivo, para que el Tribunal Colegiado resuelva respecto de todas las transgresiones adjetivas que se hagan valer, y en su caso, se fijen los términos precisos en que se deberá pronunciar la nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, como se adelantó, respecto del acto reclamado examinado en este apartado, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 107, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, dado que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, en el caso se estima que el acto reclamado por el quejoso, no es de imposible reparación, esto precisamente bajo la interpretación que la Corte ha realizado en los respectivos estudios jurisprudenciales, de la forma en que se ha señalado en párrafos que anteceden, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por auto de doce de agosto del año en curso, tuvo por admitida de forma parcial, la demanda presentada por el quejoso, empero, precisó que por lo que atañe a las diversas autoridades también señaladas como responsables -Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e Instituto de Seguridad Social del Estrado de Tabasco-, se desechaba las pretensiones del demandante; empero ordenó continuar con el trámite de la misma por lo que hace al diverso demandado Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, dentro del expediente administrativo 041/2020-S-2, de su índice. Empero, la resolución por la cual se desechó la demanda en contra de las co-demandadas antes mencionadas en el juicio contencioso administrativo de origen, no prejuzga sobre el resultado del fallo; es decir, la resolución reclamada no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, en tanto que solo se trata de que la demanda no se seguirá contra Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e Instituto de Seguridad Social del Estrado de Tabasco, prosiguiendo con las diversas etapas procesales del juicio obrero y resolviéndose lo que derecho corresponda respecto a la demandada emplazada al juicio contencioso administrativo. Por lo que tal acto, no puede ser considerado como de imposible reparación, pues la resolución combatida no produce a la parte impetrante dentro del procedimiento del juicio de origen, de manera inmediata, afectación a algún derecho sustantivo tutelado por los derechos humanos constitucionalizados, pues, por un lado, no impide el libre ejercicio de algún derecho, y por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; sino que eventualmente entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente y hasta ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó a la parte quejosa. De ahí que, aun cuando el Tribunal de Justicia Administrativa en auto de doce de agosto de dos mil veinte, tuvo por no interpuesta la demanda en contra de Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e Instituto de Seguridad Social del Estrado de Tabasco, y continúo el trámite del juicio contencioso administrativo, por lo que hace a la diversa demandada que se encuentra dentro del expediente 041/2020-S-2, de su índice, la única consecuencia será que se continúe el procedimiento laboral por la co-demandada, siguiendo las reglas establecidas para dichos juicios; pues bien puede ocurrir que el Tribunal responsable al momento de dictar sentencia lo resuelva a su favor, lo que conllevaría a que en el fondo del asunto puede obtener resolución favorable, con lo que se subsanaría el posible perjuicio del cual se dolió; y si no le favoreciere la referida sentencia, deberá alegarlo como violación procesal en amparo directo en contra del laudo correspondiente. En las narradas circunstancias, será hasta que se dicte la sentencia en el juicio contencioso administrativo 041/2020-S-2 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el momento en que podrá determinarse si la resolución que se impugna -acuerdo que se desecha la demanda incoada en contra de las co-demandadas Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público e Instituto de Seguridad Social del Estrado de Tabasco-, transcendió en el sentido del laudo, pudiéndola reclamar en amparo directo, de no ser favorable. Apoyo a lo anterior, la tesis Jurisprudencial 2a./J. 117/2000, localizable en la página 159, del tomo XIII, en enero de 2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia laboral, de la Novena Época, que a la letra reza: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo." Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.].' Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". De lo antes expuesto, se puede concluir que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 en relación con el 61, fracción XVIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Hernández Ruíz contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. RECURSO EFECTIVO. Cabe precisar que la determinación adoptada no pugna con el derecho de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, así como con los tratados internacionales, pues si bien éste se traduce en el derecho de todo gobernado a que se le administre justicia por tribunales previamente constituidos; lo cierto es que ello deberá realizarse conforme a los plazos y términos que fijen las leyes, lo que de suyo implica que no se trate de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto que está condicionado a la satisfacción de los supuestos o requisitos que establezca el legislador ordinario, los que a su vez deben sustentarse en los principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República, en atención a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que ésta se da.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veinte. Tramitación de la demanda. Visto, lo de cuenta se acuerda: Téngase recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el juicio 877/2020-VII-I, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el presente expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional debe seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, mismos que se encuentran previstos en los artículos 112 y 114 de la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que en lo referente establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 108 de la mencionada ley, señala lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda, hace consistir los actos reclamados en los siguientes: ".1.- LA OMSION EN CUANTO AL ACTO DE NEGATIVO DE NO HACER, DEL MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CONSISTENTE EN QUE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, OMITIÓ SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA DEL SUSCRITO EN CUANTO A LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA ADMINISTRATIVA, MISMA QUE EN TÉRMINOS DE LEY, DEBIÓ SER TURNADA A LA AUTORIDAD SUPERIOR JERARQUICA DEL MISMO RUBRO, SIN IMPEDIMENTO DE CAUSA O AL JUZGADOR AD QUEM, EL CUAL POR ANALOGÍA RESULTA SER EL MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA, LOS MAGISTRADOS DE LA SALA COLEGIADA, O QUIEN RESULTE LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO PLANTEADO POR LA HOY QUEJOSA, DEBIENDO ESCINDIR LA DEMANDA EN CUANTO A LOS ACTOS RECLAMADOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO TABASCO, NÚMERO 1203 DE LA COLONIA LINDA VISTA EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO E; INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO, NÚMERO 930. ESQUINA CON CALLE PERALTA DE LA COLONIA CENTRO EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO; PARA EFECTOS DE QUE EL MULTICITADO JUICIO FUESE TRAMITADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, TODA VEZ QUE SI BIEN ES CIERTO, LA COMPETENCIA DE LLAMAR A JUICIO COMO PARTE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 041/20204-2 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES FEDERALES, CON EXCPECIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, CIERTO ES TAMBIÉN QUE CON LA POTESTADO Y FACULTAD QUE LA FEDERACIÓN CONFIERE A TODOS LOS JUZGADORES Y AUTORIDADES, TANTO DEL FUERO COMÚN, COMO DEL FUERO FEDERAL, DEBIÓ LA AUTORIDAD HOY SEÑALADA COMO RESPONSABLE, APLICAR LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL QUE OCURSA, EN LA INTELIGENCIA QUE PARA ELLO CONTIENE EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL PRINCIPIO PRO PERSONA, PRINCIPIO DEL DERECHO JURIDICO MEXICANO QUE TUTELA UN DERECHO HUMANO Y QUE ES VINCULANTE CON EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE 1203 DE LA COLONIA LINDA VISTA EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO E; INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIA LDEL ESTADO DE TABASCO CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO, NÚMERO 930. ESQUINA CON CALLE PERALTA DE LA COLONIA CENTRO EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO EN EL EXPEDIENTE 041/20204-2, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD HOY SEÑALADA COMO RESPONSABLE REFIERE EN SU PUNTO TERCERO DEL AUTO DE INICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2020 QUE AUN CUANDO EL ACTOR EN SU ESCRITO DE DEMANDA SEÑALE COMO AUTORIDADES DEMANDADAS A LAS SEÑALADAS EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE, DE LA LECTURA INTEGRAL DE LA MISMA Y SU ANEXOS, CONSISTENTE AL ACTO IMPUGNADO SE DESPRENDE, QUE LA AUTORIDAD A LA QUE IMPUGNAN EL ACTO RECLAMADO, UNICAMENTE RESULTA SER EL H. AYUNTAMIENTO CONSTIUTCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, LO QUE DE ACUERDO AL NUMERAL 37, FRACCIÓN II, INCISO A) PRIMERA Y ULTIMA PARTE, QUE ESTABLECE QUE TENDRÁN EL CARÁCTER DE AUTORIDADE DEMANDADAS, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINSITRACIÓN PUBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES ADMINISSTRATIVAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE EMITAN EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LO QUE LE PERMITIÓ A LA HOY SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL LLEGAR A LA CONCLUSIÓN QUE DICHA AUTORIDAD RESULTA SER A QUIEN LE REVISTE EL CARÁCTER DE DEMANDADA Y NO A LAS OTRAS DOS AUTORIDADES, LAS CUALES EL QUEJOSO SEÑALÓ TAMBIEN COMO DEMANDADAS, TODA VEZ QUE SEGÚN LA RESPONSABLE, EN NINGUN MOMENTO ORDENARON O EJECUTARON EL ACTO, POR LO CUAL, SUPONIENDO, SIN CONCEDER, QUE LA HOY RESPONSABLE HUBIERA SIDO CONGRUENTE CON EL ANÁLISIS VERTIDO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL CUAL EMANA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, LO CORRECTO ERA QUE SE SUPLIERA LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN CUANTO A CAMBIAR DE PARTE A LAS DEMANDADAS, ES DECIR, QUE SI BIEN ES CIERTO NO LES ASISTÍA EL CARÁCTER DE DEMANDAS, CIERTO ES TAMBIÉN QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA TAMBIEN EXISTE EL CARÁCTER DE "TERCERO INTERESADO A JUICIO", CARÁCTER QUE ES POR DEMÁS ADECUADO A LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS DOS SEÑALADAS COMO DEMANDADAS EN EL JUICIO DE ORIGEN, LO ANTERIOR ES ASÍ, TODA VEZ QUE HA SIDO EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUIEN TAL Y COMO SE PUEDE APRECIAR DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE ORIGEN, FUE OMISO EN REALIZAR LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS QUE SE CONTIENEN EN LA DEMANDA PRINCIPAL, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO O EN SU CASO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MOTIVO POR EL CUAL ES DE SU LEGAL INTERÉS EL SER LLAMADOS A JUICIO PARA RECLAMAR DICHAS APORTACIONES AL ENTE JURÍDICO PÚBLICO QUE FUE OMISO EN CUMPLIRLAS." En ese tenor, de una lectura integral de la demanda que se provee, se advierte que el quejoso aduce que la responsable omitió suplir la deficiencia de la queja respecto de la demanda que presentó ante la misma; sin embargo, del acto reclamado no se advierte con precisión el acuerdo que recayó respecto de la demanda que presentó, ya que por un lado manifiesta que la demanda debió ser turnada a la autoridad superior jerárquica del mismo rubro, y por el otro aduce que la responsable fue omisa en llamar a juicio como terceros interesados a las partes que señaló como demandados. En esas condiciones, no se advierte con claridad el acto que reclama y señala como destacado la parte quejosa; es decir, si se duele de la omisión de turnar la demanda a la autoridad superior jerárquica del mismo rubro, o de suplir la deficiencia de la queja respecto del llamamiento de las demás partes al juicio de origen. Por tanto, tomando en consideración que el juicio de amparo resulta improcedente contra un procedimiento en general, así como contra actos imprecisos, en virtud de que tal circunstancia pudiera dar lugar a que la autoridad responsable no se encuentre en condiciones de rendir el informe justificado en forma clara y precisa; y que, además, en su caso, la sentencia que pudiera dictarse concediendo la protección constitucional carecería de una ejecución sobre la verdadera razón del amparo, por lo que se hace necesario que la promovente señale con claridad los actos que reclama a la autoridad responsable. Cobra aplicación al caso la Tesis Aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Por otro lado, se aprecia que el amparista no narra los antecedentes del acto reclamado; es decir, omite hacer una relación de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al mismo y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108. En esas condiciones, resulta necesario que manifieste los antecedentes del acto reclamado, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis número I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se DAVID JONATHAN RODRÍGUEZ CRUZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d1.42 26/09/22 10:52:31 reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, en relación con los diversos 108 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: a) Precise cual es el acto destacado que señala como responsable, esto es si el acuerdo recaído a la demanda que presentó es un auto de inicio o de prevención. b) Exhiba copia del mismo o en su caso transcriba su contenido. c) Indique si respecto del auto recaído a la demanda que promovió, presentó algún recurso. d) Si reclama la omisión de turnar la demanda al superior jerárquico o del llamamiento a juicio de los terceros interesados. e) Asimismo, deberá realizar una adecuada narración de los acontecimientos que ocurrieron con antelación al acto que reclama, que permita analizarlos dentro de su contexto legal. Requerimiento de que las manifestaciones se realicen bajo protesta de decir verdad. Asimismo, se le hace saber al promovente del amparo, que dado que se requiere que realice manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, deberán ser desahogada de manera personalísima por quien promovió la demanda (Jorge Alberto Hernández Ruiz) y que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P.51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido que del escrito mediante el cual cumpla la prevención impuesta en este acuerdo, deberá exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de incumplir con la prevención precisada dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Habilitacion de días y horas. En otro línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el libelo de cuenta y por autorizados en términos de lo preceptuado en el párrafo segundo del arábigo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo, por no tener registradas sus cédulas Profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se exhorta al uso de medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico jimenezsantiago_5@hotmail.com, así como al número telefónico 9931331582. Autorización de medios electrónicos. En relación con la autorización para tomar fotografías, de conformidad con la circular 12/2009, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable su petición; y se autoriza a las personas mencionadas en su escrito de cuenta el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, aptos para realizar esas funciones. De conformidad con la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, viernes 24 de abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008986, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de Ley.
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