JORGE ALBERTO GUILLEN ALCALA y Otros.
Expediente 359/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JORGE ALBERTO GUILLEN ALCALA y Otros.
- Jorge Alberto Guillen Alcala
Actuaciones
- Principal
MESA V San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por "............ , en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 359/2021. Precisión del acto reclamado, En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso Jorge Alberto Guillen Alcalá reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y Ejecutor de su adscripción: El auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar"............ , en el cuaderno de pruebas de la parte demandada incidentista. De la lectura integra de la demanda se aprecia que dicho auto deriva del cuaderno de pruebas en el cual el quejoso resulta ser parte demandada en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, como lo precisó dicho peticionario en la primera parte de su demanda y en su primer concepto de violación. Así también, el quejoso en los antecedentes del acto reclamado señaló que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve suscribió convenio a fin de dar por terminado su matrimonio en el divorcio incausado seguido ante el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Desechamiento En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción VI, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; --- [.]. De los preceptos transcritos se desprenden dos hipótesis para la procedencia contra dichos actos, las cuales son: 1) Contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, es decir, que gocen de autonomía en relación con dicha ejecución. 2) Contra actos dictados después de concluido el juicio en ejecución de sentencia. En relación con la primera clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no en la fase ejecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por lo que dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata (aunque, ciertamente, respecto del principio de definitividad, si procediera algún recurso en sede ordinaria por cuya virtud el acto pudiera ser modificado o nulificado, éste tendría que agotarse antes de acudir a la vía del amparo). En relación con la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). En el caso de esta clase de actos dictados después de concluido el juicio, pero en la ejecución de la sentencia, como se vio, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, tuvo como una de sus finalidades el evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, sin que múltiples amparos obstaculizaran su ejecución, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y tratándose de remates que sólo procedería en contra de la resolución que lo aprobara o desaprobara. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 11, Registro digital: 184221, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ahora, cabe precisar, que dentro de los actos dictados fuera de juicio, también es susceptible reclamar aquellos que tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de pruebas de la parte demandada, aquí quejoso, en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, relativo al expediente familiar ".........; proveído en el que se desecharon las pruebas que tal peticionario ofreció y no se admitió el recurso de apelación que interpuso contra ese auto. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la actuación reclamada a la autoridad responsable, en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que tal acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos, sino que, en su caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales que afectan sus derechos adjetivos. Es así, ya que hasta ahora no existe resolución definitiva en dicho incidente que determine si lo planteado es procedente o no, y por ahora, no es posible determinar si la actuación de la que se duele trascenderá al resultado de la resolución definitiva que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo indirecto, en el que le será factible también impugnar el acto que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo, previo agotamiento del recurso de apelación en términos del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI. 1o. J/36 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a las personas que precisa, por autorizadas para tal efecto, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza civil; ahora, si bien en el sistema aparece registrado Jerónimo Brena Flores, no se tiene certeza de que se trate de Gerónimo Brena Flores toda vez que este último no proporcionó su número de su cédula profesional a fin de concluir que se trata de la misma persona. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Glósese a los autos, el oficio suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el cual informa, en relación a la multa impuesta en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, a Hemerson Cortes Vicente, Integrante del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, actualmente controlada administrativamente con el número de resolución 22646/2019, ya que, no obstante la gestión de cobró efectuada por esa Administración, no fue posible cobrar dicha multa o localizar bienes al nombre del deudor, además, no existen garantías o embargos pendientes de hacer efectivos a través de los cuales pudiera liquidarse el adeudo en cuestión. En razón de lo anterior, se desprende que, solicita se le informe sobre le vigencia y situación jurídica en que se encuentra la citada multa. En ese tenor, conviene precisar que, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se impuso multa de cien unidades de medida y actualización vigente en esa fecha, equivalente a "............." $".........), a razón de 84.49 como valor diario, al referido Hemerson Cortes Vicente, en su carácter de autoridad responsable, al ser integrante del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. En esa medida, también resulta oportuno resaltar que, a la fecha la sentencia de amparo de treinta de abril de dos mil trece, no ha sido cumplida, la cual, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, realice todas las gestiones necesarias y cumpla con el aspecto económico del laudo pronunciado el veintidós de marzo de dos mil once, en el juicio"..........."de la estadística de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, hasta que se realice el pago total correspondiente. En razón de lo anterior, si en el presente caso aún no se cumple la referida sentencia, no obstante la multa impuesta al citado Hemerson Cortes Vicente y demás integrantes del aludido Ayuntamiento, esta potestad constitucional estima que, no es dable cancelar o condonar el referido crédito fiscal, hasta en tanto se tenga por cumplido el fallo protector, el cual, se encuentra sub iudice al convenio celebrado entre la parte quejosa y el precitado Ayuntamiento, ratificado el veintidós de septiembre de dos mil veinte ante la autoridad laboral, a fin de cumplir con el laudo de origen. Sin que pase inadvertido que, la autoridad recaudadora invoque en su solicitud el artículo 113 del Código Penal Federal, el cual, establece que la pena de multa prescribirá en un año; en virtud que, la referida legislación penal no es supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, por ende, no es dable aplicar al trámite del presente asunto dicha normatividad. Notifíquese.
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