Jorge Alberto Guerrero Gutiérrez
Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Jorge Alberto Guerrero Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, se les apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Alberto Guerrero Gutiérrez para el efecto de que la referida Junta Especial, dictara el laudo correspondiente en los autos del juicio laboral 585/2018 de su índice, y ordenara notificarlo a las partes. En cumplimiento a ello, el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido el veinte de octubre del presente año, remitió copia certificada del laudo dictado el catorce de octubre del año en curso dictado en el referido expediente, en el que resolvió lo conducente; restituyéndose de esa manera al peticionario de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Sin que pase inadvertido el hecho de que lo anterior se hizo del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercera interesada por acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós en el juicio de amparo en que se actúa, dado que ello se realizó por economía procesal y con el único fin de evitar requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 275, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 228, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice 2000, cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto en autos tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR MEDIO DE LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso, se les apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Alberto Guerrero Gutiérrez para el efecto de que la referida Junta Especial, dictara el laudo correspondiente en los autos del juicio laboral 585/2018 de su índice, y ordenara notificarlo a las partes. En cumplimiento a ello, el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido el veinte de octubre del presente año, remitió copia certificada del laudo dictado el catorce de octubre del año en curso dictado en el referido expediente, en el que resolvió lo conducente; restituyéndose de esa manera al peticionario de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Sin que pase inadvertido el hecho de que lo anterior se hizo del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercera interesada por acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós en el juicio de amparo en que se actúa, dado que ello se realizó por economía procesal y con el único fin de evitar requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 275, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 228, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice 2000, cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto en autos tanto la parte quejosa como la parte tercera interesada y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, y anexo que acompaña, de cuya lectura se advierte el cumplimento al fallo protector. En consecuencia, por economía procesal y con el único fin de evitar requerimientos y actuaciones judiciales que contravengan lo que pondera el principio de pronta administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con ese cumplimiento dese vista tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de dicho cumplimiento, apercibiéndoles que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 275, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 228, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice 2000, cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO."
- Principal
EPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en consideración que en los presentes autos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Se apercibe a la citada autoridad que de no dar cabal cumplimiento al fallo protector o no informe oportunamente el impedimento legal que para ello tenga, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su posterior consignación ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la citada Ley se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte. NOTIFÍQUESE.
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