Jorge Alberto González Zamorano

Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1155/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Jorge Alberto González Zamorano

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *********, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda; al efecto, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa toma de razón y firma de recibo que deje en autos, para constancia. Finalmente, vuélvanse los autos al archivo del que fue extraído.

  2. Principal

    Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de veintinueve de agosto del año en curso (fojas 28 a 33), en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Vista la constancia del Actuario Judicial adscrito a este juzgado, por medio de la cual informa que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de agosto del presente año, dictado en el presente juicio, por las razones expuestas; en consecuencia, para no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista el contenido de dicho proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta que subsane su omisión. Asimismo, notifico por lista el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, que en lo conduente dice: Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto González Zamorano, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) de la Delegación en el Estado de Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1155/2019-2-C. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual, resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: "a) La orden de los descuentos nominal por el concepto de "059 Crédito Hipotecario Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) La orden de los descuentos nominal por el concepto de "093 Seguro de daños Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) La orden de aplicación de los recursos de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, como pago inicial al crédito de construcción de vivienda y las retenciones subsecuentes. [.] a) La ejecución de los descuentos nominal por el concepto "059 Crédito Hipotecario Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) La ejecución de los descuentos nominal por el concepto "093 Seguro de daños Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) La ejecución de aplicación de los recursos de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, como pago inicial al crédito de construcción de vivienda y las retenciones subsecuentes" Luego, el quejoso manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa que con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, causó baja por renuncia quedando pensionado con la misma fecha señalando que del dos mil ocho al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que causó baja, no se le realizó ningún descuento por causa de un crédito, ni como activo ni como pensionado, es hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho, más de diez años después del último descuento impropio que vuelven a realizarle los descuentos, asunto por el cual, solicitó nuevamente al FOVISSSTE realizar la baja del sistema de forma definitiva, solicitando gestionar la devolución de los descuentos realizados en su nómina como pensionado, descuentos del seguro, así como lo que se retuvo del sistema de ahorro para el retiro, toda vez que nunca tuvo un crédito hipotecario ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De lo anterior, se tiene que por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la ejecución de la orden de descuento que reclama en el presente juicio de amparo. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Entonces, tomando en consideración que el peticionario del amparo señala que tuvo conocimiento de la ejecución del acto reclamado por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho (fecha en que se volvieron a realizar los descuentos que señala como actos reclamados), es claro que el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, aún sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parque quejosa con ello. Como se aprecia del artículo 17 de la Ley de Amparo, únicamente contra actos que afectan la libertad personal dictados fuera de procedimiento, puede promoverse el juicio en cualquier tiempo; sin embargo, en el caso no se actualiza ese supuesto de excepción. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, el cual se hace consistir, medularmente, en la orden de descuento vía nómina por el concepto 059 Crédito hipotecario FOVISSSTE, no constituye un acto de tracto sucesivo, puesto que esta se perfecciona desde el momento en que se emite; y si bien, los efectos de aquella orden se materializan cada vez que se hacen los descuentos al obligado, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse a partir de cada fecha en que se apliquen los descuentos. Se cita por ilustrativa, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, Séptima Época, página 65, de rubro y texto: "VISITAS DOMICILIARIAS. ORDEN DE QUE SE PRACTIQUEN. ES RECLAMABLE EN AMPARO DESDE EL MOMENTO DE SU EXPEDICION. NO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO. La orden de practicar una visita domiciliaria para auditoría fiscal, en sí misma considerada, no constituye un acto de tracto sucesivo, sino que se perfecciona en el momento mismo en que es autorizada por la autoridad competente para emitirla; y si bien los actos de su ejecución pueden prolongarse en el tiempo, tales actos no constituyen sino la consecuencia legal y directa de esa orden. Por ende, si la orden fue consentida tácitamente por el quejoso al no impugnarla mediante el juicio de amparo dentro del término legal, dichos actos deben considerarse como derivados de otro que para los efectos del juicio de amparo se tiene por tácitamente consentido, en los términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita en apoyo la tesis XVII.1o.31 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, visible en la página 1170, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA NO ES DE TRACTO SUCESIVO, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO Y NO DESDE CADA MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN DE PAGARLA. El acuerdo o resolución en que se decreta el pago de una pensión alimenticia no es de tracto sucesivo y, por tanto, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado a partir de que se notifique el mismo al interesado; pues si bien es cierto que los efectos de ese acuerdo o resolución se materializan cada vez que se hacen los descuentos al obligado, los cuales sí poseen esa naturaleza de tracto sucesivo, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse a partir de cada fecha en que deba pagarse la pensión, dado que es el acuerdo o resolución que la decreta el que contiene los motivos y fundamentos de esa determinación por los que se verifica el descuento respectivo en los ingresos del obligado. De ahí que no sea factible estimar que cada vez que se actualiza la obligación de pagar la pensión, pueda promoverse amparo dentro del plazo computado a partir de cada uno de esos momentos." En ese contexto, si la parte quejosa tuvo conocimiento de la ejecución de la orden de descuento que reclama, por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho, es patente que desde aquella fecha estuvo en aptitud de presentar su demanda de amparo. Consecuentemente, al presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, como se observa del sello de recibido de aquella oficina (foja 2), es claro que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando extemporánea su presentación. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en los términos que indica, los señalados en el proemio de la demanda por así haberlo expresado. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que se acuerde respecto a medios electrónicos, en virtud de no existir solicitud al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. OTRAS CONSIDERACIONES. Finalmente, en atención a su solicitud de la reparación integral del daño por violación a sus derechos humanos, no ha lugar hacer mayo pronunciamiento al respecto, lo anterior es así, debido a lo acordado en párrafos que anteceden en los cuales se desechó su demanda de amparo por ser extemporánea a la fecha de su presentación.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto González Zamorano, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) de la Delegación en el Estado de Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1155/2019-2-C. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual, resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: "a) La orden de los descuentos nominal por el concepto de "059 Crédito Hipotecario Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) La orden de los descuentos nominal por el concepto de "093 Seguro de daños Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) La orden de aplicación de los recursos de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, como pago inicial al crédito de construcción de vivienda y las retenciones subsecuentes. [.] a) La ejecución de los descuentos nominal por el concepto "059 Crédito Hipotecario Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) La ejecución de los descuentos nominal por el concepto "093 Seguro de daños Fovissste" de la pensión por jubilación que hoy percibo como ex trabajador de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) La ejecución de aplicación de los recursos de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, como pago inicial al crédito de construcción de vivienda y las retenciones subsecuentes" Luego, el quejoso manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa que con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, causó baja por renuncia quedando pensionado con la misma fecha señalando que del dos mil ocho al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que causó baja, no se le realizó ningún descuento por causa de un crédito, ni como activo ni como pensionado, es hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho, más de diez años después del último descuento impropio que vuelven a realizarle los descuentos, asunto por el cual, solicitó nuevamente al FOVISSSTE realizar la baja del sistema de forma definitiva, solicitando gestionar la devolución de los descuentos realizados en su nómina como pensionado, descuentos del seguro, así como lo que se retuvo del sistema de ahorro para el retiro, toda vez que nunca tuvo un crédito hipotecario ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De lo anterior, se tiene que por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la ejecución de la orden de descuento que reclama en el presente juicio de amparo. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en su contra, conforme con lo establecido por los artículos 95, 99, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa". Entonces, tomando en consideración que el peticionario del amparo señala que tuvo conocimiento de la ejecución del acto reclamado por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho (fecha en que se volvieron a realizar los descuentos que señala como actos reclamados), es claro que el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, aún sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parque quejosa con ello. Como se aprecia del artículo 17 de la Ley de Amparo, únicamente contra actos que afectan la libertad personal dictados fuera de procedimiento, puede promoverse el juicio en cualquier tiempo; sin embargo, en el caso no se actualiza ese supuesto de excepción. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, el cual se hace consistir, medularmente, en la orden de descuento vía nómina por el concepto 059 Crédito hipotecario FOVISSSTE, no constituye un acto de tracto sucesivo, puesto que esta se perfecciona desde el momento en que se emite; y si bien, los efectos de aquella orden se materializan cada vez que se hacen los descuentos al obligado, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse a partir de cada fecha en que se apliquen los descuentos. Se cita por ilustrativa, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Tercera Parte, Séptima Época, página 65, de rubro y texto: "VISITAS DOMICILIARIAS. ORDEN DE QUE SE PRACTIQUEN. ES RECLAMABLE EN AMPARO DESDE EL MOMENTO DE SU EXPEDICION. NO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO. La orden de practicar una visita domiciliaria para auditoría fiscal, en sí misma considerada, no constituye un acto de tracto sucesivo, sino que se perfecciona en el momento mismo en que es autorizada por la autoridad competente para emitirla; y si bien los actos de su ejecución pueden prolongarse en el tiempo, tales actos no constituyen sino la consecuencia legal y directa de esa orden. Por ende, si la orden fue consentida tácitamente por el quejoso al no impugnarla mediante el juicio de amparo dentro del término legal, dichos actos deben considerarse como derivados de otro que para los efectos del juicio de amparo se tiene por tácitamente consentido, en los términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita en apoyo la tesis XVII.1o.31 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, visible en la página 1170, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA NO ES DE TRACTO SUCESIVO, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO Y NO DESDE CADA MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN DE PAGARLA. El acuerdo o resolución en que se decreta el pago de una pensión alimenticia no es de tracto sucesivo y, por tanto, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado a partir de que se notifique el mismo al interesado; pues si bien es cierto que los efectos de ese acuerdo o resolución se materializan cada vez que se hacen los descuentos al obligado, los cuales sí poseen esa naturaleza de tracto sucesivo, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse a partir de cada fecha en que deba pagarse la pensión, dado que es el acuerdo o resolución que la decreta el que contiene los motivos y fundamentos de esa determinación por los que se verifica el descuento respectivo en los ingresos del obligado. De ahí que no sea factible estimar que cada vez que se actualiza la obligación de pagar la pensión, pueda promoverse amparo dentro del plazo computado a partir de cada uno de esos momentos." En ese contexto, si la parte quejosa tuvo conocimiento de la ejecución de la orden de descuento que reclama, por lo menos desde el treinta de junio de dos mil dieciocho, es patente que desde aquella fecha estuvo en aptitud de presentar su demanda de amparo. Consecuentemente, al presentarse la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, como se observa del sello de recibido de aquella oficina (foja 2), es claro que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando extemporánea su presentación. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de considerarse procedente una demanda presentada de forma extemporánea se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en los términos que indica, los señalados en el proemio de la demanda por así haberlo expresado. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que se acuerde respecto a medios electrónicos, en virtud de no existir solicitud al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. OTRAS CONSIDERACIONES. Finalmente, en atención a su solicitud de la reparación integral del daño por violación a sus derechos humanos, no ha lugar hacer mayo pronunciamiento al respecto, lo anterior es así, debido a lo acordado en párrafos que anteceden en los cuales se desechó su demanda de amparo por ser extemporánea a la fecha de su presentación.

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