Jorge Alberto González Rivero y Otros.
Expediente 1357/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Alberto González Rivero y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia, en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, realizara lo siguiente: 1. Deje sin efectos la orden de aprehensión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, librada en la carpeta judicial C-233/2021, en lo concerniente a Benjamín González Vega, por el hecho delictuoso que la ley penal señala como delito de homicidio calificado. 2. En su lugar, en audiencia video-grabada emita una nueva determinación, en la cual reitere la acreditación de todos los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión, con excepción del último concerniente a la necesidad de cautela. 3. Respecto al elemento de la necesidad de cautela, prescinda de tener por justificado tal elemento, por el solo hecho que el delito amerita prisión preventiva oficiosa; y en su lugar, atendiendo a lo solicitado por el Agente del Ministerio Público en su petición de librar una orden de aprehensión, determine si éste justificó la necesidad de la cautela, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. TRÁMITES DE LA RESPONSABLE. La Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia, en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, por oficio S-C-196/2023, remitió copia autorizada con firma autógrafa de la resolución de siete de septiembre de la presente anualidad, así como la audiencia de la misma fecha (video-grabada). III. VISTA Y NOTIFICACIONES. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexos descritos en el párrafo que antecede, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, esta juzgadora acordaría lo que en derecho procediera. IV. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la misma, esto es, dejó sin efectos la orden de aprehensión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, librada en la carpeta judicial C-233/2021, en lo concerniente a Benjamín González Vega, por el hecho delictuoso que la ley penal señala como delito de homicidio calificado y en su lugar, en resolución de siete de septiembre del año en curso (fojas 578 a 588), determinó negar la orden de aprehensión en contra del quejoso. Razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal; colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. V. CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por tanto, en cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido acuerdo general, el expediente principal es conservable, dado que se concedió la protección constitucional. Respecto del original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, éste es conservable, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del mencionado acuerdo general, al haberse concedido la medida cautelar definitiva. Por tanto, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, el presente expediente y cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos. De igual modo, con fundamento en el diverso numeral 19, fracción II inciso a) del multicitado acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión es destruible, por lo que al fenecer el plazo de seis meses de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del mismo; en términos de lo establecido por el diverso numeral 23 del Acuerdo General. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el primero de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Maribel Castillo Moreno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio y anexos signados por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en un tomo el juicio de amparo ********************, del cual determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto, tomando en consideración que se tuvo conocimiento previo del juicio de amparo ********************; comuníquese esta determinación al Juez declinante para los efectos legales procedentes. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número ******************** que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico y físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Admisión. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda propuesta. Incidente. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con base en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Sin embargo, respecto a las pruebas documentales que refiere, las mismas se tiene por anunciadas, y acuérdese lo conducente hasta en tanto obre el informe con justificación de la autoridad responsable. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral de origen. (No originales). - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Notificaciones al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. Autoridad responsable. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 28, fracción III y 30 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable proporcione un correo institucional que pueda ser corroborado por este órgano jurisdiccional, a fin de que se realicen las notificaciones del presente expediente por este medio; lo anterior privilegiando los medios electrónicos. Asimismo, deberá manifestar si es su deseo que las notificaciones se lleven a cabo a través del citado medio. Autorizados. Toda vez que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos.
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