Jorge Alberto Gómez Alcántara

Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
623/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Gómez Alcántara

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo de las constancias que se le remitieron a fin de sustanciar el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra del auto del dos de mayo de dos mil veintitrés, mismo que quedó registrado como recurso de queja ********************de su estadística, el cual, desechó por notoriamente extemporáneo; asimismo, solicita que se notifique al directo quejoso en el lugar de su reclusión, el auto de treinta de mayo del año en curso, que dictó dicho Tribunal, y hecho ello, se le remita por interconexión la constancia de notificación correspondiente, además, se le haga entrega al recurrente de copia certificada de las constancias que integran el citado expediente de queja, que al efecto remite. De lo anterior se toma conocimiento y una vez que el Ad quem comunique que la determinación por la cual desechó el recurso intentado quedó firme, acuérdese lo que en derecho corresponda. Por otro lado, en atención a lo que solicita, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a cualquiera de los actuarios a fin de que notifiquen de manera personal al directo quejoso en el lugar de su reclusión el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del recurso de queja ********************de su índice; asimismo, le haga entrega de copia certificada de las constancias que integran el citado expediente de queja, que al efecto remitió el oficiante. Hecho que sea lo anterior, sin ulterior acuerdo y a la brevedad posible, remítase vía interconexión la constancia de notificación correspondiente a la autoridad oficiante. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), a través del cual, la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, comunica que designó a Enrique ******************** y/o Luceli del Carmen Mendoza Martínez, adscritos al Área de Amparos de ese Instituto, para que de manera conjunta, separada e indistinta, asuman la representación del aquí quejoso ********************; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados para ello y adjunta el escrito por el cual el citado ********************, acepta el cargo conferido. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de la designación que realizó; y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados a las personas que refiere para dichos efectos. Por otro lado, toda vez que la oficiante adjunta el escrito mediante el cual Enrique ******************** acepta y protesta el cargo conferido para representar los intereses del aquí quejoso, para lo cual, exhibe copia de su cédula profesional ********************y de su gafete oficial con folio ********************; asimismo, proporciona domicilio físico para oír y recibir notificaciones, correos electrónicos, números telefónicos, designa autorizados, y solicita que las notificaciones personales se lleven a cabo en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, de manera personal al quejoso en el lugar de su reclusión y, a él mediante oficio, se tiene a dicho profesionista aceptado y protestado el cargo de asesor jurídico del quejoso ********************. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir el primer correo electrónico que refiere Enrique ********************, de conformidad con citado el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y se toma conocimiento del diverso correo electrónico que indica, así como del domicilio físico y números telefónicos que refiere. Además, tocante a su solicitud de que se tenga por autorizadas a diversas personas para oír y recibir notificadores, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene a éstas en dichos términos, para los efectos procedentes. Por otro lado, comuníquese al citado defensor que las notificaciones personales que deban efectuarse al quejoso se realizarán en términos de lo establecido el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, indíquesele que no ha lugar a remitirle las notificaciones mediante oficio, toda vez que el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece ese supuesto para que se justifique tal circunstancia; por tanto, en términos de la fracción I, del numeral aludido, las notificaciones se le realizarán por medio del correo electrónico que proporcionó, o bien, en el domicilio físico que indico, en el entendido que únicamente se le practicaran en dichos términos las notificaciones que la ley establezca de manera personal. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos se aprecia que mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se reservó proveer lo conducente respecto al recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra del auto del dos de mayo de dos mil veintitrés, hasta en tanto se designara un Asesor Jurídico que lo acompañara durante la tramitación del presente juicio de amparo, lo que en la especia ya aconteció. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. En ese sentido, con el fin de resolver dicho medio de defensa legal interpuesto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a efecto de que entregue el oficio que derive de la presente determinación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el escrito original de interposición del recurso, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado correspondiente para substanciar el medio de impugnación. En atención a lo anterior, y al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, a efecto de resolver el recurso de queja que hace valer la parte quejosa, contra del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta a través del cual, el quejoso **, interpone recurso de queja en contra del auto del veintisiete de abril de dos mil veintitrés y formula expresión de agravios, asimismo, solicita se le asigne un defensor público y copias certificadas de todos los autos del presente asunto y señala domicilio. Atento a lo anterior, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que ese proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, a efecto de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor del quejoso, en cumplimiento a la Jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Libro 69, Agosto de 2019, página 1301, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", requiérase mediante oficio al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el término de tres días legalmente computados, designe un Asesor Jurídico que acompañe al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo, quien dentro del mismo plazo, deberá comparecer a aceptar el cargo conferido, e imponerse de los autos, apercibido que, en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con respecto al recurso de queja interpuesto por el quejoso, se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, realice lo propio. Por otra parte, respecto a la solicitud de las copias certificadas que solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse al referido quejoso copias certificadas únicamente de las constancias que resultan necesarias para su adecuada defensa, tomando en consideración lo genérico de su manifestación, aunado a que a nada práctico conduciría remitirle copia de promociones formuladas por su parte, o bien de comunicaciones entre autoridades que no guarden relación con la litis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 27/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 347, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, con número de registro 2006793, de rubro y texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido. " En ese sentido, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos, para que hagan la entrega de dichas constancias en el lugar de reclusión del referido quejoso. Finalmente, al domicilio que proporciona, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud, de que en proveído de veintisiete de abril del presente año, se proveyó lo conducente. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión.

  4. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, resulta innecesario requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable, toda vez que, como se advierte mediante autos de doce y trece de abril del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 29-1-3-8646/23 (con anexo) y 29-1-3-8617/23 (con anexo) signados por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en esta ciudad, por los cuales, con el primero remite copia certificada del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que informa que en auto de cuatro de abril de la presente anualidad, dejo sin efectos la multa impuesta a la parte quejosa y procedió a valorar las gestiones de cumplimiento que obran en los autos del procedimiento de origen, con lo que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con el segundo, remite copia del referido auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos recibidos en proveídos de doce y trece de abril del año en curso, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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