Jorge Alberto Franco Castillo
Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Alberto Franco Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia por la que se negó el amparo solicitado no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso en su contra el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Cuadernillo original del incidente. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Cuadernillo duplicado del incidente. Es DESTRUIBLE en el plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos: Las partes no allegaron documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, incisos a) y b), 20, fracción II, y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, devuélvase al Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la copia certificada del toca 282/2020, de su índice, en un tomo, así como testimonio de apelación en un tomo; mientras que al Juzgado de Partido Civil del Valle de Santiago, Guanajuato, la copia certificada del juicio especial número ***, en un tomo, los cuales remitieron en apoyo a su informe de ley, por resultar innecesaria su retención. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado; ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funjo como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
.... TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato y al Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio *** y del toca *** que remitieron con su informe justificado las autoridades responsables, lo cual obra en tres tomos por separado, a lo cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Estudio de fondo. Toda vez que, en el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte la concurrencia de alguna, se procede a analizar el fondo del presente asunto. En principio, se estima innecesario transcribir los conceptos de violación, pues basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los mismos para colmar las exigencias de la Ley de Amparo. Previo a realizar cualquier consideración, para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, conviene precisar los siguientes antecedentes: 1.-Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil ocho, ***, promovieron divorcio por mutuo consentimiento; 2.- El once de septiembre de dos mil ocho, el Juez Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, dictó sentencia en el expediente ***, en la cual, se indicó que los promoventes ratificaron el convenio que presentaron con su demanda, en lo que interesa en el presente asunto, se señaló: ".4.- El señor Jorge Alberto *** pasará una pensión alimenticia para su menor hija de *** semanales, asimismo coadyuvará con los gastos de vestido, educación y medicamento para su menor hija y se compromete a aumentar dicha cantidad en caso de encontrar un mejor empleo; 5.- Ambas partes trataran de ajustar la pensión según suba el costo de la vida y de acuerdo a su realidad social." 3.- El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, las terceras interesadas ****, promovieron incidente de liquidación de alimentos, respecto de los años dos mil dieciocho a dos mil diecinueve, mismo que fue admitido a trámite en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; 4.- Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veinte, el aquí quejoso dio contestación al incidente, realizando diversas manifestaciones, entre las que se encuentra lo siguiente: ".posteriormente me di cuenta que se metió a trabajar a la fábrica *** en *** y yo la verdad no lo podía creer que mejor se hubiera metido a trabajar que terminar su CETIS. .quienes fundamentan su petición únicamente en la falsa manifestación de que adeudo alimentos por once años sin especificar hecho alguno y omitiendo al Tribunal que mi hija **** cumplió la mayoría de edad el 09 de julio de 2018 y que no se encuentra estudiando." (lo resaltado es propio). 5.- Seguida la secuela incidental, el veintiséis de junio de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia, en la que condenó al demandado incidentista al pago de $****, por concepto de alimentos definitivos del diez de enero de dos mil nueve al treinta de noviembre de dos mil diecinueve; 6.- Inconforme con esa resolución el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien registró el toca ***, en el que en sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, resolvió confirmar la sentencia recurrida, la consideración que se tomó en la citada sentencia y que es controvertida en el presente amparo fue: "..En primer lugar, para este Tribunal de Apelación son inoperantes las afrentas que se hicieron consistir en la prescripción de las pensiones alimenticias reclamadas y en que la obligación alimentaria debe ser suspendida. Se sostiene lo anterior, ya que con el agravio en comento se pretende innovar la litis trabada dentro del sumario de origen, puesto que, a través de aquéllas se pretende introducir cuestiones que no fueron invocadas en el escrito de contestación a la demanda incidental, como lo es la prescripción de las pensiones alimenticias reclamadas y la relativa a la suspensión de la obligación alimentaria; por ende, dichas cuestiones constituyen aspectos novedosos en esta Segunda Instancia que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida. De ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a variar el sentido del fallo combatido." Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancias constitucional. Ahora bien, la parte quejosa en su concepto de violación señaló que la determinación asumida por la sala responsable viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque la prescripción de la ejecución de la sentencia de un juicio es una figura procesal que no puede ser opuesta como excepción sino que, en todo caso, corresponde al juzgador del conocimiento pronunciarse sobre el particular incluso, de manera oficiosa, sin que con ello se vulneren los principios de congruencia y dispositivo que rigen el procedimiento civil, y con ello propiciar que se dirima esa cuestión, pues dicha figurar no se trata de una excepción procesal a la que le sea aplicable el principio de justicia rogada, y tampoco puede decirse que de analizarse oficiosamente se viole el principio de congruencia rector del procedimiento, dado que no constituye un tema que a fin de ser resuelto deba hacerse en forma específica a través de una excepción procesal, hacerlo de otra manera sería contravenir el principio de seguridad jurídica, en la medida en que no se tendría certeza respecto de la vigencia de la ejecución de la sentencia. Motivos de disenso que se estiman infundados. Cabe precisar que la prescripción, según lo dispuesto en el artículo 1231 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, la adquisición de bienes se llama prescripción positiva y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa. La prescripción negativa se ha establecido en la mayoría de los sistemas jurídicos, a fin de evitar que por el no ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas. En esa virtud, a los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo. Así la prescripción opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales. En este orden de ideas, la prescripción como excepción procesal se encuentra sometida al principio de justicia rogada, ello porque es una excepción perentoria que destruye una acción que tuvo existencia y, como excepción que es, debe ser opuesta por el demandado, habida cuenta que cabe la posibilidad jurídica que el obligado renuncie a la prescripción adquirida y decida cumplir con la sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. Así las cosas, contrario a lo manifestado por la parte quejosa para que la autoridad estuviera en aptitud de analizar la prescripción de la obligación alimentaria, resultaba necesario que lo hiciera valer, pues aun cuando el derecho a ejecutar un convenio no puede adquirir la calidad de perpetuo ni imprescriptible, la prescripción constituye una excepción propia que debe oponer la parte obligada, quien puede renunciar a la prescripción sobrevenida, que regula el artículo 1237 del código civil ya mencionado, que dispone que las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada y en consecuencia, si así lo decide la voluntad del sujeto pasivo, éste puede cumplir con lo que se obligó, ésta es la causa por la cual, en juicio seguido contra el obligado, aun cuando se esté en el período de ejecución de sentencia, no es admisible que el juez invoque de oficio a la prescripción, sino que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción, pues depende de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte. Apoya a lo anterior por analogía la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013070 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 48/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 873 Tipo: Jurisprudencia PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO. La interpretación de los artículos 1079, fracción IV, del Código de Comercio, 1135, 1136, 1141 y 1142 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, conduce a determinar que el plazo de prescripción de tres años para la ejecución de sentencias dictadas en juicios ejecutivos mercantiles, previsto en el primero, no debe ser analizado de oficio por el juez, sino sólo a petición de parte. Lo anterior, porque la prescripción negativa es una institución jurídica establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor, que genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa, de modo que si realiza el pago no obstante el tiempo transcurrido, éste es válido y no da lugar a la acción de pago de lo indebido. De ahí que los jueces deban abstenerse de analizar oficiosamente este aspecto, para dejar al deudor la determinación de hacer valer o no la prescripción, pues responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el deudor o ejecutado, ya que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción de ejecución, porque no bastaría verificar el transcurso del tiempo, sino que involucra hechos que deben ser acreditados y de los que debe darse oportunidad al acreedor de controvertir, referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si operó algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, si es correcto el cómputo de plazo, cuál es su punto inicial y cuál el final, entre otros. Contradicción de tesis 51/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de agosto de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Tesis y/o criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 112/2013, con la tesis aislada número VI.2o.C.33 C (10a.), de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL JUEZ PUEDE ANALIZARLA DE MANERA OFICIOSA, SIN QUE CON ELLO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DISPOSITIVOS QUE RIGEN ESE PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2642, con número de registro digital: 2004549. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 505/2015-I, determinó que el Juez de primera instancia no está facultado para decretar oficiosamente la prescripción del derecho del actor para ejecutar la sentencia, pues la vigencia del derecho relativo se finca en la sola existencia de ésta, sin que sea exigible al actor que justifique de manera adicional o complementaria ese derecho, ni que el mismo esté vigente, pues de estimar lo contrario, implicaría imponer a los acreedores-actores la carga procesal consistente en que, de manera original y unilateral, tengan que justificar de manera adicional a su solicitud las circunstancias o condiciones por las que se considera y acredita que su derecho no está prescrito. Tesis de jurisprudencia 48/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Nación a Jorge Alberto Franco Castillo. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Único de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, por las consideraciones señaladas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista las terceras interesadas y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
...Audiencia constitucional...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio electrónico signado por el Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 64/2021 (357/2021) del índice de este juzgado, enviado a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada *** lo que aconteció el cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación; y desglósese del oficio de cuenta los anexos que le fueron remitidos a la autoridad oficiante, en virtud de ser innecesario su agregado en el presente expediente. Sin que sea necesario expedir acuse de recibo, por así solicitarlo expresamente el juez exhortado. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO NOTIFICACIÓN POR LISTA Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la tercera interesada *** en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya transcurrió, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?page Name=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión...
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