JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ y Otros.
- Jorge Alberto Domínguez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que no está publicado en la lista que se fija en un lugar visible de este órgano jurisdiccional el proveído de diecinueve de enero pasado; en consecuencia, se comisiona al actuario para que realice la publicación de dicho auto.AUTO DE 19-ENERO-2022 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de diciembre pasado, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno. Finalmente, se ordena la devolución de los anexos formados con el duplicado de la averiguación previa 1550/2011/CENTRO/DMZN-I/M-UNO-AIE, misma que remitió la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe con justificación; solicitando acuse recibo.
- Principal
Oficio 780 signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Por el que en atención al requerimiento de veintidós de diciembre pasado, remite copias fotostáticas certificadas de la constancia de notificación de la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la averiguación previa ***, de su índice. De la interpretación armónica de los preceptos trascritos, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, es importante destacar que el quejoso ***, señaló en su escrito de demanda como actos reclamados los siguientes: La dilación injustificada en resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal respecto del delito denominado fraude especifico de simulación de actos que se investiga en autos de la averiguación previa ***, atribuido a ***, en agravio del directo quejoso, así como su notificación. La omisión a dar respuesta a su escrito con sello de recibo de once de agosto de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable, por el que solicitó se dictara la resolución correspondiente en la averiguación previa ***, respecto del ejercicio o no de la acción persecutoria. Sin embargo, conforme a las constancias remitidas en el oficio de cuenta por la autoridad responsable, así como las recibidas en proveído de veinticinco de noviembre pasado; a las que por ser documentos públicos se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria vigente de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se advierte: Por escrito con sello de recibo de once de agosto de dos mil veinte, presentado por el aquí quejoso ante la autoridad responsable, por el que solicitó determinara sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa ***. Luego, mediante determinación de veintidós de diciembre pasado, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Laura Martínez Gámez, remitió copias fotostáticas en donde determinó el no ejercicio de la acción penal respecto del delito denominado fraude especifico de simulación de actos que se investiga en autos de la averiguación previa ***, atribuido a ***, en agravio del directo quejoso ***. Posteriormente, del oficio de cuenta se observa que la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancia de notificación de la referida determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la averiguación previa ***, de su índice, hecha al aquí quejoso (24 de noviembre de 2021); en consecuencia, podemos concluir que en este caso han cesado los efectos de los actos reclamados, consistentes en: La omisión de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Laura Martínez Gámez, de emitir resolución respecto al ejercicio o no de la acción penal en la averiguación previa ***, así como su notificación. La omisión a dar respuesta a su escrito con sello de recibo de once de agosto de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable, por el que solicitó se dictara la resolución correspondiente en la averiguación previa ***, respecto del ejercicio o no de la acción persecutoria. De tal forma que la afectación de la que se dolía el impetrante de amparo desapareció, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, actualizándose en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se advierte que no se ha llevado a cabo la audiencia constitucional señalada en autos toda vez que agente del Ministerio Púbico adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Laura Martínez Gamez, no ha remitido las constancias requeridas en auto de veinticinco de noviembre pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, requiérase a la agente ministerial por conducto del Fiscalía General del Estado de Puebla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído remita copias certificadas legible de las constancia de notificación a las partes de la resolución veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la averiguación previa AP-1550/2011/CENTRO, de su índice, Apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $22,405.00 (veintidós mil cuatrocientos cinco pesos), que es el resultado de multiplicar $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), por doscientos cincuenta días de salario. Para dar margen a lo anterior, se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, y tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente.
- Principal
.Oficio 671 signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana.24/11/201 09:1623768 Remite copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en la averiguación previa AP-1550/2011/CENTRO, de su estadística; con su contenido dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 de la ley de la materia. Ahora bien, a efecto de que este juzgado esté en aptitud de resolver lo conducente en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que, en el término de tres días a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas legible de las constancia de notificación a las partes de la resolución veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la averiguación previa AP-1550/2011/CENTRO, de su índice, dado que resultan necesarias para el efecto de analizar el acto que aquí se reclama. Apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, el cual equivale a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), que es el resultado de multiplicar $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), por cien días de salario. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que está señalada para hoy la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de dar margen a lo anterior se difiere esta para las TRCE HORAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, y tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación.
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