Jorge Alberto Correa Fernández

Expediente 45/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
45/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Correa Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el diverso comunicado enviado por el Encargado de la Oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, por el que informa el trámite dado al oficio 2249/2022 del índice de este juzgado; al respecto, se acuerda: Únicamente glósese para que obre como corresponda, toda vez que dicha información ya obra en autos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de quince febrero del presente año, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 2248/2022 y 2249/2022, dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Transmisión, Empresa Productiva Subsidiaria, ambos con sede en la Ciudad de México, destinados a notificarles el proveído de quince de febrero del presente año; en tal virtud, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe el destino que se le dio a las piezas postales registradas como MN380015582MX, y MN380015583MX,dirigidas a las citadas autoridades. Apercíbasele que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, todos de la Ley de Amparo, y su complemento del día siguiente. Adjúntesele copia simple de la factura de correspondencia depositada ante dicha oficina.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De su parte, los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia Ley de Amparo, señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". [.]". Ahora, como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Del texto de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del alto tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, a fin de dilucidar por qué se estima que se actualiza la causa de improcedencia aludida, cabe señalar que en el presente caso, en su demanda de amparo el quejoso señaló como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad; en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, se le tuvo ampliando la demanda para señalar como autoridad responsable a CFE Transmisión, Empresa Productiva Subsidiaria; en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se le tuvo ampliando su demanda para señalar como autoridad responsable a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución; autoridades de las que reclama: La instalación de tres cables de alta tensión en un predio que aduce es de su propiedad, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente debidamente fundado y motivado. En ese orden, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 165/2021, que confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 12/2020-III, sustentó los siguientes asertos: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 298/2009, determinó que la constitución de una servidumbre legal de paso para la instalación de postes y cableado de energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no es impugnable mediante juicio de amparo, porque no es autoridad responsable cuando realiza este tipo de actos. Sustentó esa conclusión en las siguientes premisas: a) Conforme a los artículos 1 al 10 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica [abrogada], corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. b) Esas acciones se llevan a cabo a través de la Comisión Federal de Electricidad, que como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, regido por una junta de gobierno, está sujeta a las disposiciones y programas que establezca la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, pues todas las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica están regidas por esa secretaría. c) De conformidad con el numeral 23 de la ley en cita, la Comisión Federal de Electricidad puede constituir servidumbres legales cuyo destino será la prestación del servicio público de energía eléctrica, actos que están sujetos a las normas oficiales mexicanas y a lo ordenado por la Secretaría de Energía. d) Es criterio definido que tratándose de una servidumbre de paso para la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, el propietario del predio dominante adquiere el derecho a exigir el acceso y, en forma correlativa, el dueño del sirviente queda obligado a soportar esa afectación a su propiedad, obteniendo el derecho a reclamar la indemnización por el perjuicio que se le ocasione y a señalar el lugar en que habrá de ubicarse el acceso, desde que se establezca físicamente el paso o se instalen los materiales necesarios; empero, en caso de existir discrepancia sobre el particular, puede ejercer una acción para que el órgano jurisdiccional disponga lo conducente. e) El establecimiento de esa servidumbre de paso -que se rige por leyes y reglamentos especiales o, en su defecto, por las disposiciones del Código Civil Federal- surge sin necesidad de orden previa de la autoridad jurisdiccional, la cual interviene sólo cuando existe disputa en cuanto a la ubicación del material (postes y cables) y a la indemnización por la afectación. f) No es factible calificar la constitución de una servidumbre de paso para la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque el dueño del predio dominante puede ejercer la acción relativa para que el órgano jurisdiccional disponga lo conducente, en términos de los artículos 1099, 1100, 1101 y 1102 del Código Civil Federal, hipótesis en la cual evidentemente no puede considerarse que se actualizan los supuestos normativos para tenerse por constituida la servidumbre de paso, sólo por la instalación de los materiales correspondientes. g) Luego, si la autoridad responsable es aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; resulta incuestionable que en el supuesto analizado, la Comisión Federal de Electricidad no actúa con ese carácter, debido a que no existe una relación de supra a subordinación entre ella y el propietario del predio gravado con la servidumbre. h) En otras palabras, si se atiende primeramente a que la Comisión Federal de Electricidad funge como auxiliar de la administración pública al instalar postes y cableado para la conducción de energía eléctrica, pero sin imperio para cumplir sus determinaciones -pues la servidumbre de paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos, siempre y cuando exista el consentimiento del propietario del predio afectado- y, en segundo lugar, que no existe la voluntad del propietario; entonces, la mera instalación de los materiales necesarios para el cableado eléctrico no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. i) De ahí que si el Código Civil Federal prevé que la servidumbre legal de paso se da cuando se ubican los materiales en el predio correspondiente con la voluntad del propietario del terreno gravado, entonces, es evidente que si no existe tal voluntad, la autoridad jurisdiccional debe resolver la acción que se haga valer contra la ubicación de la servidumbre o por el pago de la indemnización respectiva. j) Por tanto, cuando se reclama la instalación de los postes y cableado eléctrico y la indemnización derivada de esos actos, la Comisión Federal de Electricidad no actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque si bien sus actos afectan la esfera jurídica del propietario del predio donde se constituye la servidumbre, no lo hace en forma unilateral, en virtud de que la constitución de la servidumbre requiere de la voluntad del dueño, lo que demuestra que no se trata de una relación de supra a subordinación, pues la comisión referida no puede imponerse sin el consenso del afectado. La jurisprudencia transcrita continúa siendo apta para justificar la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad o sus empresas subsidiarias, tendientes a la colocación o instalación de infraestructura para la transmisión y distribución de energía eléctrica en predios particulares. Ello es así, porque si bien la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica -cuyos artículos 1 a 10 y 23 fueron objeto de estudio en la ejecutoria relativa- se encuentra actualmente abrogada, las disposiciones relativas a la constitución de servidumbres se encuentran inmersas en la vigente Ley de la Industria Eléctrica, la cual regula con más detalle ese aspecto, así como el procedimiento que deben seguir los titulares de los predios afectados. Los artículos 71 a 89, que integran el capítulo VIII, denominado "Del Uso y Ocupación Superficial", del título segundo, "De La Industria Eléctrica", de la mencionada legislación, disponen: "Capítulo VIII Del Uso y Ocupación Superficial Artículo 71. La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica, conforme a las disposiciones aplicables. Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. La Federación, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia". "Artículo 72. Los concesionarios mineros, así como los titulares de asignaciones, permisos o contratos, no podrán oponerse al tendido de ductos, cables o a la instalación de cualquier otra infraestructura para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el área comprendida en la concesión, asignación, permiso o contrato de que se trate, siempre que sea técnicamente factible. En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional se permitirá el acceso al mayor número posible de prestadores de servicios públicos de industrias distintas a la eléctrica a cambio de una remuneración justa, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de los servicios. La CRE emitirá las disposiciones necesarias para que dicho acceso sea permitido y vigilará el cumplimiento de esta obligación, así como la forma en que se afectarán las tarifas de las actividades de la industria eléctrica por los costos de los derechos de vía. Los Transportistas y los Distribuidores sólo podrán cobrar las tarifas que establezca la CRE por el uso de su infraestructura y proporcionarán la información que esta Comisión requiera para regular dicha actividad. Las obras e infraestructura a que se refiere este artículo deberán cumplir con la normatividad que emita la CRE en materia de seguridad, y asimismo, ser necesarias, adecuadas y proporcionales a los requerimientos de la Nación. "Artículo 73. La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los interesados en realizar dichas actividades. Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición. Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas". "Artículo 74. La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en las disposiciones que emanen de esta Ley: I. El interesado deberá expresar por escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, su interés de usar, gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos; II. El interesado deberá mostrar y describir el proyecto que planea desarrollar y atender las dudas y cuestionamientos del propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, de manera que entienda sus alcances, así como las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por su ejecución y, en su caso, los beneficios que le representaría en lo personal y/o en su comunidad o localidad; III. La Secretaría podrá prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación, en los términos que señalen las disposiciones jurídicas aplicables; IV. Los interesados deberán notificar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del inicio de las negociaciones a que se refiere este artículo; V. La forma o modalidad de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley; VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los requerimientos de las partes conforme a las actividades de la industria eléctrica que se realicen por el interesado. De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte, los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso: a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad, y b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. En lo dispuesto en los incisos a) y b) anteriores, se deberá considerar el valor comercial; VII. Los pagos de las contraprestaciones que se pacten podrán cubrirse en efectivo y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes modalidades: a) Compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada; b) Cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley, o c) Una combinación de las anteriores. Sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, se podrá proponer al propietario, titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a las que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos, o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas, cuando esto sea compatible con el proyecto; VIII. La contraprestación, así como los demás términos y condiciones que se pacten para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos deberán constar invariablemente en un contrato por escrito, sujetarse a los lineamientos y a los modelos de contratos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Energía. El contrato deberá contener, al menos, los derechos y obligaciones de las partes, así como posibles mecanismos de solución de controversias, y IX. Los contratos en los que consten los acuerdos alcanzados no podrán prever cláusulas de confidencialidad sobre los términos, montos y condiciones de la contraprestación, que penalicen a las partes por su divulgación". "Artículo 75. Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, además de las disposiciones de dicha ley y las demás contenidas en el presente Capítulo, se observará lo siguiente: I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y, en su caso, representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones a que se refiere el presente Capítulo; II. La autorización para el uso, goce o afectación y demás actos de disposición permitidos, deberá sujetarse invariablemente y sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, a las formalidades previstas en los artículos 24 a 28, 30 y 31 de la Ley Agraria para los actos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de dicho ordenamiento, y III. Tratándose de ejidatarios o comuneros que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan reconocidos derechos de manera individual, se les deberá entregar directamente la contraprestación respectiva por la adquisición, uso, goce o afectación de tales derechos. En caso contrario, se entregarán a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, o cualquier otro fideicomiso si así lo acuerdan las partes". "Artículo 76. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará y mantendrá actualizados tabuladores sobre los valores promedio de la tierra y, en su caso, de sus accesorios, para uso, ocupación o adquisición, según sus características, así como demás tabuladores y mecanismos de referencia que determine. Dichos tabuladores servirán de base para el inicio de las negociaciones que se realicen conforme a los artículos anteriores. El interesado deberá acompañar al escrito a que se refiere la fracción I del artículo 74, los tabuladores señalados en el párrafo anterior, según corresponda a su propuesta". "Artículo 77. Las partes podrán acordar la práctica de avalúos por el Instituto, instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o profesionistas con postgrado en valuación, siempre que formen parte del padrón que se establezca en los términos que indiquen las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Los avalúos citados considerarán, entre otros factores: I. La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una plusvalía de los terrenos, bienes o derechos de que se trate; II. La existencia de características en los inmuebles, bienes o derechos que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate; III. La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual forme parte la fracción por adquirir, usar o gozar; IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan los terrenos, bienes o derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados, y V. En los casos de otorgamiento del uso o goce de los terrenos, bienes o derechos, la previsión de los daños y perjuicios, las molestias o afectaciones que sus titulares podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, incluyendo aquéllos correspondientes a bienes o derechos distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por el tiempo que la propiedad será afectada, calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad. Para el caso de adquisiciones, en ningún caso el valor será inferior al comercial. Los avalúos que se practiquen podrán considerar los demás elementos que a juicio del Instituto resulten convenientes". "Artículo 78. El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el interesado ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. Para lo anterior, el Juez o Tribunal Unitario Agrario procederá a: I. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables, y II. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del interesado, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo. El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión. En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo". "Artículo 79. En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 74 de esta Ley, el interesado podrá: I. Promover ante el Juez de Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente la constitución de la servidumbre legal a que se refiere el artículo 82 de esta Ley, o II. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación que versará sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que corresponda". "Artículo 80. La mediación a que se refiere el artículo anterior se desarrollará, al menos, conforme a las siguientes bases: I. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano escuchará a las partes y sugerirá la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y pretensiones, según las características del proyecto y buscará que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación; II. A fin de sugerir el monto de la contraprestación, se estará a lo siguiente: a) Si previo a la mediación, las partes hubieran practicado avalúos encargados por cada una de ellas, conforme al artículo 77 de esta Ley: 1. Dichos avalúos deberán ser tomados en cuenta siempre que coincidan con la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que sugiera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De lo contrario, se procederá conforme al inciso b) siguiente; 2. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea inferior a 15%, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tomará el promedio simple de los avalúos y el resultado servirá de base para formular la sugerencia de contraprestación de la referida Secretaría, y 3. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea superior a 15%, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitará al Instituto o a un perito que aleatoriamente seleccione del padrón a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, la práctica de un avalúo, cuyo resultado servirá de base para formular la sugerencia de contraprestación de la referida Secretaría, y b) En caso de que las partes no hayan practicado avalúos en términos del artículo 77 de esta Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitará al Instituto o a un perito que aleatoriamente seleccione del padrón a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, la práctica de un avalúo que servirá de base para la sugerencia de contraprestación que formule la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. En el desarrollo de la mediación se atenderá a lo dispuesto en el artículo 74, fracciones V a VII de la presente Ley". "Artículo 81. Si dentro de los treinta días naturales, contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refiere la fracción II del artículo anterior, las partes no alcanzaren un acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá proponer al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal por vía administrativa". "Artículo 82. La servidumbre legal comprenderá el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo, operación y vigilancia de las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, así como todos aquéllos que sean necesarios para tal fin. Las servidumbres legales se decretarán a favor del interesado y se regirán por las disposiciones del derecho común federal y las controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales federales. Las servidumbres legales se podrán decretar por vía jurisdiccional o administrativa, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. Los peritos que se designen por la autoridad jurisdiccional deberán observar lo dispuesto en el artículo 77 de la presente Ley y, en lo conducente, lo señalado en las fracciones V a VII del artículo 74 de esta Ley". "Artículo 83. La contraprestación que corresponda por la legal que se decrete por vía administrativa, se determinará con base en las sugerencias que se hayan formulado conforme a la fracción II del artículo 80 de la presente Ley. Tratándose de las demás modalidades de adquisición o afectación por figuras de derecho público, la indemnización respectiva se determinará considerando lo dispuesto en el artículo 77 y, en su caso, los valores de los avalúos que se obtengan conforme a la fracción II del artículo 80 de esta Ley". "Artículo 84. Lo dispuesto en los artículos anteriores no será impedimento para que las partes continúen sus negociaciones y alcancen un acuerdo en cualquier momento, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley". "Artículo 85. Las dependencias mencionadas en el presente Capítulo podrán celebrar los convenios de colaboración y coordinación que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones". "Artículo 86. Los avalúos que se practiquen en términos de este Capítulo, así como los honorarios que, en su caso, se causen por la participación de testigos sociales, serán cubiertos por los interesados". "Artículo 87. Los interesados en realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos a que se refiere el presente Capítulo. En los casos en que se acredite que dichos interesados incurran en las conductas señaladas en este artículo en más de una ocasión, los permisos o autorizaciones otorgados para la realización de las actividades mencionadas podrán ser revocados". "Artículo 88. Sin perjuicio de las demás disposiciones y de las sanciones previstas en esta Ley y en otras aplicables, así como de las acciones legales que procedan: I. El acuerdo alcanzado entre las partes será nulo cuando se acredite la contravención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 77 de esta Ley. II. Será causal de rescisión del contrato a que se refiere este Capítulo o, en su caso, procederá la declaración de insubsistencia de la servidumbre legal cuando: a) Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los plazos establecidos en el contrato celebrado entre el interesado con el propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate o en las autorizaciones de las autoridades; b) El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquel que justificó la afectación, y c) Se declare nula o cancele el permiso o autorización del interesado". "Artículo 89. Los contratos celebrados entre los interesados en realizar las actividades a que se refiere el artículo 71 de esta Ley y los propietarios o titulares de terrenos, bienes o derechos de que se trate, preverán, en su caso, los mecanismos financieros que deberán adoptar los interesados para asegurar que el desmantelamiento de sus instalaciones y abandono de los terrenos que hayan ocupado, usado, gozado o afectado por virtud de sus actividades, se realice atendiendo a los compromisos pactados con los propietarios de los terrenos, bienes o derechos y a las mejores prácticas, restableciéndolos en el pleno goce de sus derechos. Los contratos a que se refiere el párrafo anterior también deberán prever, al menos, mecanismos financieros para que los interesados cubran los daños y perjuicios que sus actividades y operaciones puedan ocasionar a los propietarios o titulares de terrenos, bienes y derechos, no previstos en la contraprestación que se acuerde conforme a este Capítulo". Los artículos transcritos contienen los lineamientos del régimen de constitución de servidumbres para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de los cuales se destacan los siguientes: 1) Las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica son de interés social y orden público, por lo que tienen preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 2) La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar dichas actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica deben ser negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos (lo que incluye derechos reales, ejidales, comunales y de las comunidades indígenas) y los interesados en realizarlas. Por "interesados" debe entenderse no sólo a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas subsidiarias, sino también a los particulares -personas físicas o morales- que deseen participar en las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica; intelección que es acorde con la reforma constitucional en materia energética, publicada el veinte de diciembre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, que configuró un nuevo modelo económico en el que se dispuso que los hidrocarburos y la energía eléctrica entrarían al ámbito de la competencia, permitiendo la participación de los particulares. Esa interpretación se refuerza con el articulado de la Ley de la Industria Eléctrica, que contempla la posibilidad de que entes privados establezcan "redes particulares" para las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, las cuales deben sujetarse a los requisitos y modalidades ahí señalados; lo que evidencia que, en efecto, la locución "interesados" incluye tanto a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas subsidiarias, como a los privados. 3) La negociación y acuerdo mencionados debe realizarse de manera transparente y sujetarse a las bases que, por su importancia, se destacan a continuación: i. El interesado debe expresar por escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, su interés de usar, gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos; ii. El interesado debe mostrar y describir el proyecto que planea desarrollar y atender las dudas y cuestionamientos del propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, de manera que entienda sus alcances, así como las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por su ejecución y, en su caso, los beneficios que le representaría en lo personal o en su comunidad; iii. Los interesados deben notificar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el inicio de las negociaciones; iv. La forma o modalidad de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte debe ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley; v. La contraprestación que se acuerde debe ser proporcional a los requerimientos de las partes conforme a las actividades de la industria eléctrica que se realicen por el interesado y debe cubrir: - El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad habitual de dicha propiedad; y - La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso. vi. Los pagos de las contraprestaciones que se pacten pueden cubrirse en efectivo y, en su caso, mediante cualquiera de las siguientes modalidades: - Compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada; - Cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley, o - Una combinación de las anteriores. vii. La contraprestación, así como los demás términos y condiciones que se pacten para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos deben constar invariablemente en un contrato por escrito, sujetarse a los lineamientos y a los modelos de contratos que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Energía. El contrato debe contener, al menos, los derechos y obligaciones de las partes, así como posibles mecanismos de solución de controversias; y viii. Los contratos en los que consten los acuerdos alcanzados no podrán prever cláusulas de confidencialidad sobre los términos, montos y condiciones de la contraprestación, que penalicen a las partes por su divulgación. 4) Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos al régimen agrario, además de lo anterior, deben observarse las disposiciones adicionales que señala el artículo 75. 5) El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes debe presentarse ante el juez de distrito en materia civil o tribunal unitario agrario, con el fin de que sea validado y se le dote del carácter de cosa juzgada, para lo cual el juzgador federal o agrario debe: i. Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas en la propia Ley de la Industria Eléctrica como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables; ii. Ordenar la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado, a costa del interesado, en un periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido respectivo; y iii. Emitir una resolución que tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión. En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo. 6) En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 74 (en el que el interesado debe expresar por escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, su interés de usar, gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos); el interesado puede: i. Promover ante el juez de distrito en materia civil o tribunal unitario agrario competente la constitución de la servidumbre legal; o ii. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una mediación que debe versar sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que corresponda. 7) Si dentro de los treinta días naturales, contados a partir de la realización de la mediación, las partes no alcanzan un acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá proponer al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal por vía administrativa. 8) Las servidumbres legales: i. Se pueden decretar por vía jurisdiccional o administrativa, en términos de la propia Ley de la Industria Eléctrica y las demás disposiciones aplicables. ii. Se decretan en favor del interesado y se rigen por las disposiciones del derecho común federal y las controversias que surjan, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales federales. iii. Comprenden el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo, operación y vigilancia de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica. 9) Las partes tienen derecho a continuar sus negociaciones y alcanzar un acuerdo en cualquier momento. Esas premisas evidencian que, conforme al nuevo marco jurídico que rige a la industria eléctrica, en particular, las actividades de transmisión y distribución de energía; la instalación de postes, cables y demás infraestructura en un determinado predio (es decir, la constitución de una servidumbre), no constituye un acto que pueda impugnarse a través del juicio de amparo, ya sea que el acto de ocupación o afectación lo lleve a cabo la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas subsidiarias, o un ente particular. Ello es así, en tanto que la Ley de la Industria Eléctrica prevé el procedimiento a que deben sujetarse tanto los interesados, como los propietarios o titulares de los bienes o terrenos afectados, ante la constitución de alguna servidumbre; lo que a su vez impide que pueda considerarse a cualquiera de esas entidades como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. De hecho, es la resolución que dicte el juez de distrito o el tribunal unitario agrario, según sea el caso, una vez sustanciado el procedimiento descrito; la que podrá impugnarse a través del juicio constitucional, lo que viene a robustecer la conclusión apuntada, en cuanto a la improcedencia del amparo en contra de los actos tendientes a la instalación de infraestructura eléctrica. En consecuencia, la constitución de una servidumbre por la instalación de postes y cableado de energía eléctrica continúa siendo un acto no impugnable mediante juicio de amparo, tal como en su momento lo instituyó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada jurisprudencia 2a./J. 159/2009. Es así que del marco normativo a que se hizo referencia se desprende, por una parte, que la industria eléctrica, en sí misma, se considera de utilidad pública, lo cual permite la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, sin necesidad de que exista una declaratoria en ese sentido; de tal manera que los afectados sólo tienen el derecho a negociar y exigir la contraprestación correspondiente. Hasta aquí finalizan las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 165/2021. Ahora bien, las razones sustentadas por el órgano colegiado tienen puntual aplicación al presente asunto; ello, en virtud de que en el caso el quejoso reclama la instalación de tres cables de energía eléctrica en el predio de su propiedad. De manera que, si como ya quedó establecido por la superioridad en la mencionada resolución, cuyos razonamientos fueron basados en la jurisprudencia 2a./J. 159/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al nuevo marco jurídico que rige a la industria eléctrica, en particular, las actividades de transmisión y distribución de energía; la instalación de postes, cables y demás infraestructura en un determinado predio (es decir, la constitución de una servidumbre), no constituye un acto que pueda impugnarse a través del juicio de amparo, ya sea que el acto de ocupación o afectación lo lleve a cabo la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas subsidiarias, o un ente particular. Consecuentemente, se estima que en la especie se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, lo que conduce a sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En atención a lo anterior, agréguese únicamente para que obre en autos el informe justificado que rinde el apoderado legal de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, calidad que acredita en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con copia certificada del instrumento notarial 44,173 (cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres), pasado ante la fe del notario público 174, con ejercicio en la Ciudad de México. Se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Finalmente, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza para que consulte de manera electrónica el presente expediente; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario ********* dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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