Jorge Alberto Contreras Hernández
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Jorge Alberto Contreras Hernández
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 23970/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula, a través del cual acusa recibo de nuestro oficio mediante el cual se declinó competencia a su favor, e informa que se avocó al conocimiento de la demanda de garantías que dio origen a este asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 20422 signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 410/2022 (orden 531/2022), ya que notificó al quejoso Jorge Alberto Contreras Hernández, el auto de tres de agosto de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja de la estadística de este Juzgado de Distrito la comunicación oficial que se recibe. Ahora bien, mediante la diligencia de notificación de diez de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso Jorge Alberto Contreras Hernández, en cumplimiento a la prevención de tres de agosto del año en curso, manifestó lo siguiente: "Que señala como autoridades responsables ordenadoras a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tampico, Tamaulipas. A los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Cancún, Quintana Roo. A los Juzgados del 1° al 7° de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen." "Que solamente señala como responsables ordenadoras a los citados jueces y desiste de las demás autoridades." En consecuencia, se considera que, en el caso, la parte agraviada ha dado cumplimiento a la prevención inicial, pues aclaró la denominación correcta de los Jueces que desea llamar como autoridades responsables dentro del presente asunto, así como la ciudad de residencia de cada una de ellas; por otra parte, es procedente tener a la parte quejosa desistiéndose en su perjuicio de todas las otras autoridades que mencionó en su demanda de derechos fundamentales, distintas a las que ahora pide llamar como responsables, al haber realizado dicha manifestación ante el funcionario público encargado de llevar a cabo su notificación. Una vez establecido lo anterior, es conveniente traer a colación lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que determinan los parámetros para fijar la competencia en materia de amparo. "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) Fracción VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación lógica jurídica del segundo de los preceptos legales antes transcritos, se desprende conforme a su primer párrafo, que es juez de distrito competente para conocer de un juicio de amparo, aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, esta regla resulta aplicable en los casos en que el acto reclamado requiera de ejecución material, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado. El segundo párrafo del citado numeral, más que una hipótesis de competencia diversa a la establecida en su primer párrafo, constituye un matiz de la regla anterior ya que sobre el mismo criterio (lugar de ejecución) para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, se establece que si el acto reclamado (de aquéllos que requieren ejecución material) ha comenzado a ejecutarse en un Distrito pero continúe su ejecución en otro diverso, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, será competente. En su tercer párrafo, el artículo en comento, establece que la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, se fija a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; regla que se sustenta en que el acto reclamado no requiere de ejecución material. Una vez expuestas las hipótesis de competencia por razón de territorio previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es necesario determinar conforme a la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, si éste requiere o no ejecución material. En esa tesitura, debe decirse que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama las órdenes de reaprehensión, comparecencia, presentación y aprehensión emitidas por las autoridades que señaló como responsables; de igual forma, se advierte que el aquí agraviado refirió encontrarse privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas; por tanto, es inconcuso que las órdenes reclamadas se pretenderán ejecutar en el municipio aludido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, este juzgado declara que no le corresponde el conocimiento del presente juicio de amparo, por lo que declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde tendrán ejecución los actos reclamados por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 37/2004, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 181369, Tomo XIX, Junio de 2004, página 90, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." Igualmente, la tesis II.3o.P.82 P (10a.), sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 902, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, registro digital 2021781, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta." Por consiguiente, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para que determine si acepta la competencia planteada por este órgano judicial. Cabe destacar que los actos reclamados consisten en las órdenes de reaprehensión, comparecencia, presentación y aprehensión del ahora quejoso Jorge Alberto Contreras Hernández, esto es, no encuadra en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que, dado el sentido de este proveído se determina innecesario proveer sobre la medida cautelar solicitada. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído al agraviado Jorge Alberto Contreras Hernández, en el lugar en que están internado, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas". Se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente al quejoso a través del exhorto correspondiente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de derechos fundamentales promovida por Jorge Alberto Contreras Hernández, en contra del Procurador General de la República, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, misma que se registró bajo el número 887/2022-I. Ahora bien, en el ocurso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. JUECES DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO CIUDAD DE MÉXICO, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 2. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL O BIEN GUARDIA NACIONAL MINISTERIAL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 4. FISCALES GENERALES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 5. DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ACTO RECLAMADO: "LA INMINENTE ORDEN DE REAPREHENSIÓN, COMPARECENCIA, PRESENTACIÓN U ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADAS POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS Y POR LO TANTO PENDIENTES DE EJECUTAR POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS EN LOS NÚMEROS 1 a 4 DE ESTA DEMANDA (EJECUTORAS)." Como puede verse, el quejoso reclama de las autoridades que señaló como ordenadoras, los posibles mandamientos de captura que se hayan girado en su contra, mismos que pretenden llevar a cabo las autoridades ejecutoras. Sin embargo, omitió dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, a saber, señalar con precisión la autoridad o autoridades que desea señalar como responsables. En efecto, en su escrito de demanda de derechos fundamentales, señaló que los actos que reclamó fueron emitidos por los Jueces de los 32 Estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, tanto Estatales como Federales en todos los Estados de la República. Empero, en este apartado, el quejoso no fue claro en señalar la denominación correcta de cada uno de los Jueces que desea llamar como autoridades ordenadoras, ni tampoco la ciudad de residencia de cada una de ellas, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en condiciones de llamarlas al juicio de garantías que nos ocupa. Similar situación ocurre con aquellas autoridades que señaló como ejecutoras, a saber: - ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL O BIEN GUARDIA NACIONAL MINISTERIAL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. - FISCALES GENERALES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. - DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. Lo anterior es así, ya que omitió precisar el lugar en donde esas autoridades tienen su residencia, pues como se ve, pretende que se realice en relación a todos los Estados de la República Mexicana, sin aclarar el lugar en donde éstas tienen su recinto oficial; ello, como se dijo, para estar en condiciones de emplazarlas al asunto que nos ocupa. Por tanto, a fin de acordar lo conducente en relación con la demanda de derechos fundamentales de que se trata, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se previene al promovente, para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días siguientes, precise lo siguiente: a) La denominación correcta de cada uno de los Jueces que desea llamar como autoridades ordenadoras, así como la ciudad de residencia de cada una de ellas. b) En relación con las siguientes autoridades: - ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL O BIEN GUARDIA NACIONAL MINISTERIAL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. - FISCALES GENERALES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. - DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. El lugar en donde esas autoridades tienen su residencia, pues como se ve, pretende que se realice en relación a todos los Estados de la República Mexicana, sin aclarar el lugar en donde éstas tienen su recinto oficial. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de garantías, en términos del referido numeral 114 de la ley de la materia en vigor, única y exclusivamente en relación a las autoridades respecto de las cuales se pide la aclaración antes precisada. Así pues, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído al agraviado Jorge Alberto Contreras Hernández, en el lugar en que están internado, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Cps Chiapas". Se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese, y por exhorto al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario con quien actúa y da fe.
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