Jorge Alberto Chávez Ávalos
Expediente 404/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Alberto Chávez Ávalos
- 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 20, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese, y personalmente al quejoso donde se encuentra recluido, así como al tercero interesado Israel Paul Alonso...
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta sentencia y por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso en donde se encuentra recluido, al tercero interesado ********************, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso********************por medio del cual solicita se le conceda la suspensión provisional del acto reclamado, lo anterior de conformidad con la tesis XXIV.1o.21 P (11a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Penal, de la Undécima Época, que establece lo siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, PUES EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LIMITA LOS EFECTOS DE LA MEDIDA, ES INCONVENCIONAL EN ESE ASPECTO. Hechos: En la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, su defensa solicitó su cese inmediato, al haberse declarado inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; petición que fue desestimada por el Juez de Control, por lo que promovió juicio de amparo indirecto y solicitó la suspensión con efectos restitutorios para que fuera revisada dicha medida y se le impusiera una menos lesiva; sin embargo, el Juez de Distrito la concedió en términos de los artículos 128, 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, para que el quejoso quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido, y a la del Juez responsable para la continuación del procedimiento. Inconforme con esos efectos, interpuso recurso de queja, en el que planteó la inconvencionalidad del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, al establecer que si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación es inconvencional, motivo por el cual, en el juicio de amparo indirecto promovido contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Justificación: Es así, porque -al margen del probable trato injustificado y discriminatorio en relación con los otros supuestos que contempla- los tribunales mexicanos -estatales y federales- tienen la obligación de observar y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; circunstancia reflejada en la tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en ellos se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado, y que la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. de la Constitución General, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En ese contexto, en las sentencias resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, se reflejó la esencia de las determinaciones de ese tribunal respecto del tratamiento dado a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, toda vez que dicha figura es contraria a la mencionada Convención, al vulnerar la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Además, la segunda de las indicadas resoluciones prevé que dicha medida sólo debe imponerse cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, la Corte Interamericana también determinó que en cuanto a la necesidad, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que la imponga únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley -que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales- no son suficientes para satisfacer el fin procesal, y que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona, así como su situación diferencial respecto de otros que, también al ser imputados por delitos, no están comprendidos en el elenco del artículo 19 de la Constitución Mexicana, supone una lesión al derecho a la igualdad ante la ley, vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana y a gozar en plena igualdad de ciertas garantías, no sólo de la libertad personal, sino del debido proceso, vulnerando el artículo 8, numeral 2, de dicho instrumento. Así, aun cuando tales medidas de cautela están previstas tanto en la Constitución -artículo 19- como en la ley procesal respectiva, las razones de la inconvencionalidad deben aplicar a la medida suspensional, toda vez que la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo limita la libertad del quejoso en los términos que ahí se establecen, resultado de la prisión preventiva oficiosa; y conforme al artículo 78 de la propia legislación, si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada; además, porque la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.) y 2a./J. 29/2022 (11a.), respectivamente, establecieron la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios provisionales y que es preferible que el juicio de amparo quede sin materia, a que los actos reclamados sigan violando derechos humanos en perjuicio de la parte quejosa y, por eso, debe cesar tal infracción, al definir el alcance del artículo 147 de la Ley de Amparo con efectos restitutorios provisorios para hacer que cese la violación de derechos humanos, esto es, para que de inmediato se señale una audiencia en la que se determine el cese de la prisión preventiva oficiosa y se abra a debate la imposición de medidas diversas. Sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado sólo procede en dos momentos: a) Cuando se admite la demanda de amparo; y, b) Con motivo de la ampliación de la demanda con respecto a diverso acto reclamado que tenga vinculación o se encuentre relacionado con el inicialmente reclamado, si en contra de ese nuevo acto se solicita se conceda la suspensión provisional del acto novedoso. Por lo tanto, considerado el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión no resulta procedente su solicitud. En adición a lo anterior, debe señalarse que si el quejoso pretende se modifique la resolución interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que le negó la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, su petición también es improcedente. El artículo 154 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. El precepto transcrito refiere que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva se podrá modificar o revocar de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Sin embargo, en el caso concreto, debe señalarse que el ahora quejoso pretende se le conceda la medida cautelar con sustento en el criterio antes transcrito; sin embargo, parte de una premisa incorrecta al considerar que con fundamento en ese criterio, en el que se establece que es procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto recamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al haber sido declarado inconvencional el artículo 166 de la Ley de Amparo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, porque al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello, relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior -por analogía- la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1190, Materia Común, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión." Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no se realizó la publicación por medio de lista del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por lo tanto, a fin de no vulnerar las normas procedimentales que rigen el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se ordena notificar por medio de lista la presente determinación, así como la diversa a que se ha hecho referencia, con excepción de la parte quejosa, debido a que aquél acuerdo se ordenó notificársele personalmente. Notifíquese en los términos ordenados. SÍNTESIS DEL PROVEÌDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido por auto de veintisiete de junio del año en curso, remite un disco óptico que contiene las diligencias relativas al acto reclamado, derivadas de la causa de control ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, consistentes en un disco óptico que se anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional; Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión."
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