Jorge Alberto Burelo Gómez
Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Alberto Burelo Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusando recibo del oficio por el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y el escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, el cual se admitió a trámite registrándose como amparo en revisión 189/2023. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito del autorizado del quejoso mediante el cual vierte diversas manifestaciones en relación al recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado por conducto de su autorizado, en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, se toma conocimiento y una vez que se encuentren debidamente notificadas las parte del auto del veintidós de junio del año en curso, previa copia que se deje en autos para constancia legal remítase el ocurso de cuenta al Tribunal Colegiado respectivo para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Téngase a **********, autorizado de la parte tercero interesado **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose al treinta y uno de mayo del año en curso, emitida en este juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios con el que se interpone dicho recurso, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios por el que se interpone el recurso de revisión, e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al oficial judicial "A", para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y tercero interesado ********** y mediante lista electrónica a la diversas tercero interesada **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 999/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por conducto de su defensor particular Reynaldo Sandoval Sánchez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Con fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, radicó la demanda registrándola bajo el número de expediente 889/2022; admitió a trámite la misma; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita a su órgano, quien no formuló pedimento alguno, reservándose en dicho acto a proveer sobre a quién o quiénes les reviste el carácter de tercero interesado. TERCERO. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, determinó remitir los autos de su juicio de amparo a este Juzgado de Distrito, al considerarse que éste órgano tuvo conocimiento previo del acto reclamado en su juicio 889/2022. CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de agosto del año próximo pasado, emitido en autos del juicio de amparo 721/2019-I del índice de este juzgador, se tuvo por recibido el oficio remitido por el juzgado homólogo y las actuaciones de su expediente 889/2022, aceptándose el conocimiento previo planteado y solicitándose el turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. QUINTO. En data veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con la que remitió el oficio librado por el homólogo en comento y su juicio de amparo en mención, mismos que una vez analizados que fueron por este juzgador, de conformidad con lo establecido por el arábigo 37 de la Ley de Amparo, este órgano se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo de mérito y se ordenó remitir el mismo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. SEXTO. Por auto treinta de septiembre del año próximo pasado, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, tuvo por recibida la papeleta de ingreso correspondiente, registrándose bajo el número de expediente 1120/2022-II-B y por diverso de tres de octubre de la citada anualidad, tuvo por recibidas las actuaciones del juicio de garantías 999/2022-II del índice de este juzgado de distrito, quien en la misma data, al no compartir el criterio adoptado por este juzgador, no aceptó la competencia que le fue planteada y ordenó la devolución de las actuaciones respectiva a este órgano constitucional. SÉPTIMO. En atención a lo plasmado en el resultando que antecede, con fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós, éste juzgado de distrito consideró pertinente remitir las actuaciones del sumario en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, a efecto de que fuera él quien determinara el Juzgado de Distrito competente para conocer del juicio de garantías en mención. OCTAVO. En sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en su conflicto competencial 23/2022, resolvió que este juzgado federal es el competente para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, motivo por el cual este juzgado de distrito por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de marras, convalidó las actuaciones del juicio de amparo 889/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a quienes les reviste el carácter de terceros interesados, y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; con razón a que en el presente caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a las autoridades que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó; De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, del Estado de México: La resolución emitida el once de abril de dos mil veintidós, por medio del cual decretó no realizar los ajustes al Procedimiento Penal, en los autos de la carpeta administrativa ********************, en contra del quejoso, mismo que se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte en el Estado de México, vinculado a proceso por el hecho con apariencia de delito de Homicidio Calificado en grado de Tentativa. Del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación: La expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Título Noveno denominado "PERSONAS INIMPUTABLES" su porción normativa de los artículos 415 y 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, manifestó como cierto el acto que le fue reclamado, tal como se advierte de su correspondiente informe justificado, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-" Lo anterior se corrobora con las documentales y los discos compactos versátiles digitales certificados, remitidos por la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado, relativos a la carpeta administrativa ********************, de la estadística de dicha autoridad; los que adquieren valor probatorio pleno, al haber sido certificados por la referida autoridad responsable, quien actuó en cumplimiento a sus funciones, pues de la reproducción de los discos compactos con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relacionadas con el acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta. Además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde que se generó por primera vez, y en virtud de la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; luego, se le confiere el valor probatorio referido, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Resultan aplicables las jurisprudencias 226, 1a./J. 43/2013 (10a.) y 1a./J. 26/2019 (10a.), con rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." En ese orden de ideas, resultan ciertos los actos atribuidos a la Cámara de Diputados y de Senadores, ambos del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, al Presidente de la República, Secretario de Gobernación y Director General del Diario Oficial de la Federación, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, consistentes en la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del Título Noveno denominado "PERSONAS INIMPUTABLES" su porción normativa de los artículos 415 y 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que, tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativos, éstos se acreditan plenamente con la publicación de las disposiciones de observancia general controvertidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se obtiene de la propia naturaleza del ordenamiento normativo impugnado, la cual no se encuentra sujeta a prueba en términos de lo dispuesto en los artículos 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo conforme a los cuales las leyes (ordenamientos generales) no son objeto de prueba, pues basta que estén divulgadas en el Diario Oficial de la Federación, para que el órgano jurisdiccional esté obligado a tomarlas en cuenta, al tratarse de un hecho notorio. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, sirve de apoyo a esta consideración, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dispone: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Este juzgador advierte de manera oficiosa, que respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación, Presidente de los Estados Unido Mexicanos y del Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en: La promulgación y publicación del Título Noveno denominado "PERSONAS INIMPUTABLES" su porción normativa de los artículos 415 y 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" (Énfasis añadido) El primer artículo plasmado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Por su parte, el mencionado artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, establece de forma específica la carga al quejoso, en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, señalarlas como autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no controvierte en forma alguna el refrendo y la publicación en que intervinieron el proceso de promulgación y publicación del Título Noveno denominado "PERSONAS INIMPUTABLES" su porción normativa de los artículos 415 y 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente se limitó a señalarlos como actos reclamados, sin formular concepto de violación para combatir su constitucionalidad, de ahí que se estime actualizada la citada causa de improcedencia y por tanto se impone sobreseer respecto de dichos actos reclamados a las autoridades responsables antes señaladas. Al respecto, toda vez que las partes no hicieron valer alguna otra, ni este juzgado advierte de oficio diversa causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Atento a lo anterior, se procede el estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación, los que resultan fundados, aunque suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley reglamentario de los artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que resulte necesaria su trascripción para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que rigen toda determinación jurisdiccional. Se cita como apoyo, en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, visible en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Además, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la constitucional, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. En esa tesitura puede afirmarse que las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de dicho órgano. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no parte. Así, corresponde a esta autoridad determinar si lo reclamado vulnera o no algún derecho fundamental de la parte quejosa. Ahora bien, previo a analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracciones III, inciso a) y VII, de la Ley de Amparo, este juzgador advierte que la jueza de control responsable incurrió en una violación procesal consistente en el incumplimiento de su deber de realizar los ajustes razonables al procedimiento que asisten a las personas con discapacidad y que les otorgan la posibilidad de defenderse de manera efectiva; ello, no obstante que en el curso de las audiencias celebradas el siete y once de julio de dos mil veintidós, tuvo indicios de que el vinculado se podría encontrar en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en el código sustantivo de la materia, al habérselo manifestado el defensor particular y al haberse tenido por ofrecidos y desahogados las diversas pruebas periciales en materia de psiquiatría y ampliaciones de dictámenes anteriormente rendidos y aportados por la responsable y las partes, de los cuales se aprecia que con resultados distintos, mas no excluyentes, se diagnostica al hoy quejoso con los padecimientos siguientes: "Esquizofrenia Paranoide", "Trastorno por consumo de cannabis en remisión continuada en un entorno controlado" y "Trastorno por Deficit de Atención e Hiperactividad del Adulto Grave (TDAH)". Por tanto, la resolución reclamada vulnera los derechos fundamentales del quejoso de debido proceso, seguridad jurídica y acceso efectivo a la jurisdicción en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, atento a lo que establecen los artículos 12, puntos 1, 2, 3 y 4, y 13, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano de audiencia a toda persona, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previo al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se instruya, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Esas formalidades esenciales del procedimiento, se traducen en el derecho humano al debido proceso legal, el cual está conformado por sub derechos o especies que permiten al particular una adecuada defensa, como son: conocer el motivo o hecho que dio origen al procedimiento, contar con un abogado defensor o no auto incriminarse. Estos derechos deben ser respetados y garantizados por el Estado en todo procedimiento judicial; inclusive, existen casos en que la obligación de garantizar es de mayor exigencia, cuando se trata de personas que pertenecen a grupos vulnerables y, por lo mismo, se encuentran en una posición de desventaja frente al ordenamiento jurídico. En estos supuestos, el Estado tiene el deber de actuar positivamente a efecto de cumplir con su obligación de garantizar el disfrute del mencionado derecho humano, mediante el establecimiento de ciertas medidas que permitan a las personas que se sitúan en posición de desventaja, igualar las condiciones que cualquier ciudadano pudiera tener. En ese sentido, el análisis en materia de discapacidad, debe efectuarse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación, pues la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. La discapacidad es definida a través de instrumentos internacionales -vinculantes para nuestro país-, en el artículo 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, así como en el numeral 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los cuales, literalmente establecen lo siguiente: "Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad. El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. (.)" "Artículo 1. Propósito (.) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." El concepto de discapacidad que asume la convención internacional referida en segundo lugar, no es un término rígido, sino que en ella se adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones. Así, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras. En otras palabras, no tiene su origen en las limitaciones o diversidades funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad produce; esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas. En ese mismo sentido, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la fracción IX de su artículo 2°, define de manera genérica a la discapacidad como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Particularmente, dicha legislación de carácter general también prevé diversos tipos de discapacidad, y a su vez, los define conforme a lo siguiente: Discapacidad Física: Secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura; Discapacidad Mental: Alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social; Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona; y, Discapacidad Sensorial: Deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos. Sin embargo, de acuerdo con la propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el común denominador de dichos tipos de discapacidad radica en que la persona con discapacidad, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Así, a la luz del modelo social y de derechos, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Aunado a lo anterior, es conveniente referir que en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene como finalidad evidenciar los lineamientos a considerarse por parte de los juzgadores, en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad; se estableció que el concepto de discapacidad evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de la población. No obstante, el sistema jurídico tradicionalmente ha asumido un concepto de normalidad y bajo esa lente, ha determinado el alcance y los límites de los derechos de las personas con discapacidad, dejando de lado que hay muchas maneras de ser persona con derechos y obligaciones. Bajo esa lógica, el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas -desde el modelo social y de derechos humanos-, no puede dar lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. En ese sentido, en coherencia con el modelo social y de derechos humanos, el juzgador debe tener presente la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa. Al respecto tiene aplicación la tesis 1a. VI/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar que atenúan las desigualdad." Así, en los casos en los que grupos vulnerables o discriminados no están en condiciones de igualdad, el puro respeto de la igualdad formal por parte de las autoridades, haría de éstas cómplices del status quo, de una situación en la que las personas que forman parte del grupo vulnerable no pueden ejercer efectivamente sus derechos, lo cual lesiona su autonomía y su dignidad. Por tanto, el análisis jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad debe guiarse por principios y directrices constituidos, tanto por valores instrumentales, como por valores finales. Los valores instrumentales se traducen en medidas que deben ser implementadas por el Estado para alcanzar los valores finales; los cuales se dividen en medidas de naturaleza negativa que impiden la discriminación de las personas con discapacidad y medidas de naturaleza positiva, también conocidas como ajustes razonables que buscan igualar las condiciones de ejercicio de sus derechos con las condiciones del resto de la sociedad. Los valores finales son los ideales o metas de las disposiciones en materia de discapacidad. Tales metas son, en primer lugar, la no discriminación; es decir, la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno social, y en segundo lugar, la igualdad, que es condición para que las personas estén en posibilidad de desarrollar sus capacidades. La posibilidad de dar un trato diferenciado a las personas con discapacidad es reconocida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Dichos instrumentos internacionales establecen obligaciones específicas que el Estado tiene respecto de las personas con discapacidad, al referirse a la necesidad de realizar ajustes razonables al entorno y a la sociedad, y al prever que no pueden ser consideradas discriminatorias las medidas que sean necesarias para lograr su igualdad de hecho. Efectivamente, la obligación del Estado de realizar acciones positivas para promover la igualdad sustantiva de las personas está relacionada con su situación de vulnerabilidad y la subsistencia de las barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás, en sociedad. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 410/2012, señaló que los "ajustes razonables" son medidas paliativas, por medio de las cuales se introducen elementos diferenciadores que buscan la plena aplicación del principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Partiendo de la consideración de que las personas son distintas, y privilegiando tal diversidad, se propicia la implementación de medidas de naturaleza positiva -es decir, que implican un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que atenúen las desigualdades y permitan una mayor inclusión de las personas con alguna diversidad funcional. Aunado a lo anterior, desde el sistema regional de derechos humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido en diversos casos que estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y, que por ello, es imperativo que los Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover las barreras y limitaciones que encuentran en su vida diaria. En ese contexto, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala lo siguiente: "Artículo 13. Acceso a la justicia. 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario." Dicha porción convencional reconoce el derecho humano de acceso a la justicia que el Estado debe garantizar a las personas con discapacidad en tres dimensiones, a saber: A. Jurídica. El acceso a la justicia exige a los Estados que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su acceso a la justicia sea efectivo; B. Física. Requiere que puedan acceder, en igualdad de condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales, y; C. Comunicacional. Exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil. Sustenta lo anterior la tesis 1a. CCXVI/2018 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS DIMENSIONES JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL. Para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad utiliza un lenguaje amplio y robusto, que implica la obligación del Estado de que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que aquéllas puedan participar efectivamente en los procedimientos, ya sea directa o indirectamente, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, la autorización que prevé el artículo convencional citado de utilizar "incluso mediante ajustes de procedimiento" para garantizar ese derecho, indica no sólo que no están prohibidos otros tipos de ajustes o medidas, sino que su implementación es obligatoria mientras sean necesarios y razonables para lograr el pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y la posible afectación a derechos de terceros. Ahora bien, el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo referido tiene tres dimensiones que el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su acceso a la justicia sea efectivo. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en un texto de lectura fácil." En ese sentido, para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en las dimensiones antes referidas, la porción convencional de mérito utiliza un lenguaje amplio, que implica la obligación de que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que la persona con discapacidad pueda ejercer ese derecho en igualdad de condiciones que el resto de la población, debiendo para ello realizar incluso ajustes al procedimiento. El uso de la palabra "incluso" indica que no solamente no están prohibidos otros tipos de ajustes o medidas, sino que su implementación es obligatoria mientras sean necesarios y razonables para lograr el pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y la posible afectación a derechos de terceros. Esa protección activa a través de ajustes razonables es compatible con la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que para respetar y garantizar el derecho a la igualdad, el derecho al acceso a la justicia y el derecho al debido proceso de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, es necesario que en el proceso se reconozcan y resuelvan los factores de desigualdad real y que se adopten medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses. Así, las autoridades jurisdiccionales deben analizar si dentro del ámbito de sus competencias existen facultades cuyo ejercicio pudiera garantizar el derecho al acceso a la justicia, sin lesionar desproporcionadamente otros derechos. Ello no implica de ninguna manera rechazar que las personas con discapacidad tienen derecho a una protección especial por parte del Estado, sino más bien reconocer que dentro del grupo de personas con discapacidad existe una enorme variedad de diversidades funcionales que se traducen en una amplia gama de condiciones, por lo que su vulnerabilidad social no se traduce siempre en desventaja procesal, ni puede solucionarse siempre mediante ajustes y medidas a cargo del juez. Por ende, las medidas positivas que tome el Estado deben tener efectos benéficos para ellas y estar encaminadas a reducir o eliminar el estado de vulnerabilidad existente, así como los obstáculos y limitaciones que tienen para realizar actividades, no en proporcionarles ventajas no relacionadas con su vulnerabilidad social. Sustenta lo anteriormente expuesto la tesis 1a.CCXVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES CUANDO UNA PERSONA ALEGA TENER UNA DISCAPACIDAD Y SOLICITA ALGÚN AJUSTE AL PROCEDIMIENTO. El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación para los Estados Partes de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en los procedimientos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, la implementación de ajustes al procedimiento es obligatoria cuando la discapacidad implique una desventaja procesal, siempre y cuando sean necesarios y razonables, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y evitando la afectación desproporcionada a los derechos de terceros. Ahora bien, la diversidad tanto de las barreras sociales relevantes, como de las funcionalidades de las personas con discapacidad, hacen que las autoridades jurisdiccionales tengan que resolver casos en los que no se advierta la existencia de normas que hagan referencia expresa a ajustes razonables necesarios. Lo anterior, no justificaría la omisión de dichas autoridades de garantizar el derecho si pudieran hacerlo mediante el ejercicio de una facultad que forma parte de su competencia, como podría ser la recabación y desahogo oficioso de pruebas. El ejercicio de la facultad para realizar un ajuste al procedimiento puede derivarse de dos supuestos distintos. En el primero, una de las partes del procedimiento argumenta tener una discapacidad que se traduce en una desventaja procesal y solicita al juzgador que ejercite una de sus facultades para garantizar su acceso a la justicia, en cuyo caso la autoridad deberá contestar de forma puntual, fundando y motivando su conclusión de ejercer la facultad o de no hacerlo. En el segundo, la autoridad advierte por sí misma que alguna de las partes podría tener una condición o diversidad funcional que genera una desventaja o vulnerabilidad procesal y analiza de oficio si el ejercicio de una de sus facultades podría ser necesario. En ambos supuestos, la facultad deberá ejercerse siempre que: i) existan elementos en el acervo probatorio que permitan establecer que la persona tiene una condición o diversidad funcional que pueda calificarse como una discapacidad y que ésta se traduce en una desventaja procesal que impida su acceso a la justicia en condiciones de igualdad; ii) la desventaja procesal no ha sido corregida a través de algún ajuste razonable previsto en la ley; iii) la facultad cuyo ejercicio es solicitado forma parte de su ámbito competencial; y, iv) su ejercicio es idóneo para eliminar o aminorar la desventaja procesal y no lesiona desproporcionadamente derechos de terceros." Cabe mencionar que el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sugiere que cuando una persona acuda ante un juzgador alegando padecer alguna incapacidad o ésta se sospeche, aquél se encuentra obligado a verificar la misma, sobre todo, en aquellos casos en que tal circunstancia sea el objeto principal de la controversia, y se sugiere a las y los jueces actuar a partir de dos hechos: a) Que la persona se auto identifique como persona con discapacidad; o, b) Ante la ausencia de un auto reconocimiento, se tenga la duda fundada acerca de la existencia de una discapacidad. Pero en ambas situaciones, no se podrá eximir a las y los jueces de verificar tales circunstancias mediante pruebas periciales emitidas por un equipo interdisciplinario, conformado por especialistas de diversas ramas del conocimiento, ya que se debe tener la certeza sobre la discapacidad que tenga una persona, considerando el impacto que tendrá esa decisión en el procedimiento, atendiendo a los ajustes que deban implementarse. En todo caso, las pruebas practicadas deberán servir para comprobar que existe una diversidad funcional y que al interactuar con el entorno en el que se desenvuelve la persona, inhiben su participación en la comunidad. Por su parte, en el amparo directo en revisión 3788/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el tema de que se trata y de las condiciones que se deben tomar en cuenta para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, además de los supuestos en los que dicho derecho obliga a los jueces a ejercer de oficio sus facultades en materia probatoria. También precisó, que si la autoridad jurisdiccional advierte que en el caso concreto se actualiza un obstáculo para la persona con discapacidad en su acceso a la justicia en su dimensión jurídica, una de las facultades cuyo ejercicio pudiera salvaguardar el derecho de la persona con discapacidad es la de ordenar y desahogar pruebas oficiosamente a fin de garantizar la igualdad procesal; esto es, por la situación de vulnerabilidad social, es posible que el juez deba adoptar un papel activo que consista en recabar y desahogar pruebas de oficio si esto es necesario para nivelar su desventaja procesal y conocer la verdad de los hechos, ya que de no ser así, se vulneraría en perjuicio de la persona su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad en su dimensión jurídica y, por ende, el artículo 1° de la Constitución Federal y los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí la importancia de que el juez natural ordene las diligencias necesarias tendentes a determinar si el imputado puede o no comparecer al juicio por sí mismo, no debiendo entender esto último como el hecho de comparecer personalmente, sino de comprender totalmente el desarrollo y consecuencias del procedimiento. Bajo el marco conceptual desarrollado en párrafos precedentes, a criterio de este juzgador de amparo, en el caso que nos ocupa, no se respetó ni tampoco se garantizó debidamente el derecho fundamental del quejoso de acceso a la justicia bajo una perspectiva de trato diferenciado atendiendo a sus circunstancias particulares. Lo cual cobra especial relevancia teniendo en consideración que durante un proceso penal, el imputado puede tener una participación activa en cuanto a su defensa material, así como en la toma de decisiones respecto a su causa, de tal forma, que el juez del conocimiento debe realizar los ajustes razonables pertinentes con el propósito de que la persona no sea tratada solo como un objeto sobre el cual se decide. A fin de evidenciar lo anterior, de las constancias que integran la causa penal ********************, se advierte, medularmente, lo siguiente: En audiencia inicial para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, la representación social formulo imputación, se decretó la detención judicial del imputado, quien se reservó su derecho a declarar, el ministerio público solicitó la vinculación a proceso, el justiciable solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que se autorizó la duplicidad del plazo constitucional, la defensa enuncio los datos de prueba a incorporar y se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En audiencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de Control, se dictó Auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de HOMICIDIO CON COMPLEMENTACIÓN TÍPICA CON PUNIBILIDAD AUTÓNOMA CALIFICADA POR VENTAJA Y ALEVOSÍA EN GRADO DE TENTATIVA en agravio de ********************, y se estableció como plazo para la investigación complementaria, el de cuatro meses, mismos que fenecieron en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; al no haber variado las condiciones por las que fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se dejó subsistente. En fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, se celebra audiencia para decidir causas de inimputabilidad, por así haberla peticionado la defensa privada del justiciable de mérito, misma que es presidida por la Juez de Control, y al no comparecer agente del Ministerio Público, se suspende la misma para reanudarse en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, audiencia en la que la Defensa solicita se establezca el estado de inimputabilidad de ********************, y sea trasladado a un Hospital Psiquiátrico, o bien se permita el acceso constante y permanente de un psiquiatra para su atención; posterior a la oposición y debate entre las partes, la Juez determinó que al no estar comprobado que el justiciable se hallara inmerso en una causa de inimputabilidad tomando en cuenta los informes periciales suscritos por ********************y ********************, y en atención a que en la Prueba de Realidad se advierte que su capacidad de Juicio se encuentra conservada, y comprende el hecho delictuoso que se le atribuye, sin que los peritos de la defensa establezcan lo contrario, por lo que en términos de los numerales 414 al 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del artículo 16 del Código Penal del Estado de México, no se declara la inimputabilidad de ********************. En fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se celebra audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, presidida por la juez de Control, quien autorizó dos meses más para la investigación complementaria, mismos que fenecieron en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. En fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se celebra audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, presidida por el Juez de Control; en la misma data el imputado ******************** renunció al plazo para ser juzgado antes de un año, y en consecuencia se autorizó prórroga del plazo de investigación complementaria por tres meses más, feneciendo el diecinueve de febrero del año dos mil veinte. En fecha veinte de febrero de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público informó que ha decretado el cierre de la investigación complementaria, por lo que el término de quince días con que cuenta el Ministerio Público para los efectos a que hace alusión el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comenzó a partir del día de la fecha y feneció el día doce de marzo de dos mil veinte. En la misma data se da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ********************, emitiéndose la versión escrita del auto de vinculación a proceso. En fecha trece de marzo de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Publico formula ACUSACIÓN en la carpeta administrativa ********************, en contra de ******************** por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ********************, y se señala fecha y hora para que tenga verificativo audiencia intermedia. A través de auto de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte, por así peticionarlo la Defensa, se señaló para que tenga verificativo audiencia para decidir causas de inimputabilidad, las diez horas con treinta minutos del día diecinueve de junio del año dos mil veinte. En audiencia de fecha dieciocho de junio del año dos mil veinte se apertura etapa intermedia, sin embargo de los antecedentes que integran la causa, toda vez que se encuentra vigente el amparo ******************** promovido por el quejoso ********************, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, subiste la suspensión definitiva concedida al acusado, hasta en tanto la autoridad federal informe si se ha tenido o no cumplida la ejecutoria de amparo. En audiencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se celebra audiencia para decidir causas de inimputabilidad, por así haberla peticionado la defensa privada del acusado, misma que es presidida por el Juez de Control, y posterior al desahogo de los medios de prueba, una vez cerrado el debate, el Juez determina que al no estar comprobado que ******************** se halle inmerso en una causa de inimputabilidad, y en atención a que en la Prueba de Realidad se advierte que su capacidad de Juicio se encuentra conservada, en términos del numeral 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, NO SE DECLARA la inimputabilidad de ********************. En continuación de audiencia intermedia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, presidida por el Juez de Control, se expuso acusación ordinaria, y cerrado el debate respecto al ofrecimiento, admisión, depuración de medios de prueba; y atendiendo a que aún no es comunicada por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México la ejecutoria del amparo ********************(relativa al auto de vinculación a proceso dictado por escrito el día veinte de febrero de dos mil veinte), se suspende la etapa intermedia, y una vez que sea comunicada la ejecutoria de amparo, se dicte el auto de apertura a juicio oral. Por auto de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, tomando en consideración el informe rendido por el Médico adscrito al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en relación a que la persona privada de la libertad de nombre ********************, presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, con tratamiento proporcionado por la especialidad de psiquiatría; asimismo, que dicho Centro Penitenciario no cuenta con la infraestructura, ni humano ni material para pacientes de manejo psiquiátrico y atendiendo al informe rendido por el Encargado del Despacho de los asuntos de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte en el Estado de México; al ser una obligación de dicha autoridad, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud del imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 párrafo cuarto de ordenamiento legal invocado, se acuerda de conformidad la petición del defensor del acusado ********************, por lo que se ordena el traslado de ********************, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte en el Estado de México, esto con la finalidad de que se le brinde el tratamiento médico apropiado para su padecimiento y se le suministren los medicamentos o insumos que requiera para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del justiciable. Por auto de fecha tres de junio de dos mil veintidós, se reanudó el procedimiento al advertirse que no existía impedimento o medio de impugnación pendiente, que ordenara la suspensión, por lo que se señaló audiencia de continuación de intermedia, la cual tuvo verificativo a las diecinueve horas del día trece de junio de dos mil veintidós. En audiencia intermedia de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, presidida por la Juez de Control, se solicitó audiencia para verificar inimputabilidad, por lo que se señaló nueva fecha y hora, en vías de preparación y auxilio judicial, de los medios de prueba que pretenden incorporar las partes. En audiencia de siete y su continuación de once de julio de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia para verificar inimputabilidad (siendo este el acto reclamado). De los antecedentes referidos se pone en evidencia, a criterio de esta autoridad constitucional, que la jueza de control responsable incumplió con su obligación convencional de realizar los ajustes al procedimiento que resultaran razonables para garantizar al hoy quejoso el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, en su condición de persona con discapacidad; pues soslayó que desde el auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se proveyó en razón al informe rendido por el médico adscrito al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, por el que informó que la persona privada de la libertad de nombre ********************, presentó un diagnosticó de esquizofrenia paranoide, asimismo atendiendo al informe rendido por el Encargado del Despacho de los asuntos de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte en el Estado de México, se acordó de conformidad la solicitud del defensor del entonces acusado y se ordenó su traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte en el Estado de México, lo anterior con la finalidad de que le fuera brindado el tratamiento médico apropiado para su padecimiento. Asimismo, del desarrollo de las audiencia de siete y once de julio de dos mil veintidós, en las cuales se admitieron y desahogaron los medios probatorios ofertados por las partes, por cuanto hace a la Defensa, se procedió al desahogo de la pericial en materia de psiquiatría a cargo de las peritos ********************y ********************, de la perito psiquiatra legal ********************, perito en psiquiatría ********************, perito psiquiatra y médico tratante en el área de psiquiatría, ********************(a través del cual se incorpora en su parte conducente dos estudios de medicina nuclear e imagen molecular, el primero denominado "De valorar metabolismo cerebral de fecha 14 de agosto de 2020", el segundo denominado "De evaluación del sistemas dopaminérgico nigroestriatal, de fecha 20 de agosto de 2020", documental consistente en el expediente médico clínico del área médica del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Nezahualcóyotl-Norte" a nombre de ********************, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, Quinta edición, Publicado por la editorial médica Panamericana; Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM IV-TR, publicado por la editorial Masson; por cuanto hace a la representación social, la pericial en materia de psiquiatría ********************, si bien es cierto no se genera una certeza uniforme sobre el/los padecimientos del quejoso, los mismos si generan indicios que permiten identificar al imputado como una persona con una discapacidad mental, y que en el debate de la audiencia intermedia de siete de julio del año próximo pasado, la defensa hizo relación de datos de prueba que permitían generar una duda fundada sobre la existencia de dicha discapacidad y, que por ello, le era aplicable un marco jurídico particular de protección en razón de su condición especial de vulnerabilidad y desigualdad de facto frente a la sociedad. Cierto, para considerar que un individuo es una persona con discapacidad, es importante precisar que, contrario a lo indicado por la autoridad responsable, no es necesario que la discapacidad se encuentre "fehacientemente acreditada", tal como lo dispone la Observación General No. 6 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, tomando en cuenta el marco normativo internacional y nacional al que se ha hecho referencia, se estima que cualquier persona que de manera genérica padezca lo que comúnmente se denomina "enfermedad mental", "problema de salud mental", "padecimiento mental", "enfermedad psiquiátrica", o que presente una "deficiencia mental", ya sea comprobada o no, y se enfrente con barreras sociales que le impiden participar de manera plena y efectiva, en igualdad de condiciones, debe ser considerada como persona con discapacidad. En ese sentido, la jueza de control estaba obligada -desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y no hasta que concluyó la continuación de la audiencia intermedia- a realizar los ajustes necesarios o razonables para facilitarle al imputado -hoy quejoso la información sobre las consecuencias jurídicas del procedimiento del cual es parte, en un lenguaje sencillo, y procurando en todo momento un sistema de apoyos tanto legales como sociales, a efecto de auxiliarlo en el desarrollo de las audiencias, de modo que se viera plenamente garantizado su derecho de acceso a la justicia. Es decir, con base en lo argumentado inicialmente por la defensa, en el sentido de que el quejoso padece una enfermedad mental, así como de la solicitud de cambio de centro penitenciario que fue acordada de conformidad, (circunstancias que, posteriormente, fueron robustecidas con los datos de prueba que relacionó en el debate de las audiencias de siete y once de julio de dos mil veintidós), se generó una sospecha fundada de que el quejoso es una persona con una discapacidad mental, lo que hacía imperante que la jueza de control ordenara, de manera oficiosa (no a cargo de las partes) y desde ese momento (atendiendo a los plazos constitucionales), los ajustes razonables al procedimiento, para que, sin duda alguna, tuviera la certeza de que el imputado comprendía lo que estaba sucediendo y, de esta forma, pudiera hacer valer sus derechos; lo que en la especie no aconteció. Cabe señalar que, aun cuando en este juicio no forma parte de la litis el auto de apertura a juicio oral de fecha once de julio de dos mil veintidós, lo cierto es que fue incluso antes del desahogo de esa audiencia que se aportaron indicios para que la jueza de control advirtiera que posiblemente el vinculado se trataba de una persona con discapacidad mental, aunado a que, con posterioridad, se llevaron a cabo actos procesales que invariablemente impactaron en el auto combatido; todo lo anterior, sin que la juzgadora natural se cerciorara que el hoy quejoso comprendiera lo que estaba sucediendo. En efecto, previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, la jueza de control ya contaba con indicios suficientes que la hicieran suponer que el imputado se trataba de una persona con discapacidad mental, por padecer probablemente un trastorno psiquiátrico conocido como "Esquizofrenia Paranoide", "Trastorno por consumo de cannabis en remisión continuada en un entorno controlado" y/o "Trastorno por Deficit de Atención e Hiperactividad del Adulto Grave (TDAH)"; y, no obstante ello, fue omisa en realizar algún ajuste al procedimiento, permitiendo que se continuara con el desarrollo de la audiencia y se dictara el auto de apertura a juicio oral, aun cuando era probable que aquél no tuviera un adecuado razonamiento y entendimiento, pues su juicio podría estar disminuido. Inclusive, en audiencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, celebrada para decidir causas de inimputabilidad, después de haberse desahogado las probanzas ofertadas y una vez cerrado el debate, el Juez determinó que al no estar comprobado que ********************, se halle inmerso en una causa de inimputabilidad, en atención a la prueba de realidad desahogada en dicha audiencia, se determinó no declarar la inimputabilidad del mencionado, sin que al momento se pronunciara sobre los ajustes necesarios al procedimiento, lo que se estima desacertado, pues se reitera, los indicios que obtuvo el juzgador de la causa respecto a que el imputada podría tratarse de una persona con una discapacidad mental, se dieron desde aquél momento, por lo que, al haber continuado con el curso normal de las audiencias, sin proveer sobre los ajustes necesarios al procedimiento que garantizaran que el vinculado comprendiera lo que estaba sucediendo, vulneró los derechos de una persona con discapacidad, haciéndole nugatorio el acceso a una justicia adecuada. Por tanto, contrario a lo que señaló la responsable, para llevar a cabo dichos ajustes no se requiere que las partes acrediten la inimputabilidad, sino que, por el contrario, la obligación constitucional, convencional y legal de ajustar el procedimiento penal a las circunstancias especiales en las que se encuentra el hoy quejoso, durante todas las etapas del procedimiento, recae en el Estado. A lo anterior tiene aplicación la tesis 1a. CXLVIII/2018 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 364, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS EN LOS QUE SE VEAN INVOLUCRADAS, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS O RAZONABLES PARA GARANTIZAR SU DERECHO DE AUDIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como motivos de discriminación de las personas con discapacidad mental o intelectual, la falta de igual reconocimiento ante la ley, específicamente, en torno a su autonomía o capacidad de decisión. En este sentido, en la resolución de los casos concretos que se le plantean en los que se vean involucradas personas con discapacidad, el juzgador debe realizar los ajustes necesarios o razonables para facilitarles la información sobre las consecuencias jurídicas de los procedimientos judiciales en que éstas participen, en un lenguaje sencillo, mediante formatos accesibles y con los apoyos necesarios, para que así puedan expresar lo que a su derecho convenga, de modo que se vea plenamente garantizado su derecho de audiencia." Así como al diversa tesis I.6o.P.158 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2368, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. MEDIDAS QUE EL JUZGADOR DEBE IMPLEMENTAR PARA SALVAGUARDAR SUS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, establece un "modelo social" conforme al cual, a quien presenta una discapacidad, le es aplicable un marco jurídico particular de protección, en razón de su condición especial de vulnerabilidad y desigualdad de facto frente a la sociedad. Dentro de ese esquema, el artículo 12 de dicho instrumento internacional establece un sistema de apoyos o de asistencia en la toma de decisiones para la persona con discapacidad, y su artículo 13 impone a los órganos de gobierno, entre los que se encuentran los jurisdiccionales, la obligación de realizar ajustes razonables al procedimiento, con el objeto de promover un efectivo entendimiento de la situación y de todo el acto procesal de la persona con discapacidad. En ese contexto, dentro de las medidas que debe tomar el órgano jurisdiccional en el procedimiento penal acusatorio para respetar y garantizar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso de una persona que presenta discapacidad intelectual, son las siguientes: 1. Para las notificaciones: cerciorarse de que el servidor público al que le corresponda realizarlas, sólo las efectúe personalmente -y no por otro medio (como podría ser, por lista, estrado o Boletín Judicial)-, utilizando un lenguaje sencillo, accesible y evitando el uso de tecnicismos. 2. Para el desahogo de diligencias judiciales: A) Permitirle nombrar o designarle un asesor jurídico (en caso de que sea víctima u ofendido) o defensor público (si se trata de imputado), que tenga experiencia y conocimiento en la comunicación con personas con discapacidad, debiendo tomar las medidas necesarias para que realice una entrevista previa a la diligencia en la que deba intervenir, se imponga de autos y la represente debidamente; B) Autorizar la presencia de alguna persona que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, ya sea un profesional en discapacidad o un familiar; C) Utilizar un lenguaje sencillo (oral o por escrito) y sin tecnicismos, en todas las actuaciones judiciales; y, D) Brindarle un sistema de apoyos (legales y sociales) que la auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requiera." En ese sentido, lo determinado por la jueza de control, no constituye un ajuste razonable al procedimiento, pues lo que aquélla debió propiciar en todo momento, era que el vinculado contara con un acceso al sistema de apoyos que requiriera para ejercer sus derechos y tomar decisiones; ello, con base en el modelo de "asistencia en la toma de decisiones", contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme al cual, la persona puede ser ayudada para adoptar decisiones, pero es ésta quien en última instancia toma las mismas. Es decir, la libertad de elección se protege y se garantiza por el juzgador acorde al grado de diversidad funcional que posee la persona en cada caso concreto, para fomentar su participación y la asunción de responsabilidades. Además, como ya se mencionó previamente, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los "ajustes razonables" que pueden efectuarse en un proceso en el que participe una persona con discapacidad, ha emitido -entre otras- las siguientes sugerencias: i) Permitir la presencia de alguna persona de su confianza que les pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión, ya sea un profesional en discapacidad, un familiar, alguna organización de personas con discapacidad, un servicio comunitario de apoyo, entre otros. ii) El empleo de un lenguaje sencillo en todas las actuaciones judiciales, sea oral o escrito, en el cual no se empleen oraciones largas, ni tecnicismos, y se fomente el uso de formatos de "fácil lectura". iii) Brindar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos (legales y sociales) que las auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requieran, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que éstas pierdan su derecho a la toma de decisiones. Por tanto, era obligación de la autoridad responsable velar por que se cumplieran esos ajustes razonables orientados a promover un efectivo entendimiento de la situación y de todo el acto procesal por parte de la persona con discapacidad mental -aquí quejoso-, lo cual no aconteció, pues adoptó una postura pasiva en torno al tema que nos ocupa, limitándose a dejar a salvo los derechos de las partes, en lugar de tomar medidas efectivas para salvaguardar sus derechos humanos. En consecuencia, al haber quedado evidenciada la violación procesal analizada, lo procedente es conceder el amparo solicitado por ******************** sin que sea dable analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues conforme a los efectos de la concesión de amparo - que se precisarán en el considerando siguiente- se desconoce la forma en la que se desarrolló la audiencia, así como la aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales y el sentido en el que se resolverá en razón a la imputabilidad o no del vinculado a proceso - aquí quejoso-. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, para que la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, en la causa penal ******************** de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del pazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: 1. Deje sin efecto la resolución dictada en audiencia oral de once de julio de dos mil veintidós, en la cual no se declaró la inimputabilidad de ********************, 2. Señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia para verificar la inimputabilidad de ******************** [dejando intocada únicamente su resolución relativa al auto de apertura a juicio oral], teniendo en cuenta que el solicitante es persona con discapacidad mental; por lo que: i) Deberá efectuar desde ese momento los ajustes razonables que estime necesarios para garantizar el acceso a la justicia del peticionario de amparo; ii) Ordenar la práctica de los peritajes que considere necesarios y se allegue de oficio de los medios probatorios que tenga a su alcance y determine si el aquí quejoso es inimputable y, en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria, y en su caso, si fue provocada por el imputado; y, iii) Ordenar la práctica de las medidas de apoyo que se requieran, para que, en la audiencia señalada, el quejoso pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 3. En la fecha señalada, celebrará la audiencia en la que cumplirá la ejecutoria constitucional, con las mismas reglas generales previstas para la audiencia de mérito, pero siguiendo los lineamientos emitidos en esta sentencia, a luz del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizando todos los ajustes razonables que considere necesarios, a fin de respetar los derechos humanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todas sus dimensiones y debido proceso del vinculado; para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa, deberá realizar lo siguiente: a. Independientemente de las determinaciones o resoluciones "tradicionales" que emita, al dirigirse al vinculado, deberá utilizar un lenguaje sencillo y sin tecnicismos o expresiones técnicas y/o legales, que sean de difícil comprensión o entendimiento para la quejosa; b. Verificar que el imputado tenga constante comunicación con su defensa (particular o de oficio); c. Tomar las medidas necesarias para garantizar que el vinculado en todo momento -durante el desarrollo de la audiencia, y en su caso, su continuación- se encuentre asistido de un familiar, facilitador o trabajador social con experiencia en discapacidad mental, que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y/o comprensión; y, d. Propiciar que tanto el defensor, como la "persona de apoyo" auxilien al vinculado en la toma de decisiones cuando así lo requiera, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con discapacidad, y sin que ésta pierda su derecho a la toma de decisiones. 4. Con las formalidades de ley, continúe con los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. 5. Remita las constancias con las que acredite todo lo anterior. De conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, esta sentencia no surte efectos de manera inmediata, en virtud que el estudio abordado en este fallo no involucró un análisis de fondo, sino que se concedió por la violación procesal destacada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las consideraciones y en los términos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y tercero interesado ********************, mediante oficio al agente del ministerio público y mediante lista electrónica a la diversa tercero interesada ********************. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este Juzgado de Distrito. Doy fe.
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