Jorge Alberto Bernal Álvarez
Expediente 2580/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2580/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Jorge Alberto Bernal Álvarez
- Yessica Coronado Aviña y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por el Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por medio del cual informa las gestiones que está realizando para el cumplimiento del fallo protector; agréguese lo de cuenta a los presentes autos para los efectos legales conducentes y téngase a la responsable en vías de cumplimiento. Asimismo, tocante a la prorroga que solicita para el cumplimiento dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, empero en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le da un plazo de tres días siguientes a aquel en que haya fenecido el término de ley, para que remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo protector o, en su defecto, demuestre fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la fecha en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y puesta a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Ahora bien, en atención a su solicitud de que se vincule a cumplimiento a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, no ha lugar a proveer de conformidad, pues es a la autoridad responsable en el presente sumario, en este caso a la Secretaría de Transporte Público del Gobierno del Estado de Jalisco, a quien en el ámbito de sus atribuciones compete realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, entre ellas hacer la adecuaciones y gestiones atinentes a la cuestión presupuestal que la rige, pues ello obedece al cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de amparo, derivado de la violación de derechos fundamentales en perjuicio de una persona. Al respecto, resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Por lo que conforme la jurisprudencia citada, las autoridades administrativas, tratándose del cumplimiento las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional, sin que sea obstáculo para lo anterior, las adecuaciones presupuestales que deben realizarse para ello, ante las instancias competentes, sean administrativas o legislativas. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal". Notifíquese.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 10), se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de este proveído, CUMPLIERA bajo protesta de decir verdad, con los siguientes requerimientos: 1. Manifiesten el carácter que les reviste en el juicio de origen **(actor, demandado u otro), y qué tipo de acción se ejerció en dicho juicio. 2. De revestirles el carácter de demandados, manifiesten si ya fueron emplazados al juicio de origen y en su caso indiquen la fecha en que fueron notificados de la sentencia definitiva de quince de abril del año en curso, señalada como acto reclamado o de no haber sido llamados a dicho procedimiento aquella data en que tuvieron conocimiento de la misma. 3. Indiquen si interpusieron algún recurso en contra de la sentencia definitiva aludida en el párrafo que antecede y en su caso si fue admitido o desechado. 4. Exhiba una copia de la demanda de amparo, lo anterior, en virtud de que del acuse de recibo otorgado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se advierte que dicha demanda fue presentada con dos copias para correr traslado a las partes que intervienen en el presente sumario constitucional; siendo necesarias tres tantos de la misma para ser distribuidas de la siguiente manera: dos para emplazar a las autoridades señaladas como responsables; y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. 5. Se requiere a la parte quejosa para que al momento de cumplir con la presente prevención, acompañe tres copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de la siguiente forma: dos para emplazar a las autoridades señaladas como responsables y una para el Agente del Ministerio Público Federal. 6. Toda vez que solicita la suspensión del acto reclamado, deberá exhibir dos copias de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio para dar trámite y sustanciación al incidente respectivo. En mérito de lo anterior, debido a que revisado el libro de registro de promociones de este órgano de control constitucional, no se encontró escrito presentado por la quejosa, dentro del término concedido, tendente a cumplir el requerimiento que le fue formulado, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la determinación de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 10) y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Gerardo Domínguez Espinoza, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por gozar el Titular Maestro Rodrigo Torres Padilla del segundo periodo vacacional, según información contenida en el oficio CCJ/ST/6297/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien firma ante el secretario Ernesto Montoya Chávez, quien autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico.
- Principal
***Visto el oficio de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Ténganse por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 335 a 337), por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ahí efectuado, por lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se admite y tiene por desahogada la documental de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza. Póngase lo anterior a la vista de las partes, en la inteligencia de que los autos quedan a disposición en la secretaría de este Juzgado. Sin que se ordene glosar a los autos los anexos que allegó en un sobre, toda vez que lo ahí contenido se considera información confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, por tanto, para un mejor manejo de esas pruebas recibidas en este juzgado de Distrito, se ordena resguardarlas en un sobre cerrado, para que obre por cuerda separada, quedando para consulta de las partes en la Secretaría de este juzgado de Distrito, en el entendido de que tales documentos, dado de su contenido, no podrán ser reproducidos por las partes. Ciertamente, en caso alguno esa información podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Apoya lo considerado, por analogía, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), cuyo texto y rubro es el siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Notifíquese.
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